Estimados Usuarios

La criminalidad está concebida en una sociedad, como el volumen total de infracciones que se registran durante un espacio de tiempo, cometidas por personas naturales o jurídicas bien sean parte de una estructura económica o política o se trate de delitos convencionales como ser robo, hurto etc.

En todos estos casos el Ministerio Público es el ente encargado de luchar contra dichos ilícitos penales para proteger los intereses de los 7,197,303 habitantes que conforman la sociedad hondureña, pues el deber de esta institución es dar una respuesta inmediata a la sociedad, ya que al constituirse como un órgano persecutor de la acción penal o implementar las vías alternas en los casos en que la ley así lo establezca, cumple con la teleología de su ley orgánica. Dentro del engranaje político criminal institucional se encuentra la Dirección General de Fiscalía, la cual continúa siendo un reto permanente en el que descansan los pilares que ponen en marcha la justicia en Honduras, pues la misma sería una utopía sino existieran funciones definidas y separadas por una estructura funcional organizativa que hacen de esta Dirección Superior una de las dependencias de mayor complejidad administrativa dentro del Ministerio Público, pues la misma la conforman Agentes de Tribunales y Asistentes; estos profesionales son el motor que impulsa las decisiones y defiende en los juicios los derechos, deberes y obligaciones plasmados en la Constitución de la República, Convenios Internacionales, leyes secundarias y reglamentos para garantizar que Honduras sea un Estado de Derecho en el cual se respete la democracia, el orden y la paz social.