Inicia socialización de manual para estandarizar aplicación del procedimiento expedito en el país, gracias a EUROJUSTICIA

Santa Rosa de Copán. Fiscales, Defensores, Magistrados de la Cortes de Apelaciones y Policías conocen los lineamientos del nuevo “Manual Práctico Interinstitucional sobre el Procedimiento Expedito de Flagrancia en Honduras”, con el que se busca una efectiva aplicación de este proceso con el respeto a la presunción de inocencia y las garantías procesales.

La actividad se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa de Copan, como parte de la primera socialización de este manual, que posteriormente será dado a conocer a los Operadores de Justicia de las principales ciudades del país, a efecto que se pueda aplicar de la misma manera en todo el territorio nacional.

Entre los expositores estuvo el coordinador de la Fiscalía Regional de Comayagua, el abogado Adrian Rosales, ya que bajo su liderazgo en los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá, se han presentado más de dos mil 400 Requerimientos Fiscales por la vía de Procedimiento Expedito, desde 2013 que se creó esta figura procesal, lo que ha permitido despejar la carga fiscal y reducir la mora judicial en los juzgados de ese sector.

“Hemos despejado dudas sobre la aplicación del proceso expedito, con énfasis en los criterios que se deben considerar para presentar una acusación por esta vía judicial, ya que es para delitos en flagrancia y de carácter contencioso, por lo que se debe contar con la carga probatoria necesaria para sustentar el requerimiento fiscal y quebrantar el principio de inocencia en caso que exista responsabilidad”, explicó Rosales.

Con la implementación del proceso expedito en todo el país y la estandarización de criterios para su aplicación, se espera lograr una reducción considerable de la mora judicial, ya que en lugar de presentar un caso por procedimiento ordinario que puede tardar dos o más años para llegar a Juicio Oral y Público, si se cuenta con los medios probatorios se presenta por la vía expedita logrando una resolución en pocas semanas.

Esta iniciativa se desarrolla con el apoyo del programa EuroJusticia de la Unión Europea, en coordinación con el Ministerio Público (MP), el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes se han comprometido en implementar el manual para hacer más expedita la resolución de los casos y condenar o absolver, según corresponda, en 30 días a los acusados de un delito.