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A juicio falso arquitecto que se apropió de cuatro millones de lempiras en la construcción de viviendas y apartamentos

Publicado el 1 febrero, 2022 | | Compartir

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) desarrollará el próximo jueves 3 de febrero de 2022 la audiencia de juicio oral y público en contra de Allan Juan Carlos Laínez Solórzano por suponerlo responsable del delito de estafa continuada en perjuicio de 12 ofendidos.

El debate se realizará en la Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde el Ministerio Público evacuará más de 80 medios probatorios entres ellos documentales, testificales y periciales.

Allan Juan Carlos Laínez Solórzano, en su condición de gerente mercantil «ORBIS Constructa S.A.», ofrecía en los años 2016 y 2017 la edificación de casas de habitación y apartamentos en la residencial Las Hadas, pero la mayoría de las obras se ubican en los municipios de Tatumbla y Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán.

El modo de operar de Laínez Solorzano, quien se hacía pasar como arquitecto, era que una vez que obtenía grandes cantidades de dinero como parte de un adelanto, iniciaba la edificación de la obra, pero cuando tenía algunos avances los abandonaba.

En este caso, el encausado recibió un total de ocho millones 231 mil 87 lempiras (8,231,087.00) de los cuales se apropió de cuatro millones de lempiras (4,000,000.00).

Las diligencias investigativas dirigidas técnica y jurídicamente por la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor, determinan que las 12 víctimas contrataron al imputado para la edificación de sus casas de habitación; sin embargo, Allan Juan Carlos Laínez Solórzano, siguió un mismo patrón de conducta.

En ese sentido, se verificó mediante inspecciones de campos realizadas por el perito oficial del Departamento de Ingeniería Civil, que la totalidad de los avances de las obras comenzadas por el imputado fueron abandonadas.

Igualmente, los análisis financieros determinan que la cantidad de dinero invertido por el imputado establece un valor defraudado en detrimento de cada una de las víctimas.

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