Juticalpa, Olancho. – Equipos de la Fiscalía Regional de Olancho, en coordinación con el programa ambiental impulsado por el programa Padre Andrés Tamayo y la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA), llevaron a cabo una inspección en la aldea La Libertad, marcando un precedente relevante en la defensa del medio ambiente y el cumplimiento de la legalidad en zonas vulnerables.

Durante el operativo se identificaron áreas específicas donde se realizaba extracción de oro, principalmente en el río Guayape, lo que permitió delimitar el impacto ambiental ocasionado y sentar las bases para la planificación de acciones correctivas y legales.

Como resultado de la inspección, se procedió al decomiso de equipo y materiales utilizados en la explotación ilegal, reforzando así el compromiso institucional con la protección de los recursos naturales de la región y se realizó el siguiente decomiso: herramientas para la extracción de minerales (0ro), planta gravimétrica, mangueras de PVC, draga, exclusa (neutralizada), barriles, combustible y se decomisaron 2 motores quedando depositados en ICF.

Las primeras constataciones reflejaron que la actividad minera estaba alterando de manera significativa el cauce del río Guayape y generando un impacto negativo sobre la biodiversidad local. El uso de maquinaria pesada y técnicas no reguladas representa una amenaza directa para los ecosistemas acuáticos y terrestres de la zona, poniendo en riesgo tanto el equilibrio ambiental como la salud de las comunidades aledañas.

En cumplimiento de la ley, los equipos decomisados fueron remitidos en calidad de depósito al Instituto de Conservación Forestal (ICF) en Juticalpa, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar la propiedad de los instrumentos y establecer la responsabilidad penal de los involucrados.

La acción contó con la participación de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, la Procuraduría General de la República (PGR), el Primer Batallón de Protección Ambiental y el programa del padre Andrés Tamayo, lo que refleja un esfuerzo articulado e interinstitucional para enfrentar delitos ambientales de alta complejidad.

Este operativo no solo pone en evidencia la problemática de la minería ilegal en zonas rurales de Olancho, sino que también subraya la importancia de la vigilancia permanente, la coordinación institucional y la aplicación rigurosa de la ley en la defensa de los recursos naturales del país.