Emiten Auto de Apertura a Juicio contra policías que con pruebas falsas pretendían desviar investigación preliminar del crimen de Berta Cáceres

Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) se notificó este jueves del Auto de Apertura a Juicio en la causa que se sigue en contra de un policía activo y un exmiembro del cuerpo policial, quienes en un inicio fueron asignados a la investigación del crimen de la ambientalista Berta Isabel Cáceres y trataron de adulterar el curso de las circunstancias que rodearon el hecho.

Los acusados son el agente de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz y del expolicía Miguel Arcangel Rosales Izcano, por los delitos inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos.

El juez competente, por tanto, envía el expediente a los Tribunales de Sentencia, en este caso que está relacionado con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas.

De acuerdo a la investigación, ambos funcionarios fabricaron pruebas, siendo una de ellas la declaración de un supuesto testigo protegido y otra era una grabación que fue adulterada.

Como se recordará, luego del crimen de Cáceres el 3 de marzo de 2016, se mencionó que el móvil del crimen estaba vinculado al robo, sin embargo la investigación realizada por la ATIC descartó ese extremo, cuando el 2 de mayo de ese mismo año ejecutó la Operación “Jaguar” en la cual se efectuaron cuatro capturas, entre ellos el gerente de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), compañía a la cual se enfrentó Cáceres en defensa del río Gualcarque, donde se pretendía construir una represa.

Cabe señalar, que la investigación de ATIC fue sustentada a través de prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista, así como las relacionadas a la interceptación a comunicaciones con control jurisdiccional.

Hasta la fecha el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la ATIC, reportan la captura de nueve personas implicadas en el asesinato de la ambientalista, ocho, actualmente se encuentran en juicio.