MP a la espera del Auto de Apertura a Juicio contra policías que con pruebas falsas pretendían desviar investigación preliminar del crimen de Berta Cáceres

 

 

 

CASO BERTA APERTURA JUICIO EXPOLICIAS

Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) está a la espera que este miércoles se emita el Auto de Apertura a Juicio en contra de un policía activo y un exmiembro del cuerpo policial, quienes en un inicio fueron asignados a la investigación del crimen de la ambientalista Berta Isabel Cáceres y trataron de adulterar el curso de las circunstancias que rodearon el hecho.

 

 

Se trata del agente de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz y del expolicía Miguel Arcangel Rosales Izcano, procesados por los delitos inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos.

 

 

La audiencia preliminar del caso se celebró el pasado viernes y los ilícitos penales por los cuales el Ministerio Público formalizó la acusación en contra de Cruz y Rosales Izcano, están relacionados con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas.

 

 

De acuerdo a la investigación dirigida por Fiscales para el Enjuiciamiento y practicadas por agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, ambos funcionarios fabricaron pruebas para tratar de desviar el caso, siendo una de ellas la declaración de un supuesto Testigo Protegido y otra era una grabación que fue adulterada.

 

 

Como se recordará, luego del crimen de Cáceres el 3 de marzo de 2016, se mencionó que el móvil del crimen estaba vinculado al robo, sin embargo la investigación realizada por la ATIC descartó ese extremo, cuando el 2 de mayo de ese mismo año ejecutó la Operación “Jaguar” en la cual se efectuaron cuatro capturas, entre ellos el gerente de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), compañía a la cual se enfrentó Cáceres en defensa del río Gualcarque, donde se pretendía construir una represa.

 

 

Cabe señalar, que la investigación de ATIC fue sustentada a través de prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista, así como las relacionadas a la interceptación a comunicaciones con control jurisdiccional.

 

 

Hasta la fecha el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la ATIC, reportan la captura de nueve personas implicadas en el asesinato de la ambientalista, ocho, actualmente se encuentran en juicio.

 

 

En el caso de los expolicías contra los cuales se pide se eleve el expediente a debate, éstos fueron capturados el 20 de noviembre de 2017 por agentes del Departamento de Operaciones Especiales, Apoyo Estratégico y Comunicaciones de la ATIC, y tras la audiencia inicial un juez con jurisdicción nacional los remitió a un centro de detención militar en Támara.

 

 

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