Operación Odiseo IX

MP investiga corrupción gubernamental en consultorías y ONG y solicita privación definitiva de dominio de multimillonarios bienes de ex jerarca policial

 

 

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Tocoa. Colón. En un nuevo impulso por combatir la corrupción, criminalidad organizada y delincuencia en general, el Ministerio Público ejecuta en todo el país la Operación Odiseo IX, de la que se espera una gran cantidad de ejecución de órdenes de captura, allanamientos e inspecciones por diversos flagelos que aquejan a la ciudadanía.

 

 

Es así que por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se investigan actos de corrupción que se habrían cometido en el segundo semestre de gobierno del año 2009 en la Secretaría de Gobernación y Justicia, mediante la simulación y pago de contratos de consultorías y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

 

 

Para ello, secuestros de documentos se llevarán a cabo en oficinas y archivos de esa cartera ministerial, a fin de documentar hallazgos relacionados el drenaje de recursos y contratas al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales de Presupuesto.

 

 

Otros casos por los que se decomisarán documentos, tienen que ver con irregularidades que en anteriores administraciones tuvieron lugar en el Registro Nacional de las Personas (RNP), de donde se deriva además la presentación de un nuevo Requerimiento Fiscal contra Jorge Adalberto Discua Mejía, quien aprovechando sus funciones en el registro civil de Siguatepeque adulteró el actas de nacimiento de una persona hondureña para que apareciera registrado en su lugar un extranjero.

 

 

De su lado, en el marco de Odiseo IX, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) solicitará la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito del ex subcomisionado de policía, José Orlando Leiva Natarén, así como de su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz, a quienes se les acusó en mayo de 2018 del delito de lavado de activos.

 

 

De acuerdo a la petición hecha al juzgado de privación de dominio, se trata de dos sociedades mercantiles, cinco bienes inmuebles, ocho vehículos, 31 cuentas bancarias, bienes combustibles por la cantidad de 2,068,475.33 lempiras y dinero en efectivo que asciende a 168,839.00 lempiras.

 

 

En este caso, junto a la ATIC se logró determinar que Leiva Natarén, depurado en 2016 y contra quien existe una orden de captura con alerta roja internacional, en un período comprendido entre 2006 y 2017 presentó un comportamiento financiero atípico, llegando a mover en el sistema financiero alrededor de 913 millones de lempiras, teniendo un incremento patrimonial injustificado de 300 millones de lempiras, de los cuales 282 millones de lempiras corresponden a las operaciones de la Corporación Natarén S. D. R.L. (CONAR).

 

 

Por otra parte, en Operación Odiseo IX intensas actividades realizarán Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, en las zonas Norte, Occidente, Santa Bárbara, Bajo Aguán, Litoral Atlántico, Olancho, Centro, Oriente y Sur, con trabajos en materia de niñez, mujer, consumidor, adulto mayor, pueblos indígenas, trata de personas, víctimas vulnerables, derechos humanos, medio ambiente, propiedad intelectual, tributario y delitos contra la vida y de crimen organizado.

 

 

Para el caso, estructuras criminales que operan en el departamento de Colón y parte de Yoro buscan ser desarticuladas, cultivos de marihuana erradicados y drogas y armas incautadas. En cambio, en La Ceiba se desarrollarán diligencias investigativas en relación a una denuncia contra personal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por presunta falsificación de documentos públicos y uso de documentos públicos, al igual que contra funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) por supuesto abuso autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

 

 

Además, otros aspectos de interés para el Ministerio Público son las jornadas de capacitación, empoderamiento de derechos y toma de denuncias, que se llevarán a cabo en coordinación con el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) y Módulo de Recepción de Denuncias (MRD).

 

 

Odiseo IX que se ejecuta en los 18 departamentos del país, tiene al frente en su coordinación a la Dirección General de Fiscalías, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y a la ATIC, instancias que cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional Preventiva, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Dirección de Vialidad y Transporte, Tropa TIGRES y autoridades administrativas de diferentes dependencias del Estado.

 

 

Se reitera como Ministerio Público a la ciudadanía, denunciar todo tipo de delito y propiciar de esta manera una oportuna respuesta de parte de los entes del Sistema de Justicia Penal en beneficio de los intereses generales de la sociedad.

 

 

Fiscalías de la zona sur del país ejecutan Operación Hormiga VIII

 

 

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Nacaome, Valle. En aras de combatir el delito en todas sus modalidades, la Fiscalía Regional de Choluteca, así como el personal de las oficinas del Ministerio Público (MP) en Nacaome y San Lorenzo, ejecutan en la zona sur del país la Operación Hormiga VIII.

