Antejuicios contra alcalde de Puerto Cortés y regidor de La Lima los conocerá Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción

San Pedro Sula, Cortés.- Los antejuicios que la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), entablara contra el alcalde de Puerto Cortés, Allan David Ramos Molina y el ex alcalde de La Lima, Astor Adolfo Amaya Fuentes serán conocidos por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.

El antejuicio presentado contra el alcalde de Puerto Cortés, Allan David Ramos, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, tiene su génesis en fecha 5 de abril de 2018, cuando en sesión ordinaria la Corporación Municipal por mayoría de votos nombraron a personas para el cargo de secretaría municipal, l auditor interno, al director y sub director de la Policía Municipal.

El acta número dos, donde se hizo el nombramiento del personal por parte de la Corporación Municipal, hasta la fecha no ha sido sancionada por el alcalde Allan Ramos, lo que viene a imposibilitar celebrar las siguientes sesiones corporativas.

Mientras que, el antejuicio contra el ex alcalde y actual regidor de la municipalidad de La Lima, Astor Adolfo Amaya se presentó por dos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Según los hechos, Astor Amaya en su condición de alcalde de La Lima, suscribió un contrato con la empresa de “Servicios Diversos” para la construcción de un proyecto de alcantarillado en la colonia “Nueva Guadalupe” por un monto de 937 mil 917 lempiras con 65 centavos.

Pese a que la obra fue cancelada por la municipalidad, ésta nunca se construyó, no existen documentos que avalan la ejecución del proyecto y no figura en las bitácoras la recepción de la obra.

El alcalde también suscribió un segundo contrato con la empresa mencionada, para adquirir un lote de materiales por un monto de 820 mil lempiras, que según la investigación la compra debió someterse a un proceso de licitación pública como la establece La Ley de Contratación del Estado, por el monto pagado.

La investigación, realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la auditoria forense, refleja que la compra fue sobrevalorada y sin haber recibido ni agotado los procedimiento, se canceló el total de la compra mediante la entrega de un cheque al gerente de la empresa “Servicios Diversos”, semanas después se entregaron los materiales, pero bajo acciones dudosas.