
Tegucigalpa, Francisco Morazán.- En el marco de la persecución penal contra la extorsión, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) continúa impulsando acciones judiciales contra siete personas sospechosas de este delito.
Los casos corresponden a hechos en los que, según las investigaciones, se habría exigido dinero bajo amenazas de muerte a comerciantes y transportistas de la capital y sus alrededores.
En uno de los casos, un juez decretó auto de apertura a juicio contra una mujer sospechosa de extorsionar a un testigo protegido. La imputada fue capturada en abril de 2025, en un sector de la carretera hacia Tatumbla, al oriente de la capital.
Según las investigaciones, las víctimas eran amenazadas de muerte si no cumplían con los pagos exigidos, mediante los cuales presuntamente se intimidaba a comerciantes y transportistas de la zona.
En una segunda causa, fue suspendida la audiencia de procedimiento abreviado contra dos personas sospechosas de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Una de ellas también enfrenta cargos por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y debido a su condición de reincidente, no puede optar por esta medida alterna.
De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían vinculados con el cobro del denominado «impuesto de guerra» bajo amenazas de muerte contra comerciantes, transportistas y vecinos de la colonia Óscar A. Flores.
Por otra parte, continuó la audiencia de examen de diligencias contra cinco personas sospechosas de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. A algunos de los imputados también se les atribuyen otros delitos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego, municiones de uso prohibido, uso indebido de indumentaria policial y tráfico de drogas.
La continuación de esta audiencia fue programada para el 17 de noviembre de 2026.
Estas últimas detenciones se efectuaron en el municipio de San Buenaventura, al sur de Tegucigalpa, cuando los sospechosos presuntamente realizaban cobros extorsivos a transportistas y pequeños comerciantes, según la información proporcionada por las autoridades.