Auto de Formal Procesamiento contra seis exregidores de la Alcaldía de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, por caso «Agua Zarca»
En un logro más de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y luego de investigaciones a partir de una denuncia interpuesta por la líder ambientalista Berta Cáceres, se logró hoy Auto de Formal Procesamiento contra seis exregidores de la Alcaldía de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, por otorgar de forma irregular e inconsulta el permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», sobre el río Gualcarque, territorio de la comunidad Lenca.
Se trata de Edwin Fúnez Romero (regidor primero), Olver Robert Mejía Cabrera (regidor segundo), Nelly Senovia Sánchez (regidora tercera), Florentino Pineda Cabrera (regidor cuarto), Marlon Otoniel Méndez Cabrera (regidor quinto) y Wilfredo Mejía Leiva (regidor sexto), todos procesados por el delito de Abuso de Autoridad.
De acuerdo a las investigaciones practicadas en forma conjunta con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los imputados están involucrados en nueva causa relacionada a los procesos que se siguieron al margen de la Ley para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la puesta en operaciones de la represa «Agua Zarca» en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos por estas comunidades originarias, en una serie de casos que también involucran a los ex viceministros Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cardona Valle y al exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez.
Como antecedente, se establece que en fecha 7 de octubre de 2009, DESA presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ahora denominada Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE) una solicitud de permiso para realizar estudio de factibilidad para la construcción y operación de una planta hidroeléctrica sobre la cuenca del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, lo que se permitió mediante resolución 1661-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, declarándose «Con Lugar» tal petición, por lo que un 15 de enero de 2010 el trámite pasó a dicha Municipalidad.
En tal sentifo, los seis regidores procesados, según el expediente judicial, contraviniendo lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sesión ordinaria, de fecha 15 de septiembre de 2011, que consta en el acta N. 19-2011, junto al alcalde Raúl Pineda Pineda y el vicealcalde Plutarco Mejía Cardona, otorgaron ilegalmente a la empresa DESA el referido permiso de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca».
Todo ello, no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informado y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas Lencas afectadas, destacando en este caso concreto, que la arbitraria autorización dada por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Barbará, DESA la obtuvo con el propósito de cumplir una mera formalidad de la SERNA, pues según la información en poder de la Fiscalía de Etnias y la ATIC, ya previamente y sin contar con tal permiso de la Alcaldía, el 16 de diciembre de 2009 se había presentado el estudio de factibilidad ante esa Secretaría de Estado, con lo que se evidencia que los trabajos habían sido iniciados con el aval de las autoridades municipales, pero sin contar con una autorización legal, lo que finalmente se dio en violación a los preceptos contenidos en la legislación internacional vigente y que de acuerdo a la Constitución de la República, forman parte del ordenamiento jurídico.
Por lo antes expuesto, el Ministerio Público también promovió Antejuicio y posteriormente presentó Requerimiento Fiscal en contra del Alcalde Raúl Pineda Pineda y el ex vicealcalde Plutarco Mejía Cardona, estando pendiente el señalamiento de su Audiencia de Declaración de Imputado, así como interpuso acusación a los regidores Lesly Gualdina Bonilla Bautista, Ramón Rosa Rivera y Bernardino Guardado Flores, quienes resolvieron arbitrariamente autorizar al consorcio DESA, a proceder a desarrollar los estudios de prefactibilidad para dicho proyecto, lo que se acredita en el acta N. 25-2010, de un año antes que se concediera el permiso municipal de construcción de «Agua Zarca».
De momento y mientras avanzan las diferentes causas en el caso «Agua Zarca», la Fiscalía de Etnias está a la espera que el próximo lunes el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque emita Sentencia en el proceso contra Martiniano Domínguez Meza, alcalde de Intibucá.