San Pedro Sula, Cortés. – Luego de ser acusados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de la Regional del Norte, un subinspector y tres agentes de la Policía Nacional asignados a la jefatura en Puerto Cortés fueron suspendidos de sus funciones durante la celebración de la audiencia inicial, tras dictarles un auto de formal procesamiento como supuestos responsables de dos delitos.

A raíz de las diligencias investigativas, la FETCCOP presentó una acusación contra el subinspector por la supuesta comisión de los delitos de privación de la libertad atenuado por funcionario público y concusión, mientras que los agentes policiales comparecieron como sospechosos del delito de abuso de autoridad. El órgano judicial determinó dictar el auto de formal procesamiento para los cuatro uniformados, aplicando como medida cautelar la suspensión inmediata de sus funciones dentro de la institución policial.

Los hechos que motivaron la acción penal ocurrieron el pasado 16 de marzo, cuando los acusados interceptaron y detuvieron a un comerciante que se conducía en su vehículo por una de las zonas de la aldea Chameleconcito, en el municipio de Puerto Cortés. Al momento de ser requerido, los uniformados le encontraron un arma de fuego y, a pesar de que la víctima mostró los documentos legales del permiso de portación, los agentes lo detuvieron bajo el argumento de que sería trasladado a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Sin embargo, el carro que conducía el comerciante fue dejado en el estacionamiento de una gasolinera y, en lugar de remitir al hombre a las instalaciones de la DPI, los funcionarios lo mantuvieron retenido a bordo de la patrulla, dando vueltas por diferentes sectores de Puerto Cortés durante varias horas.

El subinspector de policía interpeló al comerciante manifestándole que, para otorgarle su libertad, debía acceder a una negociación que consistía en la entrega de la cantidad de 100 mil lempiras, una exigencia económica que sorprendió al afectado y que posteriormente dio pie a las investigaciones que concluyeron con la suspensión del cargo de los cuatro servidores públicos tras comparecer ante los tribunales de la República.