Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) obtuvo sentencia condenatoria contra el ciudadano Rafael Antonio Beltrand Rodríguez, hallado culpable por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y prevaricato administrativo, en perjuicio de la administración pública. El ahora condenado se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Santa Rosa de Copán.

Durante el juicio se acreditó que el acusado retuvo de forma irregular un expediente por portación de arma de fuego, el cual no estaba asignado a su fiscalía y que además no registró en los controles oficiales. Asimismo, presentó ante el juzgado una solicitud de suspensión condicional de la persecución penal sin autorización de su superior jerárquico y, pese a la advertencia judicial de no portar armas, devolvió unilateralmente el arma de fuego a la imputada.

El Tribunal le impuso la pena de tres años de inhabilitación especial por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y cinco años de inhabilitación especial por prevaricato administrativo, quedando inhabilitado para ejercer empleo o cargo público, específicamente como agente fiscal del Ministerio Público.

La FEEFS-SJ también obtuvo sentencia condenatoria contra el administrador de archivo del Juzgado de Letras del Trabajo, Erik Geovanny Girón Rivera, declarado culpable del delito de cohecho impropio en perjuicio de la Administración Pública. La causa penal fue turnada a esta fiscalía especializada tras evidenciarse actos irregulares vinculados al ejercicio de su cargo.

De acuerdo con la investigación, el funcionario recibió al menos treinta mil lempiras (L. 30,000.00) a cambio de agilizar expedientes relacionados con demandas contra instituciones autónomas y otras dependencias del Estado de Honduras. En su fallo, el órgano jurisdiccional le impuso la pena de dos años con tres meses de prisión, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por cuatro años y seis meses más una multa de treinta mil lempiras.