Operación Coyote, un caso de impacto más en el que el Ministerio Público logra Sentencia Condenatoria

Tegucigalpa. Francisco Morazán. En un acierto más de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cinco personas capturadas en el marco de la Operación Coyote fueron condenadas por los delitos de tráfico ilegal de personas y lavado de activos.

Se trata de Germán Rosendo Romero Rodríguez (56), Erick Alexander Romero Carbajal (30), Gustavo Adolfo Romero Reyes (58), Rosa Maribel Carbajal Martínez (50) y Dulce Yasmina Guerrero Guerrero (32), quienes de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, conformaban una organización criminal internacional dedicada al tráfico de personas desde Honduras hacia los Estados Unidos.

Este caso comenzó en el año 2016, cuando la FESCCO recibió de forma anónima una denuncia, donde se mencionaba que Germán Rosendo Romero Rodríguez alias “Chendo” era la persona que lideraba una red que trasladaba personas de manera ilegal a Estados Unidos y que cómo resultado de esas actividades ilícitas, acumuló fuertes sumas de dinero, porque se ha establecido que por cada compatriota que moviliza cobraba de cinco mil a ocho mil dólares, poniendo en todas las rutas en riesgo la vida de sus clientes.

En dicho juicio oral y público que se evacuó durante un mes aproximadamente en la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, la FESCCO con apoyo de la ATIC, pudo acreditar que el grupo familiar de “Chendo”, gracias a sus socios en Guatemala, México y Estados Unidos, se hizo de una fortuna trasladando entre 35 y 40 personas por viaje, es por ello que la Operación Coyote incluyó el aseguramiento de 12 de bienes inmuebles (lotes de terreno y viviendas), 13 cuentas bancarias y cuatro vehículos.

Tales incautaciones se efectuaron en el Valle de Jamastrán, El Paraíso; Tegucigalpa, Francisco Morazán; El Paraíso, Copán y la Lima, Cortés.

Cabe destacar, que la Operación Coyote fue la primera acción de tal magnitud que se llevó a cabo en contra de traficantes de personas, gracias a la investigación técnica del Ministerio Público.

La audiencia de individualización de la pena en esta causa se programó para el 4 de diciembre y en la misma el Equipo Fiscal solicitará penas que oscilan entre los 21 y 29 años de reclusión.