Retrasan nuevamente Audiencia de Imputado contra Marco Jonathan Laínez por caso “Aurora II”

Tegucigalpa. Francisco Morazán. Nuevamente el Ministerio Público fue notificado de la suspensión de la Audiencia de Declaración de Imputado del ex viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Marco Jonathan Laínez Ordoñez, acusado de Abuso de Autoridad, al otorgar de manera irregular la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico “Aurora II”, sobre el al Rio Palagua, en la Comunidad Indígena Lenca de Guajiquiro, La Paz.

En este expediente, aún no se ha producido avance procesal alguno, pese a que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó el correspondiente Requerimiento Fiscal desde el 22 de julio pasado, fundamentado su tesis acusatoria en la transgresión al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Lo anterior, queda evidenciado, luego que transcurrieran 82 días, y en dos ocasiones, el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa ha venido reprogramando la referida Audiencia de Declaración de Imputado, argumentado el 25 de agosto pasado que no habían sido capaces de citar al imputado por la falta de un vehículo y este día justificando la ausencia del juez competente por incapacidad médica.

Todo ello, causa sorpresa y extrañeza al Ministerio Público, ya que el caso “Aurora II”, al igual que “Agua Zarca” e “HidroLuz”, en los que también está acusado Laínez Ordóñez, han adquirido un interés especial y una relevancia social, por la arbitraria vulneración a los derechos de los pueblos indígenas Lencas y Pech.

Vale señalar, que el Convenio 169 de la OIT establece la obligación que tiene el Estado, y por ende sus funcionarios de gobierno, de realizar un proceso de consulta libre, previa e informada, siempre que se tenga previsto ejecutar cualquier proyecto nacional o regional que afecten el territorio y recursos naturales donde habitan las comunidades étnicas.

Sin embargo, en el caso “Aurora II”, Laínez Ordoñez aprobó la Licencia Ambiental (enero del 2011), a la empresa Inversiones Aurora S.A. de C.V., propietaria del proyecto hidroeléctrico, contraviniendo lo ya mencionado.

El delito de Abuso de Autoridad se consigna en el artículo 349, numeral 2, del Código Penal vigente y tiene una pena que va de tres a seis años de cárcel, más la Inhabilitación Especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.