Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial de Delitos Comunes (FEDCOM), de Tegucigalpa, registra importantes resultados al obtener 10 sentencias condenatorias, de las cuales cinco corresponden al delito de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, los agentes de tribunales lograron que 16 causas penales fueran elevadas a la etapa de juicio oral y público, así como siete reprogramaciones de lectura de sentencia en diversos procesos.

En cuanto a las sentencias condenatorias, se destaca que Jairo Flores Ruiz deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión tras demostrarse su responsabilidad por los delitos de robo de vehículo con violencia e intimidación y privación injusta de la libertad. De igual manera, Aníbal Yánez Ortiz recibió una condena de siete años de reclusión, más dos años de localización permanente, por tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego de uso comercial. En otros fallos condenatorios, Juan Espinal Benítez fue sentenciado a cinco años de prisión por robo de vehículo con violencia e intimidación; mientras que, José Rivera Martínez fue condenado a dos años de cárcel por robo con fuerza.

Por otra parte, se anunció la reprogramación de lectura de sentencia para Heber Lagos Amaya y Milton Ávila Villalobos por el delito de atentado, así como para Manuel Gómez Fiallos por tráfico ilícito de drogas. También se reprogramaron las audiencias de Darwin Soto Maradiaga, procesado por lesiones culposas agravadas, y de Santos Rivera Sierra, a quien se le vincula con el delito de homicidio imprudente grave y conducción temeraria.

Además, la FEDCOM se prepara para la celebración de juicio oral y público en diferentes expedientes, que incluyen cinco causas por delitos relacionados con drogas y el resto por ilícitos de robo con violencia e intimidación, amenazas, apropiación y retención indebida agravada, estafa, portación ilegal de arma de fuego de uso comercial y lesiones agravadas.

En todas las etapas del proceso penal, los agentes de tribunales adscritos a la FEDCOM, demuestran su compromiso con la sociedad, en virtud de obtener sentencias condenatorias contra los ciudadanos que actúan al margen de la legislación penal vigente.