Fiscalía para la Defensa de la Constitución desarrolla III Curso sobre «Problemas Constitucionales en el Combate a la Criminalidad Organizado»

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- La Fiscalía Especial para la Denfensa de la Constitución en coordinación con la Escuela de Formación del Ministerio Público «Orlan Arturo Chávez», impartieron el III curso sobre «Problemas Constitucionales en el Combate a la Criminalidad Organizada» dirigido a 50 Agentes de Tribunales de las diferentes Fiscalías Especializadas y Fiscalías Centro, Sur y Oriente del país.

La jornada de capacitación se realizó con el objetivo de brindar un enfoque constitucional sobre las infracciones de normas, legitimidad y garantia del respeto y la imparcialidad de los procedimientos legales.

La ponencia estuvo a cargo del Dr. Sidney Blanco, instructor de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), quien durante la jornada abordó una interesante temática dentro de las que se destaca: derecho a la propiedad y la privación de dominio, derecho a la defensa, publicidad y reserva e igualdad.

Al evento asistió la subdirectora de la Escuela de Formación del Ministerio Público, Ana Paola Hall y la representante de la Fundación KAS, Denisse Espinoza.

Durante el evento, la Fiscal Especial para la Denfensa de la Constitución, Tania Janette Fiallos, expresó que «las personas por su actitud, actividad e incorporación a una organización se apartan de manera permanente y constante del derecho, rechazando la legitimidad de Estado, los ámbitos de delincuencia en esta categoría son los relativo a la criminalidad organizada, delincuencia patrimonial profesionalizada violencia sexual reiterada y tráfico de drogas».

Agregó que el “derecho penal es un instrumento o arma para muchas contra la criminalidad, pero a la vez comporta un catálogo de garantías, por lo que debemos someternos a los límites o principios que al sobrepasarlos debilitamos su eficacia, por ende hay que respetar el derecho a la libertad, derechos a la integridad personal, derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones entre otros».

«La legislación comporta su sujeción a los controles y garantías constitucionales, respetando el principio de presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, pilares básicos del Estado de Derecho, en ese sentido la limitación de derechos es justificado en un fin constitucionalmente legítimo y la imposición de cualquier medida se fundamente conforme a derecho» finalizó la funcionaria.