Tocoa, Colón. – La Fiscalía Regional del Bajo Aguán (FRBA), reporta la obtención de siete sentencias condenatorias en distintos procesos penales, que incluyen delitos como homicidio, violación, agresiones sexuales, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas.

La Fiscalía de Tocoa logró condena de nueve años y nueve meses de prisión contra Jorge Ariel Santos Oromán por violación agravada en perjuicio de una menor de edad, más las penas accesorias por el doble del tiempo de la pena. Además, obtuvo condena de 12 años, 5 meses y 8 días de prisión contra Erlin Fabricio Martínez Rodríguez por homicidio en grado de ejecución de tentativa acabada y robo con violencia e intimidación agravada en grado de ejecución de tentativa inacabada, más las penas accesorias correspondientes.

Así mismo, condena de seis años de prisión contra Santos Alberto Chacón por otras agresiones sexuales agravadas, con prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de la pena más las penas accesorias.

Por su parte, la Fiscalía Local de Olanchito obtuvo sentencia condenatoria, por procedimiento abreviado, contra Carlos Alfonzo Martínez por homicidio en su grado de tentativa inacabada. Fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión, más penas accesorias. También, el Ministerio Público reportó sentencia condenatoria contra Kevin Adaly Villafranca Lanza por violencia intrafamiliar en concurso real, en perjuicio de dos personas; audiencia de individualización de la pena programada para el 17 de noviembre de 2025.

La Fiscalía de Trujillo logró que se declarara con lugar el procedimiento abreviado contra Marlon Josué Perdomo Orellana por el delito de otras agresiones sexuales, en perjuicio de una mujer, y solicitó imponer la pena de tres años con nueve meses de prisión más las penas accesorias.

Además, con lugar el procedimiento abreviado contra Eduin Edgardo Magaña Matute por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio del orden público, y se autorizó la suspensión condicional de la pena con depósito de L. 10,000.00 como reparación del daño, reconocida por la Procuraduría General de la República.