San Pedro Sula, Cortés. – La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) de la Regional del Norte, fiel a su mandato de defender los intereses de la sociedad y salvaguardar la integridad de las mujeres, reporta que en lo que va del año ha presentado un total de 176 requerimientos fiscales ante los tribunales de justicia contra ciudadanos acusados de cometer diversos delitos en perjuicio de sus compañeras de hogar.

Como parte de este esfuerzo, en los primeros seis meses del año 2026, los agentes de tribunales han obtenido 33 sentencias condenatorias por ilícitos penales de alto impacto, entre los que destacan violación, violencia contra la mujer, maltrato familiar y quebrantamiento de medida o condena.

En el desglose de las acciones, se registran 52 requerimientos fiscales por el delito de maltrato familiar, identificándose el mes de enero como el período con mayor actividad procesal al contabilizar 22 imputaciones. Asimismo, se han interpuesto 10 acusaciones por el delito de violencia contra la mujer, 9 por el delito de violación, una por hostigamiento sexual y otra por agresiones sexuales, causas que se encuentran a la espera de la resolución correspondiente por parte de los órganos jurisdiccionales.

Por otra parte, se interpusieron 102 requerimientos fiscales por el delito de quebrantamiento de medida o condena. La incidencia de este comportamiento se concentró principalmente en el mes de febrero con 35 procesos interpuestos, seguido por el mes de mayo con 33 casos, marzo con 22 expedientes y el mes de abril con 12 acusaciones formuladas.

De las 176 acciones penales presentadas, los agentes de tribunales solicitaron la orden de captura en 39 de los casos, mientras que en los 137 procesos restantes se requirió la citación formal de los imputados para que comparezcan ante la justicia. El delito de quebrantamiento de medida o condena se configura cuando los imputados, tras recibir una sentencia por violencia contra la mujer, incumplen las obligaciones dictadas por el juzgado.

Dichas resoluciones judiciales suelen contemplar la ejecución de servicios comunitarios obligatorios, tales como el aseo de vías públicas o labores de mantenimiento y chapeado en áreas asignadas por las autoridades de la Policía Municipal, actividades que los encausados evadieron, generando así nuevas acciones legales en su contra.