San Pedro Sula, Cortés. El proceso penal interpuesto contra el ex vicealcalde y dos exregidores de la municipalidad de Chinda en el departamento de Santa Bárbara, por suponerlos responsables del delito de fraude, fue remitido al Tribunal de Sentencias, según la resolución del Juzgado de Letras de lo Penal tras la  solicitud planteada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate contra la Corrupción Pública (FETCCOP).

La FETCCOP, en audiencia preliminar formalizó la acusación contra el ex vicealcalde Julián Linares y los ex regidores Marco Antonio Quintanilla Paredes y José Natanael Ramos Amaya, según expediente 318-2019 acusados como presuntos responsables del delito de fraude.

Según el proceso entablado, los ahora acusados aprobaron la compra de un terreno para la construcción de un centro educativo, mismo que estaba tasado por un valor de 462 mil 007 lempiras con 28 centavos, pero al momento de adquirir el inmueble fue sobrevalorado, extendiendo el cheque número 7100104 por un monto de un millón 500 mil lempiras.

Luego de las exposiciones de los agentes de tribunales de la FETCCOP, las cuales son claras, precisas y con los fundamentos jurídicos correspondiente se resolvió remitir la causa a una audiencia de juicio oral y público al Tribunal de Sentencia, el debate se llevará a cabo en la ciudad de Santa Bárbara.

Las acciones investigativas contra los ex ediles (2006-2010) se iniciaron en octubre de 2019 en el marco de la Operación Odiseo X, dirigida a nivel nacional por el Ministerio Público.

Por otra parte, la FETCCOP dio a conocer que en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se realizan diligencias investigativas en las oficinas del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), en El Progreso, Yoro, por posibles pagos de viáticos sin haber soporte legal, según denuncia 3264-2023.

Además, se han evacuado toma de declaraciones en la etapa de investigación preliminar de las denuncias contra funcionarios de la municipalidad de Victoria, Yoro, por supuestos actos irregulares, según lo plantea la denuncia 766-2023.