MP casará sentencia absolutoria en caso “Retenciones ISR-IHSS” 
 
 
 
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Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, interpondrá en el momento procesal oportuno un Recurso de Casación contra la sentencia absolutoria dictada por la Sala V del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán a favor de Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, en el caso “Retenciones ISR-IHSS”, mediante el cual se causó un perjuicio económico de Lps. 269,118,047.44 por parte de los imputados.
 
 
Con lo anterior, se pretende revertir dicho fallo, que a criterio del Ministerio Público no está apegado a derecho y carece de una correcta valoración armónica y conjunta del legajo probatorio aportado en el Juicio Oral y Público por el Equipo Fiscal que sustentó la causa.
Es importante dejar claro como Ministerio Público, que durante el desarrollo del debate, el Ente Acusador allegó prueba pericial, documental y testifical necesaria para que los juzgadores adquirieran la convicción de que los encausados ejecutaron las conductas ilícitas que se les atribuían, por tanto sorprende dicha resolución judicial.
 
 
 
El caso se presentó por los delitos de Malversación de Caudales Públicos en Concurso Ideal con Violación a los Deberes de los Funcionarios, por la omisión por parte de los enjuiciados Mario Zelaya y José Bertetty de enterar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) las cantidades retenidas a los empleados del Seguro Social por concepto del Impuesto Sobre la Renta, ascendiendo la suma malversada, luego de multas tributarias, a los más de 269 millones de lempiras ya referidos.
 
 
 
En consecuencia, producto de esta sentencia absolutoria, el Ministerio Público, quien cuenta con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en estas causas criminales, reitera que no dará un paso atrás en su lucha contra la corrupción, pese a este tipo de decisiones judiciales, que respeta pero que no comparte, pues no se puede considerar que un delito es un simple acto administrativo, lo que convierte el pensamiento judicial en irracional.