Revocan sobreseimiento provisional dictado a cuatro exempleados de la municipalidad sampedrana

 

REVOCAN SOBRESEIMIENTO A EXEMPLEADOS ALCALDIA SPS

 

San Pedro Sula. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública logró que en la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula revocara el sobreseimiento provisional que el pasado 10 de octubre de 2017 se dictó a favor de cuatro exempleados de la municipalidad de San Pedro Sula, entre ellos a la ex jefa de Control de Ingresos, Ada Esperanza Muñoz Torres.

 

La Corte de Apelaciones en su resolución refiere que declara "Ha Lugar" el recurso que interpuso la FETCCOP contra el sobreseimiento provisional que se dictó en fecha 10 de octubre de 2017 a favor de Ada Esperanza Muñoz Torres, Jorge Alberto Díaz Santos y Erick Ulises Rojas, señalados por el delito de fraude.

 

El Tribunal de segunda instancia al analizar el recurso interpuesto por la FETCOOP, también revoca el sobreseimiento provisional a favor de Liliam Ameyda Meza por el delito de malversación de caudales públicos y ordena al juzgado dictarles el Auto de Formal Procesamiento.

 

 

Además, confirma el Auto de Formal Procesamiento contra Ada Esperanza Muñoz Torres, Lilian Ameyda Meza Hernández, Jorge Alberto Díaz Santos, Erick Ulises Rojas, Jorge Alberto Portillo, Gloria Yolani Cerros y Olga Marina Ponce por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.

 

 

Los exempleados municipales fueron capturados en mayo de 2017 por equipos especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras haber sido señalados como los supuestos responsables de haber participado en una red de corrupción dedicada a borrar del sistema impuestos municipales que debían pagar personas naturales y jurídicas, causando un perjuicio a la comuna sampedrana por 92 millones de lempiras.

 

 

La FETCCOP al conocer la resolución de la Corte de Apelaciones podría solicitar al juzgado que conoce del proceso contra los acusados, solicitar una audiencia de revisión de medidas por ser delitos mayores, por lo que se descarta que los exempleados municipales pudieran ser recluidos en una de las cárceles del país.

 

 

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