San Pedro Sula, Cortés. – La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de la Regional del Norte, obtuvo una sentencia condenatoria, mediante una audiencia de procedimiento abreviado, en contra de Marco Tulio Paniagua Rivera, un exempleado del Poder Judicial identificado como responsable del delito de usurpación de funciones.

El ahora condenado se desempeñaba como técnico de video en el Juzgado de lo Civil en San Pedro Sula. A pesar de haber recibido esta condena por usurpación de funciones, Paniagua Rivera continúa enfrentando un proceso penal por los delitos de cohecho pasivo propio y uso de documentos públicos falsos, cargos que el Ministerio Público formalizó formalmente durante la reciente audiencia preliminar.

La acusación inicial presentada por la FETCCOP se remonta al pasado 12 de octubre de 2024, fecha en la que también se incluyó a otros dos exempleados judiciales. Uno de ellos, quien fungía como receptor de tribunales, es acusado por los delitos de cohecho pasivo propio, usurpación de funciones públicas y uso de documentos públicos falsos. El tercer implicado, un motorista de la institución, enfrenta cargos por cohecho pasivo propio y malversación por aplicación oficial diferente. La Fiscalía ratificó y formalizó los cargos contra ambos en la misma comparecencia.

La acción penal del Ministerio Público también abarca a un profesional del derecho, contra quien se presentó el respectivo requerimiento fiscal. Este abogado enfrenta a la justicia por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, cohecho cometido por particular, falsificación y uso de documentos públicos falsos continuados.

De acuerdo con las investigaciones, los cuatro involucrados se habrían confabulado para manipular la documentación legal que pretendían utilizar para ejecutar de forma ilícita un desalojo en una propiedad ubicada en el sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

La detención de los cuatro imputados se ejecutó en el mismo sitio donde se planificaba el desalojo, luego de que las autoridades policiales verificaran que los documentos presentados carecían de total legalidad.

Con el avance de las etapas procesales, los acusados se encuentran ahora a las puertas de dirimir su situación legal en la audiencia de juicio ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula.