Tegucigalpa, Francisco Morazán. En acciones coordinadas entre la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes (FEDCOM) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y luego de notificada la resolución que ordena la revocación de la medida de libertad condicional, por parte de los juzgados de ejecución, se hizo efectivo el traslado hacia la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de la socia fundadora de la empresa de maletín INSUMEDIC, Ilsa Vanessa Molina Aguirre.

Ella deberá de seguir cumpliendo su condena de 12 años tres meses de reclusión dictada el 6 de diciembre de 2016 por el delito de lavado de activos en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad asocial (IHSS).

Su recaptura la efectuó ayer la ATIC en la colonia Tiloarque de Comayagüela, en cumplimiento a una orden del juzgado de ejecución con competencia territorial nacional en materia penal de Francisco Morazán, en virtud de una resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de fecha 29 de junio de 2022, donde resolvió suspender el beneficio de libertad condicional otorgado a la sentenciada hace dos años y medio.

Como se recordará, el 17 de marzo de 2020, un juzgado de ejecución penal con jurisdicción nacional concedió la excarcelación a Molina Aguirre, sin valorar y considerar el hecho que la condena dictada en su contra es por un delito catalogado como de criminalidad organizada, conforme a la legislación penal hondureña y de acuerdo a las pruebas acreditadas en esta causa por la UNAF, por lo que el Ministerio Público, a través de la FEDCOM, interpuso el respectivo recurso de apelación, que ya ha sido resuelto favorablemente y por el cual se emitió esta nueva orden de captura en las últimas horas.

El caso empresas fantasmas o fachadas, que incluye a INSUMEDIC, develó todo un mecanismo de sustracción de fondos y blanqueo de capitales a lo interno del IHSS, así como la adquisición de bienes con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de crédito entre empresas fachadas y ese centro asistencial, mecanismo mediante el cual se sustrajeron más de 300 millones de lempiras.

En relación a Ilsa Vanessa Molina Aguirre, miles de folios de prueba documental y pericial demostraron que ésta participó en el desfalco del IHSS con un blanqueo de 10 millones de lempiras, valiéndose de una relación sentimental que mantenía con el entonces Gerente de Compras, Materiales y Suministros, José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia).