CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1982

 

 

Asamblea Nacional Constituyente, decreto número 131 (Gaceta no. 23612 del 20/01/1982) (emitido el  1/01/1982) preámbulo nosotros, Diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres, con nuestra fe puesta en la restauración de la unión centroamericana e interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo que nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución para que fortalezca y perpetúe un estado de derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. Constitución de la República Título I Del Estado Capítulo I De la Organización del Estado

 

TITULO I

DEL ESTADO

 

CAPITULO I

DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

 

Artículo 1

Honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

 

Artículo 2

La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria la responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.

 

Artículo 3

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.

 

Artículo 4

La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria.

 

Artículo 5

El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional.

 

Artículo 6

El idioma oficial de Honduras es el español. El Estado protegerá su pureza e incrementará su enseñanza.

 

Artículo 7

Son símbolos nacionales: la bandera, el escudo y el himno. La ley establecerá sus características y regulará su uso.

 

Artículo 8

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, conjuntamente, constituyen la capital de la República.

 

CAPITULO II

DEL TERRITORIO

 

Artículo 9

El territorio de Honduras está comprendido entre los Océanos Atlántico y Pacífico y las Repúblicas de: Guatemala, El Salvador y Nicaragua sus límites con estas Repúblicas son: 1. Con la República de Guatemala los fijados por la Sentencia Arbitral emitida en Washington, D. C., Estados Unidos de América, el veintitrés de enero de mil novecientos treinta y tres. 2. Con la República de Nicaragua, los establecidos por la Comisión Mixta de Límites Hondureño-Nicaragüense en los años de mil novecientos y mil novecientos uno, según descripciones de la primera sección de la línea divisoria, que figura en el acta segunda de doce de junio de mil novecientos y en las posteriores, hasta el Portillo de Teotecacinte y de este lugar hasta el Océano Atlántico conforme al laudo arbitral dictado por Su Majestad el Rey de España, Alfonso XIII, el veintitrés de diciembre de mil novecientos seis cuya validez fue declarada por la Corte Internacional de Justicia en sentencia de dieciocho de noviembre de mil novecientos sesenta. 3. Con la República de El Salvador, los establecidos en los Artículos diez y seis y diez y siete del Tratado General de Paz suscrito en Lima, Perú el treinta de octubre de mil novecientos ochenta, cuyos instrumentos de ratificación fueron canjeados en Tegucigalpa, Distrito  Central, Honduras, el diez de diciembre de mil novecientos ochenta en las secciones pendientes de delimitación se estará a lo dispuesto en los Artículos aplicables del tratado de referencia. 

 

Artículo 10

Pertenecen a Honduras los territorios situados en tierra firme dentro de sus límites territoriales, aguas interiores y las islas, islotes y cayos en el Golfo de Fonseca que histórica, geográfica y jurídicamente le corresponden, así como las Islas de la Bahía, las Islas del Cisne (Swan Islands) llamadas también Santanilla o Santillana, Viciosas, Misteriosas; y los Cayos Zapotillos, Cochinos, Vivorillos, Seal o Foca (o Becerro), Caratasca, Cajones o Hobbies, Mayores de Cabo Falso, Cocorocuma, Palo de Campeche, los Bajos Pichones, Medía Luna, Gorda y los bancos Salmedina, Providencia, de Coral, Cabo Falso, Rosalinda y Serranilla, y los demás  situados en el Atlántico que histórica, geográfica y jurídicamente le corresponden. el Golfo de Fonseca podrá sujetarse a un régimen especial.

 

Artículo 11

También pertenecen al Estado de Honduras: 1. El mar territorial cuya anchura es de doce millas marinas medidas desde la línea de más baja marea a lo largo de la costa; 2. La zona contigua a su mar territorial, que se extiende hasta las veinticuatro millas marinas, contadas desde la  línea de base desde la cual se mide la anchura del mar territorial; 3. La zona económica exclusiva, que se extiende hasta una distancia de doscientas millas marinas medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide la anchura del mar territorial; 4. La plataforma continental, que comprende el lecho y el sub-suelo de zonas submarinas, que se extiende mas allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas millas marinas desde la línea de base, desde las cuales se mide la anchura del mar territorial en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia; y, 5. En cuanto al Océano Pacífico las anteriores medidas se contarán a partir de la línea de cierre de la bocana del Golfo de Fonseca, hacia  el alta mar.

 

Artículo 12

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el espacio aéreo y en el sub-suelo de su territorio continental e insular, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental.

 

Artículo 13

En los casos a que se refieren los Artículos anteriores, el dominio del Estado es inalienable e imprescriptible.

 

Artículo 14

Los Estados extranjeros solo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin perjuicio de lo que establezcan los tratados internacionales.

 

CAPITULO III

DE LOS TRATADOS

 

Artículo 15

Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria  ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional.

 

Artículo 16

Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno.

 

Artículo 17

Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Poder Ejecutivo.

 

Artículo 18

En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley prevalecerá el primero.

 

Artículo 19

Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la patria. la responsabilidad en este caso es imprescriptible.

 

Artículo 20

Cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional, requerirá la aprobación del Congreso Nacional por votación no menor de tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros.

 

Artículo 21

El Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva competencia,  celebrar o ratificar convenios internacionales con Estados extranjeros u organizaciones internacionales o adherirse a ellos sin el requisito   previo de la aprobación del Congreso, al que deberá informar inmediatamente.

 

TITULO II

DE LA NACIONALIDAD Y

CIUDADANIA

 

CAPITULO I

DE LOS HONDUREÑOS

 

Artículo 22

La nacionalidad hondureña se adquiere por nacimiento y por naturalización.

 

Artículo 23

Son hondureños por nacimiento:

1. Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de los agentes diplomáticos;

2. Los nacidos en el extranjero de padre o madre hondureños por nacimiento;

3. Los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra hondureñas, y los nacidos en naves mercantes que se encuentren en aguas territoriales de Honduras; y, 4. El infante de padres ignorados encontrado en el territorio de Honduras.

 

Artículo 24

Son hondureños por naturalización:

1. Los centroamericanos por nacimiento que tengan un año de residencia en el país;

2. Los españoles e iberoamericanos por nacimiento que tengan dos años consecutivos de residencia en el  país;

3. Los demás extranjeros que hayan residido en el país más de tres años consecutivos.

4. Los que obtengan carta de naturalización decretada por el Congreso Nacional por servicios extraordinarios prestados a Honduras;

5. Los inmigrantes que formando parte de grupos seleccionados traídos por el gobierno para fines científicos, agrícolas e industriales después de un año de residir en el país llenen los requisitos de ley; y,

6. La persona extranjera casada con hondureño por nacimiento.

 

Artículo 25

Mientras resida en Honduras ningún hondureño por nacimiento podrá invocar nacionalidad distinta de la hondureña.

 

Artículo 26

Ningún hondureño naturalizado podrá desempeñar en su país de origen, funciones oficiales en representación de Honduras.

 

Artículo 27

Ni el matrimonio ni su disolución afectan la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos.

 

Artículo 28

La nacionalidad hondureña se pierde: 1. Por naturalización en país extranjero; y, 2. Por cancelación de la carta de naturalización, de  conformidad con la ley.

 

Artículo 29

La nacionalidad hondureña por nacimiento se recupera, cuando el que la hubiere perdido se domicilie en el territorio de la República y declare su voluntad de recuperarla.

 

CAPITULO II

DE LOS EXTRANJEROS

 

Artículo 30

Los extranjeros están obligados desde su ingreso al territorio nacional a respetar las autoridades y a cumplir las leyes.

 

Artículo 31

Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños con las restricciones que por razones calificadas de orden publico, seguridad, interés o conveniencia social establecen las leyes. Los extranjeros, también están sujetos a los mismos tributos ordinarios y extraordinarios de carácter general a que están obligados los hondureños, de conformidad con la ley.

 

Artículo 32

Los extranjeros no podrán desarrollar en el país actividades políticas de carácter nacional ni internacional, bajo pena de ser sancionados de conformidad con la ley.

 

Artículo 33

Los extranjeros no podrán hacer reclamaciones ni exigir indemnización alguna del Estado sino en la forma y en los casos en que pudieren hacerlo  los hondureños. no podrán recurrir a la vía diplomática sino en los casos  de denegación de justicia. Para este efecto no se entenderá por denegación de justicia que un fallo sea desfavorable al reclamante. Los que contravinieren esta disposición perderán el derecho de habitar en el país.

 

Artículo 34

Los extranjeros solamente podrán, dentro de los límites que establezca la ley, desempeñar empleos en la enseñanza de las ciencias y de las artes y prestar al Estado servicios técnicos o de asesoramiento, cuando no  haya hondureños que puedan desempeñar dichos empleos o prestar tales servicios.

 

Artículo 35

La inmigración estará condicionada a los intereses sociales, políticos, económicos y demográficos del país. La ley establecerá los requisitos, cuotas y condiciones para el ingreso de los inmigrantes al país, así como las prohibiciones, limitaciones y sanciones a que estarán sujetos los extranjeros.

 

CAPITULO III

DE LOS CIUDADANOS

 

Artículo 36

Son ciudadanos todos los hondureños mayores de dieciocho años. 

 

Artículo 37

Son derechos del ciudadano:

1. Elegir y ser electo;

2. Optar a cargos públicos;

3. Asociarse para constituir partidos políticos; ingresar  o renunciar a ellos; y,

4. Los demás que le reconocen esta Constitución y las leyes.

Los ciudadanos de alta en las fuerzas armadas y cuerpos de  seguridad del estado no podrán ejercer el sufragio, pero sí serán elegibles en los casos no prohibidos por la ley.

 

Artículo 38

Todo hondureño está obligado a defender la Patria, respetar las autoridades y contribuir al sostenimiento moral y material de la nación.

 

 

Artículo 40

Todo hondureño deberá ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Son deberes del ciudadano:

1. Cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes;

2. Obtener su tarjeta de identidad;

3. Ejercer el sufragio;

4. Desempeñar, salvo excusa o renuncia con causa justificada, los cargos de elección popular;

5. cumplir con el servicio militar; y,

6. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes.

 

Artículo 41

La calidad del ciudadano se suspende:

1. Por auto de prisión decretado por delito que merezca pena mayor;

2. Por sentencia condenatoria firme, dictada por causa de delito; y,

3. Por interdicción judicial.

 

Artículo 42

La calidad de ciudadano se pierde:

1. Por prestar servicios en tiempo de guerra a enemigos de Honduras o de sus aliados;

2. Por prestar ayuda en contra del estado de Honduras, a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional;

3. Por desempeñar en el país, sin licencia del Congreso Nacional, empleo de nación extranjera, del ramo militar o de carácter político;

4. Por coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular;

5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República; y

6. Por residir los hondureños naturalizados, por más de dos años consecutivos, en el extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo.

En los casos a que se refieren los numerales 1) y  2), la declaración de la pérdida de la ciudadanía la hará el Congreso Nacional mediante expediente circunstanciado que se forme al efecto. Para los casos de los numerales 3) y 6), dicha declaración la hará el Poder Ejecutivo mediante acuerdo gubernativo; y para los casos de los incisos 4) y 5) también por acuerdo gubernativo, previa sentencia condenatoria dictada por los tribunales competentes.

 

Artículo 43

La calidad de ciudadano se restablece:

1. Por sobreseimiento definitivo confirmado;

2. Por sentencia firme absolutoria;

3. Por amnistía o por indulto; y,

4. Por cumplimiento de la pena.

 

CAPITULO IV

DEL SUFRAGIO Y LOS PARTIDOS

POLÍTICOS

 

Artículo 44

El sufragio es un derecho y una función pública. el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo libre y secreto.

 

Artículo 45

Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país.

 

Artículo 46

Se adopta el sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que determine la ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular.

 

Artículo 47

Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la ley, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos.

Artículo 48

Se prohíbe a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo de gobierno.

 

Artículo 49

El Estado contribuirá a financiar los gastos de los partidos políticos, de conformidad con la ley.

 

Artículo 50

Los partidos políticos no podrán recibir subvenciones o subsidios de gobiernos, organizaciones o instituciones extranjeras.

 

CAPITULO V

DE LA FUNCION ELECTORAL

 

Artículo 51

Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un tribunal nacional de elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por esta constitución y la ley, las que fijaran igualmente lo relativo a los demás organismos electorales.

 

Artículo 52

La integración del Tribunal Nacional de Elecciones se hará mediante nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Gobernación y Justicia, en la forma siguiente:

1) Un propietario y un suplente designados por la Corte Suprema de Justicia.

2) Un propietario y un suplente designado por cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos. Si por razón de variar el número de partidos con derecho a  designar miembro del Tribunal Nacional de Elecciones, el pleno de éste quedare constituido por un número par, el Poder Ejecutivo, previa designación de la Corte Suprema de Justicia, nombrará de inmediato un miembro adicional, en forma tal que el total de los miembros sea siempre impar.

 

Artículo 53

La presidencia del Tribunal Nacional de Elecciones será ejercida durante un año, y en forma rotativa, por cada uno de los miembros propietarios que lo integran.

 

Artículo 54

Créase el Registro Nacional de las Personas como un organismo del Estado, con asiento en la capital de la República, jurisdicción en todo el territorio nacional, dependiente del Tribunal Nacional de Elecciones, el cual  nombrará a su director y sub-director.

 

Artículo 55

El Registro Nacional de las Personas además de las funciones que le señala la ley especial, será el organismo estatal encargado del registro civil, de extender la tarjeta de identidad única a todos los hondureños y de elaborar de oficio y en forma exclusiva el censo nacional electoral.

 

Artículo 56

El censo nacional electoral es público, permanente e inalterable. La inscripción de los ciudadanos, así como las modificaciones ocurridas por muerte, cambio de vecindario, suspensión, pérdida o restablecimiento de la ciudadanía se verificará en los plazos y con las modalidades que determine la ley.

 

Artículo 57

La acción penal por los delitos electorales establecidos por la ley es pública y prescribe en cuatro años.

 

Artículo 58

La justicia ordinaria, sin distinción de fueros, conocerá de los delitos y faltas electorales.

 

TITULO III

DE LAS DECLARACIONES,

DERECHOS Y GARANTIAS

 

CAPITULO I

DE LAS DECLARACIONES

 

Artículo 59

La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable.

 

Artículo 60

Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.

 

Artículo 61

La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

 

Artículo 62

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.

 

Artículo 63

Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma  republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.

 

Artículo 64

No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen,  restringen o tergiversan.

 

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

 

Artículo 65

El derecho a la vida es inviolable.

 

Artículo  66

Se prohíbe la pena de muerte.

 

Artículo 67

Al que está por nacer se le considerara nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley.

 

Artículo 68

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral.

 

Artículo 69

La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.

 

Artículo 70

Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse  gratuitamente, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.

 

Artículo 71

Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de veinticuatro horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su juzgamiento. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de seis días contados desde el momento en que se produzca la misma.

 

Artículo 72

Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.

 

Artículo 73

Los talleres de impresión, las estaciones radio eléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la ley.

Ninguna empresa de difusión del pensamiento podrá recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos extranjeros. La ley establecerá la sanción que corresponda por la violación de este precepto.

La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por nacimiento.

 

Artículo 74

No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.

 

Artículo 75

La ley que regule la emisión del pensamiento, podrá establecer censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad,  así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. La propaganda comercial de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco será regulada por la ley.

 

Artículo 76

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

 

Artículo 77

Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden publico. Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias  religiosas del pueblo.

 

Artículo 78

Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.

 

Artículo 79

Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.

Las reuniones al aire libre y las de carácter político  podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.

 

Artículo 80

Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.

 

Artículo 81

Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala.

 

Artículo 82

El derecho de defensa es inviolable.

 

Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.

 

Artículo 83

Corresponde al Estado nombrar procuradores para la defensa de los pobres y para que velen por las personas e intereses de los menores e incapaces. Darán a ellos asistencia legal y los representarán judicialmente en la defensa de su libertad individual y demás derechos.

 

Artículo 84

Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley.

 

No obstante, el delincuente in-fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad.

 

El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección.

 

Artículo 85

Ninguna persona puede ser detenida o presa sino en los lugares que determine la ley.

 

Artículo 86

Toda persona sometida a juicio, que se encuentre detenida, tiene derecho a permanecer separada de quienes hubieren sido condenados por sentencia judicial.

 

Artículo 87

Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo.

 

Artículo 88

No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar.

 

Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra si mismo, contra su cónyuge  o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente.

 

Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables  incurrirán en las penas que establezca la ley.

 

Artículo 89

Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.

 

Artículo 90

(Reformado por dec.189-85; Gaceta no.24814 del 04/enero/86)

(Interpretado parr.2 por dec.58-93; Gaceta no.27059 del 02/junio/93)

Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.

 

Se reconoce el fuero de guerra para los delitos y faltas de orden militar. En ningún caso los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no estén en servicio activo en las fuerzas armadas.

 

Artículo 91

(Reformado por dec.189-85; gaceta no.24814 del 04/enero/86)

Cuando en un delito o falta de orden militar estuviere implicado un civil o un militar de baja, conocerá del caso la autoridad competente del fuero común.

 

Artículo 92

No podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor.

 

En la misma forma se hará la declaratoria de reo.

 

Artículo 93

Aun con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley.

 

Artículo 94

A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente. en los casos de apremio y otras medidas de igual  naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.

 

Artículo 95

Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.

 

Artículo 96

La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.

 

Artículo 97

Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas, infamantes, prescriptivas o confiscatorias.

Las penas restrictivas de la libertad no podrán exceder de veinte años y de treinta años las acumuladas por varios delitos.

 

Artículo 98

Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.

 

Artículo 99

El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad  competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.

 

Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo.

 

Artículo100

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

 

Los libros y comprobantes de los comerciantes y los documentos personales, únicamente estarán sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley.

 

Las comunicaciones, los libros, comprobantes y documentos a que se refiere el presente Artículo, que fueren violados o sustraídos, no harán fe en juicio.

 

En todo caso, se guardara siempre el secreto respecto de los asuntos estrictamente privados que no tengan relación con el asunto objeto de la acción de la autoridad.

 

Artículo 101

Honduras reconoce el derecho de asilo en la forma y condiciones que establece la ley. Cuando procediere de conformidad con la ley revocar o no otorgar el asilo, en ningún caso se expulsará al perseguido político

o al asilado, al territorio del Estado que pueda reclamarlo. El Estado no autorizará la extradición de reos por delitos políticos y comunes conexos.

 

Artículo 102

Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero.

 

Artículo 103

El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés publico establezca la ley.

 

Artículo 104

El derecho de la propiedad no perjudica el dominio eminente del Estado.

 

Artículo 105

Se prohíbe la confiscación de bienes.

 

La propiedad no puede ser limitada en forma alguna por causa de delito político.

 

El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible.

 

Artículo 106

Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés públicos calificados por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada.

 

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa, pero el pago correspondiente se hará, a mas tardar, dos años  después de concluido el estado de emergencia.

 

Artículo 107

Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, solo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato. la adquisición de bienes urbanos comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior, será objeto de una legislación especial. Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones.

 

Artículo 108

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley.

 

Artículo 109

Los impuestos no serán confiscatorios. Nadie está obligado al pago de impuestos y demás tributos que no hayan sido legalmente decretados por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias. Ninguna autoridad aplicará disposiciones en contravención a este precepto sin incurrir en la responsabilidad que determine la ley.

 

Artículo 110

Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.

 

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS SOCIALES

 

Artículo 111

La familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la protección del Estado.

 

Artículo 112

Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas  legalmente capaces para contraer matrimonio. La ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio civil.

 

Artículo 113

Se reconoce el divorcio como medio de disolución del vínculo matrimonial. La ley regulará sus causales y efectos.

 

Artículo 114

Todos los hijos tienen los mismos derechos y deberes. No se reconocen calificaciones sobre la naturaleza de la filiación. En ningún registro o documento referente a la filiación se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos ni señalando el estado civil de los padres.

 

Artículo 115

Se autoriza la investigación de la paternidad. La ley determinará el procedimiento.

 

Artículo 116

Se reconoce el derecho de adopción. La ley regulará esta institución.

 

Artículo 117

Los ancianos merecen la protección especial del Estado.

 

Artículo  118

El patrimonio familiar será objeto de una legislación especial que lo proteja y fomente.

 

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

 

Artículo 119

El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia social.

 

Artículo 120

Los menores de edad, deficientes física o mentalmente, los de conducta irregular, los huérfanos y los abandonados, están sometidos a una legislación  especial de rehabilitación, vigilancia y protección según el caso.

 

Artículo 121

Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad, y en los demás casos en que legalmente proceda. El Estado brindará especial protección a los menores cuyos padres o tutores estén imposibilitados económicamente para proveer a su crianza y educación. Estos padres o tutores gozarán de preferencia, para el desempeño de cargos públicos en iguales circunstancias de idoneidad.

 

Artículo 122

La ley establecerá la jurisdicción y los tribunales especiales que conocerán de los asuntos de familia y de menores. No se permitirá el ingreso de un menor de dieciocho años a una cárcel o presidio.