 

 

En ese sentido, bajo la coordinación de los fiscales del MP, autoridades policiales y administrativas vinculadas al quehacer de la Fiscalía se aprestan a realizar una serie de acciones, entre éstas la ejecución de órdenes de captura emitidas por los juzgados respectivos, la práctica de allanamientos, particularmente para dar con el paradero de una estructura criminal dedicada al narcomenudeo, inspecciones en centros de entretenimiento, comerciales, comprobación o verificación de la aplicación de descuentos a personas adultas mayores, el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo atinente a calidad y cantidad de los productos.

 

 

Asimismo, se pondrán en marcha jornadas de prevención de violencia doméstica a través de charlas y conferencias dirigidas a diferentes tipos de público, la instalación del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) en la comunidad de Langue, Valle, con el propósito de recibir denuncias de la población y brindar asesoría técnico jurídica a la ciudadanía que lo demande.

 

 

Fiscales del MP además capacitarán a facilitadores judiciales en la localidad de Goascorán, Valle, en esta oportunidad para formarlos en relación a los mecanismos que la Ley Especial dispone para la tramitación de denuncias por violencia doméstica y su seguimiento y atención.

 

 

Junto con personal de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) y miembros del Comité de Protección del Golfo de Fonseca (CODEFAGOLF), fiscales del medio ambiente asignados a Nacaome, Valle, harán lo propio para contrarestar la pesca ilegal en la Bahía de San Lorenzo.

 

 

De igual manera, con efectivos policiales, personal del Instituto de Conservación Fotestal (ICF) y de la Procuraduría General de la República (PGR), fiscales del MP realizarán en Guasaule acciones encaminadas a combatir el tráfico ilícito de producto forestal.

 

 

Por otra parte, en un punto de la carretera panamericana un retén policial pretende contrarrestar el delito de contrabando y el tráfico ilícito de fauna, lo anterior también con el apoyo del Escuadrón Canino de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

 

 

 

En marcha en todo el territorio nacional operación para combatir delitos en contra de niños y adolescentes


Tegucigalpa, Francisco Morazán. En el marco de la conmemoración del Día del Niño en Honduras, fiscales del Ministerio Público (MP), elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Policía Nacional y demás agencias o cuerpos de seguridad, así como autoridades administrativas, particularmente de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) desarrollan en el país la operación “ABEONA”.


Su nombre, proveniente de la mitología romana, hace alusión a la diosa protectora de infantes, razón por la cual es utilizado para designar las acciones de varios equipos que, desde días atrás vienen coordinando su trabajo con el propósito de dar con el paradero de quienes han cometido delitos contra niños y adolescentes, así mismo, para aplicar las acciones que en derecho corresponden para la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, detección de casos o comisión de delitos en flagrancia, inspecciones en centros de internamientos, de custodia o cuidado de menores y presentación de requerimientos fiscales.


De igual manera, se verificará la condición en la que se desplazan niños y adolescentes en rutas de transporte interurbano, a fin de garantizar el acompañamiento de adultos responsables, visitas en centros de atención en materia de salud, lo cual permitirá detectar casos de embarazos en adolescentes por causa de agresiones sexuales, maltratos físicos y por supuesto constatar la calidad de atención que reciben los infantes en los mismos.


Operación “ABEONA” además permitirá la prevención de una serie de conductas delictivas ya que los fiscales estarán visitando centros educativos para ofrecer charlas con el propósito de sensibilizar la comunidad estudiantil acerca de la importancia de identificar conductas lesivas a su dignidad, medidas de seguridad a tomar ante el uso de redes sociales, cómo evitar o prevenir el bullying o maltrato escolar entre otros temas de importancia para este sector vulnerable de la población.

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Como antecedente a las acciones que ya se están ejecutando, los fiscales han coordinado dispositivos de la fuerza policial y de la autoridad administrativa a efecto de inspeccionar centros nocturnos, ello para garantizar la no permanencia de menores de edad en lugares impropios, por otra parte, en el transcurso de la operación se pretende la recuperación de menores en situación de vulneración.


Como siempre, el MP solicita a la población en general toda la colaboración a las autoridades, ya que debe comprenderse que el trabajo está orientado a obtener justicia en favor de aquellos niños, adolescentes y sus familias que por años han guardado silencio ante los abusos o en su defecto están siéndolo en la actualidad, reiteramos el compromiso institucional por no dar tregua a quienes se atreven a vulnerar los derechos de la niñez hondureña.

