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MP alerta que recurso de nulidad que plantea defensa del presidente de DESA no cumple requisitos de admisibilidad y busca disfrazar el hecho que éste pagó por el asesinato de Berta Cáceres

Publicado el 23 agosto, 2020 | | Compartir

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Nulidad que plantea defensa del presidente de DESA no cumple requisitos de admisibilidad y busca disfrazar el hecho que éste pagó por el asesinato de Berta Cáceres

berta cáceresTegucigalpa, Francisco Morazán. Por más de un año se ha prolongado -y no aún no finaliza- la audiencia preliminar en contra del presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, a quien la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) supone responsable a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.

Ahora, en lo que el Ministerio Público califica como una nueva táctica dilatoria, la defensa privada del imputado presentó un recurso de nulidad con el que pretende descalificar los hallazgos del dictamen pericial de vinculación criminal, ya que el mismo es prueba clave en el proceso, al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre David Castillo y el exmilitar, Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la líder indígena, quienes hacen todo un seguimiento al plan de asesinato que finalmente se perpetró el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.

La parte defensora basa su recurso de nulidad en peritajes elaborados en un mes por técnicos de nacionalidad estadounidense y mexicana que contrató el encausado, mismos que no cumplen con los requisitos por vicios en la forma, pudiendo mencionar aspectos como que algunos dictámenes se propusieron en inglés obviando su traducción como estable el Código Procesal Penal, otros si se tradujeron pero no fueron firmados por el intérprete juramentado en el proceso y uno denominado por ellos como de vinculación o no, fue presentado sin firma ni sello del ingeniero extranjero que lo practicó.

Ante esos vicios, los Fiscales personados en la continuación de la audiencia preliminar solicitaron que dichos dictámenes se declaren inadmisibles y por tanto sean desestimados, a efecto que se dé continuidad al proceso y se emita el respectivo Auto de Apertura a Juicio. A su vez se pidió por parte del Equipo Fiscal el cómputo de los retrasos y dilaciones producto de las actuaciones de los apoderados legales del procesado, pues a éste le está por vencer la Prisión Preventiva, lo que debe de considerarse para que le extiendan el tiempo de vigencia de la referida medida cautelar.

No obstante, más allá de ser un mero tema de forma, a criterio del Ministerio Público, la defensa busca con la nulidad planteada esconder el fondo del caso y trata de disfrazar el hecho que la pericia atacada acredita plenamente que David Castillo se coludió con el resto de los ahora condenados, siete en total, para darle muerte a la ambientalista Berta Cáceres.

A lo largo de la investigaciones de la llamada “Operación Jaguar”, la FEDCV y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), han recabado una serie de pruebas e indicios, que junto al análisis de extracciones y vaciados telefónicos, georreferenciación y labores complementarias hacen referencia al pago hecho por el entonces presidente de DESA a los sicarios que cometieron este crimen de alto impacto social.

Asimismo, de acuerdo a los trabajos de inteligencia y pruebas científicas practicadas por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos.

Vale recordar, que la primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Beta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.

Su juicio se desarrolló durante cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.

Cabe subrayar, que la causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres.

Nullity raised by the defense of the DESA president does not meet the admissibility requirements and seeks to disguise the fact that he paid for the murder of Berta Cáceres

berta cáceres audiencia preliminarTegucigalpa, Francisco Morazán. For more than a year, the preliminary hearing against the president of the company Desarrollos Energéticos S.A. has been extended – and is not yet over. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, whom the Special Prosecutor for Crimes Against Life (FEDCV) holds responsible as the intellectual author of the crime of murder to the detriment of the environmentalist Berta Isabel Cáceres Flores.

Now, in what the Public Ministry qualifies as a new delaying tactic, the defendant’s private defense filed an appeal for annulment with which it intends to disqualify the findings of the expert opinion of criminal involvement, since it is key evidence in the process, when they managed to concatenate the crossing of messages and calls, between David Castillo and the ex-military man, Geovanny Bustillo, convicted of the crime of the indigenous leader, who followed up on the assassination plan that was finally perpetrated on March 3, 2016 in his housing in the Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.

The defense party bases its appeal for annulment on expert opinions prepared in a month by technicians of United States and Mexican nationality who hired the defendant, who do not meet the requirements due to defects in the form, being able to mention aspects such as that some opinions were proposed in English The Criminal Procedure Code omitting its translation as stable, others were translated but not signed by the sworn interpreter in the process and one named by them as binding or not, was presented without the signature or stamp of the foreign engineer who practiced it.

Faced with these defects, the Prosecutors who appeared in the continuation of the preliminary hearing requested that said opinions be declared inadmissible and therefore be dismissed, in order to continue the process and issue the respective Order of Opening to Trial. In turn, the Prosecutor’s Team requested the computation of the delays and delays resulting from the actions of the legal representatives of the accused, since the Preventive Prison is about to expire, which must be considered in order to extend the time of validity of the referred precautionary measure.

However, beyond being a mere matter of form, at the discretion of the Public Prosecutor’s Office, the defense seeks with the proposed nullity to hide the merits of the case and tries to disguise the fact that the expertise attacked fully accredits that David Castillo colluded with him. The rest of those now convicted, seven in total, to kill the environmentalist Berta Cáceres.

Throughout the investigations of the so-called “Operation Jaguar”, the FEDCV and the Technical Criminal Investigation Agency (ATIC) have collected a series of evidence and indications, which together with the analysis of telephone extractions and emptying, georeferencing and complementary tasks They refer to the payment made by the then president of DESA to the hit men who committed this crime of high social impact.

Likewise, according to intelligence work and scientific tests carried out by agents assigned to the ATIC Department of Crimes Against Life, Castillo Mejía was in charge of providing logistics and other resources.

It is worth remembering that the first conviction for this notorious case was obtained on November 29, 2018 against Sergio Ramón Rodríguez Orellana (DESA Manager), Douglas Geovanny Bustillo (ex-military), Mariano Díaz Chávez (Major Army), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez and Oscar Aroldo Torres Velásquez, guilty of the crime of murder to the detriment of Beta Isabel Cáceres Flores and murder in his degree of execution of an attempt to the detriment of a protected witness.

His trial lasted five weeks and the prosecutors assigned to the case presented more than 100 testimonial and scientific evidence, which demonstrated the participation that the convicts had, before, during and after the fact.

It should be noted that the case is still open and work is being done to identify other intellectual authors involved in the murder of the human rights activist Berta Cáceres.

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