Tocoa, Colón. – En una serie de actuaciones desarrolladas por las fiscalías de Trujillo, Tocoa y Olanchito, el Ministerio Público ha logrado el procesamiento de más de 14 personas vinculadas a delitos de tráfico de drogas, maltrato familiar, homicidio imprudente, estafa y porte ilegal de armas.

La Fiscalía Local de Trujillo obtuvo la detención judicial contra un ciudadano por el delito de violencia contra la mujer agravada en perjuicio de una dama. Asimismo, se dictó detención judicial contra otro individuo por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido agravado en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.

Por su parte, la Fiscalía Local de Tocoa reportó un auto de formal procesamiento con medidas alternas contra un procesado por el delito de homicidio imprudente. En la misma jurisdicción, se dictaron medidas cautelares contra un ciudadano por tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y auto de formal procesamiento contra otro sujeto por el porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Adicionalmente, se logró la detención judicial de cinco personas por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión, fortaleciendo las acciones contra el microtráfico en la zona.

Por otro lado, en Olanchito, Yoro, la Fiscalía logró que se impusieran medidas contra una ciudadana por tráfico de drogas en la modalidad de posesión para facilitar el consumo ilegal de drogas. También se decretó detención judicial contra un individuo por el delito de maltrato familiar habitual agravado y contra otro sujeto por maltrato familiar agravado.

En cuanto a delitos contra el patrimonio, se impusieron medidas sustitutivas contra un procesado por el delito de estafa en perjuicio de varios afectados.

Finalmente, se tomó la declaración de imputado a un ciudadano por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública, a quien se le designó perito y se le impusieron medidas distintas a la detención judicial.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir la criminalidad y garantizar el acceso a la justicia en la región del Bajo Aguán.