 

COMUNICADO

El Ministerio Público, a la ciudadanía en general, INFORMA:

 

 

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Que el 3 de marzo del año 2016 fue asesinada la líder ambientalista Bertha Cáceres Flores, muerte que causó grave indignación y tristeza en el pueblo hondureño, así como a la comunidad internacional.

 


Que desde ese momento el Ministerio Público, como ente responsable de dirigir y orientar técnica y jurídicamente la investigación criminal, conformó un equipo multidisciplinario de Fiscales, Investigadores (ATIC), miembros de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y expertos forenses con el objeto de investigar tan lamentable hecho.

 


Que paralelamente un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaba pesquisas en torno a la muerte de la señora Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato del señor Gustavo Castro.

 


Que después de una amplia y profunda investigación realizada por el equipo multidisciplinario se obtuvieron suficientes elementos de prueba testificales y científicas contra los presuntos responsables del asesinato, por lo que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal, lo que dio lugar a que un Juzgado con Jurisdicción Nacional emitiera órdenes de captura, las cuales fueron ejecutadas el 2 de mayo del año 2016 en el marco de la Operación Jaguar, en donde fueron detenidos los primeros cuatro señalados.

 


Que posterior a estas acciones se continuó con las detenciones llegándose a un total de nueve personas de las cuales siete ya han sido condenadas como autores materiales e intelectuales de este asesinato.

 


Que como parte de las investigaciones de la Dirección Policial deInvestigaciones (DPI), se entregó al Ministerio Público un informe hecho por los investigadores Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales, quienes realizaron las primeras pesquisas del caso, la cuales después de ser analizadas por el equipo multidisciplinario resultaron ser falsas.

 


Que el 17 de noviembre del 2017 se presentó requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra los investigadores Cruz y Rosales a quienes el Ministerio Público acusó por el delito de Inutilización de Registros Destinados a Servir como Medio de Prueba ante Autoridad Competente en perjuicio de la Administración Pública.

 


Que en fecha 28 de agosto de 2019 la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua emitió resolución DECLARANO CON LUGAR recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales en consecuencia anulando los actos del proceso penal a partir de lo dispuesto en auto de admisión del requerimiento fiscal donde se libran las órdenes de captura contra los imputados.

 


El Ministerio Público se manifiesta en contra de dicha resolución por considerarlo contraria a derecho en consecuencia anuncia que interpondrá Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que ésta enmiende la infundada resolución que dejaría en libertad a los acusados.

 


Finalmente, el Ministerio Público ratifica su compromiso de continuar con las investigaciones a efecto de llevar ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables del deleznable asesinato.

 

 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 12 de septiembre del 2019.

17 personas son acusadas por diferentes delitos en Comayagua

 

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Comayagua. Comayagua. En las últimas horas 17 personas han sido acusadas en Comayagua por la comisión de distintos delitos, quienes fueron detenidos en diferentes causas mediante acciones del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

 

 

Entre los detenidos están Darvin Manfredo Ramos y Brayan Josué Vásquez Mejía, supuestos responsables de homicidio, así como Salvador Quiñones Estrada, Rosibel Chavarría Romero, Carlos Daniel Palma, José Bernatdo Rojas Alvarado y un menor ee edad por facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, Josué Ariel Lorenzo Gonzáles por robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa y Raúl Heriberto Rodríguez Gómez acusado de violencia intrafamiliar.

 

 

Por otra parte, se presentó Requerimiento Fiscal en Contra de Arturo López, Ángel Edgardo Martínez Parada, Jeremías Meza Barahona, Héctor Rolando Sosa Vásquez, Misael Ferrera Cano, Jairo Gonzales López y José Alejandro Fúnez García, supuestos responsables de aprovechamiento ilegal de subproducto forestal en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras.

 

 

Finalmente, tras allanamiento y detención, se ejerció la acción penal contra el presunto distribuidor de drogas Jesús David Amaya Chicas en posesión de supuesta marihuana, puntas de cocaína, piedras de crack y una motocicleta sin documentos en Comayagua.

 

 

Los 16 detenidos ya fueron llevados a audiencia de declaración de imputado donde un juez les dictó la medida cautelar de Detención Judicial, a excepción de los acusados de aprovechamiento ilegal de subproducto forestal, a quienes se les otorgaron medidas distintas a la prisión por la naturaleza del delito y la pena a imponer.

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