La Dirección del Programa de Protección a Testigos se fundamenta en la Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal que fue creada bajo el Decreto N° 63-2007, misma que surge a raíz de la Convención de Palermo aprobada por Honduras mediante decreto N° 108-2003 de fecha 22 de julio de 2003, obliga a los Estados Parte a adoptar medidas apropiadas dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz a los testigos, entre otros participantes en el proceso penal.

Esta Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, tiene por objeto crear el programa de protección a Testigos en el Proceso Penal, el que estará bajo la dirección y coordinación del Ministerio Público.

Este programa de la ley tiene como finalidad brindar protección a Testigos en el Proceso Penal que, como consecuencia de su participación eficaz y efectiva en el mismo, sean admitidos al programa. La protección del Programa se extenderá al cónyuge, compañero (a) de hogar, familiares u otras personas relacionadas con el Testigo que, en virtud de su testimonio, se encuentren en situación de riesgo de acuerdo a la Ley y su Reglamento.