Gracias, Lempira. – En audiencia inicial, el Ministerio Público logró auto de formal procesamiento, con la medida cautelar de prisión preventiva, en contra del abogado Carlos Alberto Carranza Ramos, acusado del delito de revelación de la identidad de testigo protegido, en perjuicio de la administración de justicia.

Como resultado de esta resolución judicial, el imputado fue remitido al Centro Penal de Santa Rosa de Copán. Cabe señalar que el pasado 25 de diciembre el fiscal de turno ordenó la detención preventiva, al considerarse que existían indicios suficientes de su participación en el ilícito.

La acusación se origina desde que la Fiscalía de Gracias, Lempira, el 21 de diciembre, presentó requerimiento fiscal contra los sospechosos Marvin Ulises Díaz Alfaro, Rodanin Esaú Díaz Alfaro y Ever Domingo Perdomo Díaz, a quienes se les acusa del delito de homicidio en perjuicio de José Antonio Díaz Núñez. El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2025, tras una discusión en el barrio El Censo, aldea Villami, municipio de Gracias, Lempira.

De acuerdo con las investigaciones, el abogado Carlos Alberto Carranza Ramos, en su condición de apoderado legal de los imputados, tuvo acceso a copia del expediente judicial, el cual contenía información confidencial sobre testigos protegidos. No obstante, habría divulgado la identidad de dichos testigos a familiares de los acusados, quienes posteriormente los habrían amenazado con el propósito de impedir que brindaran su declaración.

Como consecuencia de estas acciones, los testigos protegidos no comparecieron a la audiencia de prueba anticipada, programada para el 24 de diciembre a las 2:00 de la tarde, en los Juzgados de Letras de Gracias, Lempira, lo que constituyó una grave obstrucción al desarrollo de la investigación penal.

Ante estos hechos, y tras valorar los elementos probatorios presentados en la audiencia inicial, el juez competente dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el abogado Carlos Carranza. De esta forma el Ministerio Público garantizar la protección de los testigos y la correcta administración de justicia.