San Pedro Sula, Cortés. – La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de la Regional del Norte, ha obtenido importantes resultados en el combate a la impunidad, destacando una sentencia condenatoria mediante la vía de procedimiento abreviado y el avance de diversos procesos penales.

En el caso principal, el Ministerio Público logró que se dictara una sentencia condenatoria de 20 años con cuatro meses de reclusión contra Pablo Ramos Pereira. Al ahora sentenciado se le declaró responsable penalmente por los delitos de tentativa de femicidio y allanamiento de domicilio, tras su participación en el hecho violento donde intentó dar muerte a su compañera de hogar, ocurrido en septiembre de 2025 en el municipio de Choloma, Cortés.

Por otra parte, en un proceso distinto y durante la audiencia de individualización de la pena, la FEDCV solicitó formalmente ante el Tribunal de Sentencia la imposición de una pena de 20 años de reclusión, más las correspondientes penas accesorias, en contra de Walter Jonathan Navarro Mercado, a quien se le declaró responsable del delito de asesinato en perjuicio de Cristian Alberto Hernández.

Asimismo, las acciones de coordinación institucional entre el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), permitieron la ejecución de una orden de captura contra el principal sospechoso del delito de asesinato en perjuicio de Ramón Ernesto Cabrera.

La Fiscalía también refleja avances en otras causas judiciales de la zona norte, logrando que dicten la medida de detención judicial contra una persona investigada por la supuesta comisión del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

En esa misma línea procesal, se confirmó el auto de formal procesamiento contra otro ciudadano, a quien se le vincula como presunto responsable de los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada y aborto en su grado de ejecución de tentativa acabada en concurso ideal, así como por el porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, garantizándoles en ambos casos el debido proceso y las garantías legales vigentes.