Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), en audiencia inicial, logró que se dictara auto de formal procesamiento y arresto domiciliario en contra del exfiscal y además presidente del Colegio de Abogados de Honduras Capítulo Comayagua, Carlos Alberto Rodríguez Girón, a quien se le sigue un segundo caso por suponerlo responsable de delitos de sesenta y seis (66) de sustracción de documentos en su custodia y sesenta y seis (66) delitos por omisión del deber de perseguir delitos, todos en perjuicio de la Administración Pública.

El nuevo requerimiento fiscal presentado en su contra se deriva de diligencias realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) durante allanamiento practicado en su residencia en mayo de 2021, donde se buscaba darle captura a él y a su esposa Astrid Marcela Castillo Rodríguez, por suponerlos responsables del delito de estafa en perjuicio de testigo protegido.

En la inspección a su vivienda, los fiscales y elementos de la ATIC encontraron documentación que pertenece al Ministerio Público (MP), consistente en informes originales de distintas unidades de investigación, así como notas extorsivas originales pertenecientes a distintos expedientes.

En torno a esta causa, la acusación inicial era por ciento nueve (109) delitos de de sustracción de documentos en su custodia, no obstante, el juez competente dictó el auto de formal procesamiento por sesenta y seis (66) delitos, por lo que se presentará la apelación respectiva.

Cabe señalar que Rodríguez Girón y su esposa ya se encuentran con auto de formal procesamiento en el primer caso que sigue la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, su pareja por estafa y él por estafa y abuso de autoridad, lo que agrava su situación, por lo que el Juez ordenó la imposición de arresto domiciliario en contra del exfiscal.

En ese primera causa, se comprobó que el profesional del derecho engañaba a los dueños de comercios y microempresarios de la zona, diciéndoles que el Ministerio Público mantenía investigaciones por crimen organizado en contra de ellos y que les asegurarían sus bienes, cuentas bancarias, entre otros, por lo que para desvanecer las supuestas averiguaciones, el abogado les exigía que le pagaran ciertas cantidades de dinero y de esa forma detener las investigaciones y los casos inexistentes.