 

Artículo 123

Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad social y la educación. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud,  para lo cual deberá proporcionarse, tanto a el como a su madre, cuidados especiales desde el período prenatal, teniendo derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes y servicios médicos adecuados.

 

Artículo 124

Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá trabajar antes de una edad mínima adecuada, ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud, educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Se prohíbe la utilización de los menores por sus padres y otras personas, para actos de mendicidad. La ley señalará las penas aplicables a quienes incurran en la violación de este precepto.

 

Artículo 125

Los medios de comunicación deberán cooperar en la formación y educación del niño.

 

Artículo 126

Todo niño debe en cualquier circunstancia, figurar entre los primeros que reciban auxilio, protección y socorro.

 

CAPITULO V

DEL TRABAJO

 

Artículo 127

Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

 

Artículo 128

Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las  siguientes garantías:

1. La jornada diurna ordinaria de trabajo no excederá de ocho horas diarias, ni de cuarenta y cuatro a la semana. La jornada nocturna ordinaria de trabajo no excederá de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada mixta ordinaria de trabajo no excederá de siete horas diarias ni de cuarenta y dos a la semana. Todas estas jornadas se remunerarán con un salario igual al de cuarenta y ocho horas de trabajo. La remuneración del trabajo realizado en horas extraordinarias se hará conforme a lo que dispone la ley. Estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción, muy calificados, que la ley señale.

2. A ningún trabajador se podrá exigir el desempeño de labores que se extiendan a mas de doce horas en cada período de veinticuatro horas sucesivas, salvo los casos calificados por la ley.

3. A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales. El salario deberá pagarse con moneda de curso legal.

4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley.

5. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, fijado periódicamente con intervención del Estado,  los patronos y los trabajadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar, en el orden material y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los  trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas. Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviese regulado por un contrato o convención colectiva. El salario mínimo está exento de embargo, compensación y deducciones, salvo lo dispuesto por la ley atendiendo a obligaciones familiares y sindicales del trabajador.

6. El patrono está obligado a cumplir y hacer que se cumplan en las instalaciones de sus establecimientos, las disposiciones legales sobre higiene y salubridad, adoptando las medidas de seguridad adecuadas en el trabajo, que permitan prevenir los riesgos profesionales y asegurar la integridad física y mental de los trabajadores. Bajo el mismo régimen de previsión quedan sujetos los patronos de explotaciones agrícolas. Se establecerá una protección especial para la mujer y los menores.

7. Los menores de diez y seis años y los que hayan cumplido esa edad y sigan sometidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en trabajo alguno. No obstante, las autoridades de trabajo podrán autorizar su ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos, de sus padres o de sus hermanos y siempre que ello no impida cumplir con la educación obligatoria. Para los menores de diecisiete años la jornada de trabajo que deberá ser diurna, no podrá exceder de seis horas ni de treinta a la semana, en cualquier clase de trabajo.

8. El trabajador tendrá derecho a disfrutar cada año de un período de vacaciones remuneradas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley. En todo caso, el trabajador tendrá derecho al pago en efectivo de las vacaciones causadas y de las proporcionales correspondientes al período trabajado. Las vacaciones no podrán compensarse por dinero, ni acumularse y el patrono esta obligado a otorgarlas al trabajador y éste a disfrutarlas. La ley regulará estas obligaciones y señalará los casos de excepción permitidos  para acumular y compensar vacaciones.

9. los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días feriados que señale la ley. Esta determinará la clase de labores en que no regirá esta disposición pero en estos casos los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria. 10. Se reconoce el derecho de los trabajadores al pago del séptimo día; los trabajadores permanentes recibirán, además, el pago del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo. La ley regulará las modalidades y forma de aplicación de estas disposiciones.

11. La mujer tiene derecho a descanso antes y después del parto, sin pérdida de su trabajo ni de su salario. En el período de lactancia tendrá derecho a un descanso por día para amamantar a sus hijos. El patrono no podrá dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer grávida ni después del parto, sin comprobar previamente una causa justa ante juez competente, en los casos y condiciones que señale la ley.

12. Los patronos están obligados a indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, de conformidad con la ley.

13. Se reconoce el derecho de huelga y de paro. La ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que determine.

14. Los trabajadores y los patronos tienen derecho, conforme a la ley, a asociarse libremente para los fines exclusivos de su actividad económica-social, organizando sindicatos o asociaciones profesionales.

15. El Estado tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores.

 

Artículo 129

La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.

 

Artículo 130

Se reconoce al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores habida consideración de las particularidades de su labor.

 

Artículo 131

Los trabajadores domésticos serán amparados por la legislación social. Quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, sociales y demás equiparables, serán considerados como  trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a estos.

 

Artículo 132

La ley regulará el contrato de los trabajadores de la agricultura, ganadería y silvicultura; del transporte terrestre, aéreo, del mar y vías navegables y de ferrocarriles; de las actividades petroleras y mineras; de los empleados de comercio y el de aquellos otros que se realicen dentro de modalidades particulares.

 

Artículo 133

Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora.

 

Artículo 134

Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que hayan de ponerlas en práctica.

 

Artículo 135

Las leyes laborales estarán inspiradas en la armonía entre el capital y el trabajo como factores de producción. El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo proteger al capital y al empleador.

 

Artículo 136

El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas.

 

Artículo 137

En igualdad de condiciones, los trabajadores hondureños tendrán la preferencia sobre los trabajadores extranjeros. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un noventa por ciento de trabajadores hondureños y pagar a éstos menos del ochenta y cinco por ciento del total de los salarios  que se devenguen en sus respectivas empresas. Ambas proporciones pueden modificarse en los casos excepciónales que la ley determine.

