Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) obtuvo en audiencia inicial, auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra un hombre acusado de los delitos de violación agravada, otras agresiones sexuales agravadas y maltrato familiar agravado con habitualidad en perjuicio de su hija menor de edad.

Asimismo, se dictó auto de formal procesamiento contra la hermana del imputado, por suponerla responsable del ilícito de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, a quien el juez dictó medidas distintas a la prisión preventiva.

Inicialmente, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas en contra del padre de la niña ofendida, sin embargo, durante la audiencia inicial la FEP-NIÑEZ amplió la acusación por el delito de maltrato familiar agravado con habitualidad, al acreditarse nuevos elementos relacionados con los hechos investigados.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante el Módulo de Atención Integral Especializada (MAIE) y las diligencias de investigación realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la víctima desde el año 2023 sufría agresiones sexuales de parte de su padre, tras el fallecimiento de su madre, ocurrido en marzo de 2025, su progenitor agravó los hechos en contra de la niña al abusarla sexualmente y manipularla para que no denunciara.

Después de uno de los hechos, la ofendida le contó a su tía que su padre la había violado; sin embargo, esta presuntamente le indicó que no dijera nada para evitar problemas, omisión que permitió que los abusos continuaran siendo agredida por última vez el 26 de junio del presente año, razón por la cual el Ministerio Público acusó a la mujer que sabía que su sobrina estaba siendo atacada sexualmente y no denunció.

La audiencia preliminar quedó programada para el próximo martes 21 de julio, en la que el Ministerio Público formalizará la acusación y se determinará si los imputados aceptan que cometieron los delitos y se someten a un procedimiento abreviado en caso de cumplir los requisitos legales, o si la causa es remitida a juicio oral y público.