15 años de cárcel se pide para exadministrador de la Policía Nacional condenado por enriquecimiento Ilícito

Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) pidió este miércoles en audiencia de individualización pena que se impongan 15 años de cárcel a contra Marco Tulio Bulnes Ramírez, quien se desempeñó durante seis años como Administrador de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional, cargo que utilizó para enriquecerse ilícitamente.

La Sentencia Condenatoria en esta causa se dictó el 12 de septiembre de 2018 y la misma se desprende de la Operación Medusa, mediante la cual la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó en septiembre de 2016 a una serie de funcionarios del sector justicia involucrados en actos de corrupción.

Según consta en el Requerimiento Fiscal interpuesto en contra de Bulnes Ramírez, sus declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos presentadas no concuerdan con su patrimonio e incremento de capital de L.3,909,639.21, aún cuando el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le dio la posibilidad de desvanecer esta responsabilidad por indicios de enriquecimiento ilícito del periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2000 al 3 de marzo de 2006.

Como se recordará, Marco Tulio Bulnes Ramírez, fue capturado por Agentes del Departamento de Operaciones Especiales, Apoyo Estratégico y Comunicaciones de la ATIC, en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Tegucigalpa, donde se desempeñaba como Jefe de Presupuesto.

Su Juicio Oral y Público se llevó a cabo en la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en sus artículos 62 y 63, el delito de Enriquecimiento Ilícito se castiga con una pena abstracta para este caso concreto de 5 a 15 años de reclusión. Además, se podrá imponer al responsable una multa hasta por el monto del Enriquecimiento Ilícito comprobado o hasta por el monto del incremento patrimonial injustificado, la cual se haráefectiva sobre los bienes.

Los planteamientos de la pena máxima de 15 años de prisión solicitada este día por el Ministerio Público, más la multa de casi cuatro millones de lempiras y las penas accesorias y la responsabilidad civil del condenado, serán resueltos por el Tribunal el próximo 17 de octubre, fecha en que se celebrará la audiencia de lectura de sentencia.