 

Artículo 138

Con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el Estado vigilará e inspeccionará las empresas, imponiendo en su caso las sanciones que establezca la ley.

 

Artículo 139

El estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.

 

Artículo 140

El Estado promoverá la formación profesional y la capacitación técnica de los trabajadores.

 

Artículo 141

La ley determinará los patronos que por el monto de su capital o el número de sus trabajadores, estarán obligados a proporcionar a éstos y a sus familias, servicios de educación, salud, vivienda o de otra naturaleza.

 

CAPITULO VI

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

Artículo 142

Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupación comprobada,  enfermedades profesionales y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de producir. El Estado creará instituciones de asistencia y previsión social que funcionarán unificadas en un sistema unitario  estatal con la aportación de todos los interesados y el mismo Estado.

 

Artículo 143

El Estado, los patronos y los trabajadores, estarán obligados a contribuir al financiamiento, mejoramiento y expansión del seguro social. El régimen de seguridad social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos.

 

Artículo 144

Se considera de utilidad pública la ampliación del régimen de seguridad social a los trabajadores de la ciudad y del campo.

 

CAPITULO VII

DE LA SALUD

 

Artículo 145

Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas.

 

Artículo 146

Corresponde al Estado por medio de sus dependencias y de los organismos constituidos de conformidad con la ley, la regulación, supervisión y control de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos.

 

Artículo 147

 La ley regulará la producción, tráfico, tenencia, donación, uso y comercialización de drogas psicotrópicas que solo podrán ser destinadas a los servicios asistenciales de salud y experimentos de carácter científico, bajo la supervisión de la autoridad competente.

 

Artículo148

Créase el Instituto Hondureño para la Previsión del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco dependencia, el que se regirá por una ley especial.

 

Artículo 149

El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinará todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados de dicho sector, mediante un plan  nacional de salud, en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados. Corresponde al Estado supervisar las actividades privadas de salud conforme a la ley.

 

Artículo 150

El Poder Ejecutivo fomentará los programas integrados para mejorar el estado nutricional de los hondureños.

 

CAPITULO VIII

DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA

 

Artículo 151

La educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país.

 

Artículo  152

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos.

 

Artículo 153

El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando al efecto los organismos administrativos y técnicos  necesarios dependientes directamente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación Pública.

 

Artículo  154

La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del estado. Es deber de todos los hondureños cooperar para el logro de este fin.

 

Artículo  155

El Estado reconoce y protege la libertad de investigación, de aprendizaje y de cátedra.

 

Artículo  156

Los niveles de la educación formal, serán determinados en la ley respectiva, excepto el nivel superior que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

 

Artículo  157

La educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el nivel superior será autorizada, organizada, dirigida y supervisada  exclusivamente por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Educación Pública, la cual administrará los centros de dicho sistema que sean totalmente financiados con fondos públicos.

 

Artículo 158

Ningún centro educativo podrá ofrecer conocimientos de calidad inferior a los del nivel que le corresponde conforme a la ley.

 

Artículo  159

La Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin menoscabo de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que sean necesarias para que la programación general de la educación nacional se integre en un sistema coherente, a fin de que los educandos respondan adecuadamente a los requerimientos de la educación superior.

 

Artículo  160

(Interpretado parr.4 por dec.160-82; Gaceta No.24035 del 16/junio/83)

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales. Deberá  programar su participación en la transformación de la sociedad hondureña. La ley y sus estatutos fijaran su organización, funcionamiento y atribuciones. Para la creación y funcionamiento de universidades privadas, se emitirá una ley especial de conformidad con los principios que esta Constitución establece. Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter  académico otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la única facultada para resolver sobre las incorporaciones de profesionales egresados de universidades extranjeras. solo las personas que ostenten título válido podrán ejercer actividades profesionales. Los títulos que no tengan carácter universitario y cuyo otorgamiento corresponda al Poder Ejecutivo tendrán validez legal.

 

Artículo 161

El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una asignación privativa anual no menor del seis por ciento del presupuesto de ingresos netos de la República, excluidos los préstamos y donaciones. La Universidad Nacional Autónoma está exonerada de toda clase de impuestos y contribuciones.

 

Artículo  162

Por su carácter informativo y formativo, la docencia tiene una función social y humana que determina para el educador responsabilidades científicas y morales frente a sus discípulos, a la institución en que labore y a la sociedad.

 

Artículo  163

La formación de docentes es función y responsabilidad exclusiva del Estado; se entenderá como docente a quien administra, organiza, dirige, imparte o supervisa la labor educativa y que sustenta como profesión  el magisterio.

 

Artículo 164

Los docentes en servicio en las escuelas primarias, estarán exentos de toda clase de impuestos sobre los sueldos que devengan y sobre las cantidades que ulteriormente perciban en concepto de jubilación.

 

Artículo  165

La ley garantiza a los profesionales en ejercicio de la docencia su estabilidad en el trabajo, un nivel de vida acorde con su elevada misión y una jubilación justa. Se emitirá el correspondiente Estatuto del Docente Hondureño.

 

Artículo  166

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a fundar centros educativos dentro del respeto a la Constitución y la ley. Las relaciones de trabajo entre los docentes y propietarios de las instituciones privadas, estarán  regidas por las leyes educativas, sin perjuicio de los beneficios que se deriven de la legislación laboral.

 

Artículo  167

Los propietarios de fincas, fábricas y demás centros de producción en áreas rurales, están obligados a establecer y sostener escuelas de educación básica, en beneficio de los hijos de sus trabajadores permanentes, siempre que el número de niños en edad escolar exceda de treinta y en las zonas fronterizas exceda de veinte.

 

Artículo  168

La enseñanza de la Constitución de la República, de la historia y geografía nacionales, es obligatoria y estará a cargo de profesionales hondureños.

 

Artículo 169

El Estado sostendrá y fomentará la educación de los minusválidos.

 

Artículo  170

El Estado impulsará el desarrollo de la educación extraescolar por medio de bibliotecas, centros culturales y toda forma de difusión.

 

Artículo  171

La educación impartida oficialmente será gratuita y la básica será además, obligatoria y totalmente costeada por el Estado. El Estado establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición.

 

Artículo  172

Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la nación. La ley establecerá las normas que servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, en su caso. Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción. Los sitios de belleza natural, monumentos y zonas reservadas, estarán bajo la protección del Estado.

 

Artículo  173

El Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías.

 

Artículo  174

El Estado propiciará la afición y el ejercicio de la cultura física y los deportes.

 

Artículo  175

El Estado promoverá y apoyará la divulgación de producciones de autores nacionales o extranjeros que siendo legítimas creaciones filosóficas, científicas o literarias contribuyan al desarrollo nacional.

 

Artículo  176

Los medios de comunicación social del Estado se hallan al servicio de la educación y la cultura. Los medios de comunicación privados están obligados a coadyuvar para la consecución de dichos fines.

 

Artículo  177

Se establece la colegiación profesional obligatoria. La ley reglamentará su organización y funcionamiento.

 

CAPITULO IX

DE LA VIVIENDA

 

Artículo  178

Se reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna. El Estado formulará y ejecutará programas de vivienda de interés social.

 

Artículo  179

El Estado promoverá, apoyará y regulará la creación de sistemas y mecanismos para la utilización de los recursos internos y externos a ser canalizados hacia la solución del problema habitacional.

 

Artículo  180

Los créditos y préstamos internos o externos que el Estado obtenga para fines de vivienda serán regulados por la ley en beneficio del usuario final del crédito.

 

Artículo  181

Créase el "Fondo Social para la Vivienda", cuya finalidad será el desarrollo habitacional en las áreas urbana y rural. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento.

 

TITULO IV

DE LAS GARANTIAS

CONSTITUCIONALES

 

CAPITULO I

DEL HABEAS HÁBEAS Y EL

AMPARO

 

Artículo  182

El Estado reconoce la garantía de habeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla:

1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y,

2. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.

 

La acción de habeas corpus se ejercerá sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libres de costas.

 

Los jueces o magistrados no podrán desechar la acción de habeas corpus y tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personal.

 

Los tribunales que dejaren de admitir estas acciones incurrirán en responsabilidad penal y administrativa. Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal.

 

Artículo  183

El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y, 2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. el recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley.

 

CAPITULO II

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

Y LA REVISIÓN

 

Artículo  184

Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

 

Artículo  185

La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:

1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia;

2. Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y,

3. También el juez o tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad antes de dictar resolución.

 

En este caso y en el previsto por el numeral anterior, se suspenderán los procedimientos elevándose las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia.

 

Artículo  186

Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época en favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Este recurso se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia. La ley reglamentará los casos y la forma de revisión.

 

CAPITULO III

DE LA RESTRICCIÓN O LA

SUSPENSIÓN DE DERECHOS

 

Artículo  187

El ejercicio de los derechos establecidos en los Artículo 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103, podrán suspenderse en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de  cualquier otra calamidad general, por el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, por medio de un decreto que contendrá:

1. Los motivos que lo justifiquen;

2. La garantía o garantías que se restrinjan;

3.El territorio que afectará la restricción; y,

4. El tiempo que durará ésta. Además se convocará en el mismo decreto al Congreso Nacional para que dentro del plazo de treinta días, conozca de dicho decreto y lo ratifique, modifique o impruebe.

 

En caso que estuviere reunido, conocerá inmediatamente del decreto.

La restricción de garantías no podrá exceder de un plazo de cuarenta y cinco días por cada vez que se decrete.

 

Si antes de que venza el plazo señalado para la restricción, hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, se hará cesar en sus efectos, y en este caso todo ciudadano tiene el derecho para instar su revisión. Vencido el plazo de cuarenta y cinco días, automáticamente quedan restablecidas las garantías, salvo que se hubiere dictado nuevo decreto de restricción. La restricción de garantías decretada, en modo alguno afectará el funcionamiento de los organismos del Estado, cuyos miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les conceda la ley.

 

Artículo  188

El territorio en que fuesen suspendidas las garantías expresadas en el Artículo anterior, se regirá durante la suspensión, por la ley de estado de sitio, pero ni en dicha ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de otras garantías que las ya mencionadas.

 

Tampoco podrá hacerse, durante la suspensión, declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.

 

TITULO V

DE LOS PODERES DEL ESTADO

 

CAPITULO I

DEL PODER LEGISLATIVO

 

Artículo  189

El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que serán elegidos por sufragio directo. Se reunirá en sesiones ordinarias en la capital de la República el veinticinco de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria, y clausurará sus sesiones el treinta y uno de octubre del mismo año. Las sesiones podrán prorrogarse por el tiempo que fuere  necesario por resolución del Congreso, a iniciativa de uno o más de sus miembros, o a solicitud del Poder Ejecutivo. Los recesos serán establecidos en el reglamento interior.

 

Artículo  190

El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias:

1.Cuando lo solicite el Poder Ejecutivo;

2. Cuando sea convocado por su comisión permanente; y,

3. Cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros.

 

En estos casos solo tratará los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria.

 

Artículo  191

Un número de cinco Diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones.

 

Artículo  192

Para la instalación del Congreso Nacional y la celebración de sus sesiones será suficiente la mitad más uno de sus miembros.

 

Artículo  193

Ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares podrá impedir la instalación del Congreso, la celebración de las sesiones o decretar su disolución.

La contravención de este precepto constituye delito contra los poderes del estado.

 

Artículo  194

El veintiuno de enero se reunirán los Diputados en juntas preparatorias, y con la concurrencia de cinco por lo menos, se organizará la directiva provisional.

 

Artículo  195

El veintitrés de enero se reunirán los Diputados en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad. El Presidente del Congreso Nacional ejercerá sus funciones por un período de cuatro años y será el presidente de la comisión permanente. El resto de la directiva durará dos años en sus funciones.

 

Artículo  196

Los Diputados serán elegidos por un período de cuatro años, contados desde la fecha en que se instale solemnemente el congreso nacional. En caso de falta absoluta de un Diputado terminará su período el suplente llamado por el Congreso Nacional.

 

Artículo  197

Los Diputados están obligados a reunirse en asamblea en las fechas señaladas por esta Constitución, y asistir a todas las sesiones que celebre el Congreso Nacional, salvo incapacidad debidamente comprobada. Los Diputados que con su inasistencia o abandono injustificados de las sesiones, dieren motivo a que no se forme el quórum, o se desintegre éste, serán expulsados del Congreso y perderán por un período de diez años el derecho de optar a cargos públicos.

 

Artículo  198

Para ser elegido Diputado se requiere:

1. Ser hondureño por nacimiento;

2.Haber cumplido veintiún años de edad;

3. Estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos;

4. Ser del estado seglar; y,

5. Haber nacido en el departamento por el cual se postula o haber residido en él por lo menos los últimos cinco años anteriores a la fecha de convocatoria a elecciones.

 

Artículo  199

(“Reformado por dec.163-82; y dec.248-89;)"Gaceta no.26038 del 18/enero/90)

No pueden ser elegidos Diputados: 1. El presidente y los designados a la presidencia de la República; 2. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 3. Los secretarios y subsecretarios de Estado; 4. Los jefes militares con jurisdicción nacional; 5. Los titulares de los órganos superiores de dirección, gobierno y administración de las instituciones descentralizadas del Estado; 6. Los militares en servicio activo y los miembros de los cuerpos de seguridad o de cualquier otro cuerpo armado; 7.Los demás funcionarios y empleados públicos del poder ejecutivo y del Poder Judicial que determine la ley, excepto aquellos que desempeñen cargos docentes y de asistencia de salud; 8. Los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones; 9. El Procurador y Subprocurador General de la República, Contralor y Subcontralor General de la República y el  Director y Subdirector de Probidad Administrativa; 10. El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los citados en los numerales 1, 2, 4, 8 y 9 precedente, y del Secretario y Subsecretario de Estado en los Despachos de Defensa y Seguridad Pública; 11. El cónyuge y los parientes de los jefes de las zonas militares, comandantes de unidades militares, delegados militares departamentales o seccionales, delegados de los cuerpos de seguridad o de otro cuerpo armado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando fueren candidatos por el departamento donde aquellos ejerzan jurisdicción; 12. Los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios u obras públicas que se costeen con fondos del Estado y quienes, por tales conceptos, tengan cuentas pendientes con éste; 13. Los deudores morosos de la Hacienda Pública. Estas incompatibilidades e inhabilidades afectaran a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección.

 

Artículo  200

Los Diputados gozarán desde el día en que se les declare elegidos, de las siguientes prerrogativas:

1. Inmunidad personal para no ser sometidos a registros personal o domiciliario, detenidos, acusados, ni juzgados aún en estado de sitio, si el Congreso Nacional no los declara previamente con lugar a formación de causa;

2. No estar obligados a prestar servicio militar;

3. No ser responsables en ningún tiempo por sus iniciativas de ley ni por sus opiniones vertidas durante el desempeño de su cargo;

4. No ser demandados civilmente desde quince días antes hasta quince días después de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso Nacional, salvo el caso de reconvención; y,

5. Para no declarar sobre hechos que terceras personas les hubieren confiado en virtud de su investidura.

 

Asimismo, gozarán de las prerrogativas de los numerales 1 y 2 del presente Artículo los candidatos a Diputados desde el día en que sean nominados por sus respectivos partidos políticos.

 

Quienes quebranten estas disposiciones incurrirán en responsabilidad penal.

 

Artículo  201

Los edificios e instalaciones del Congreso Nacional son inviolables. Corresponde al presidente de la directiva, o de su comisión permanente autorizar el ingreso de miembros de la fuerza pública cuando las circunstancias lo exigieren.

 

Artículo  202

(Reformado por dec.206-87; Gaceta no.25406 del 18/dic./87)

La elección de Diputados al Congreso Nacional, se hará sobre la base de un Diputado propietario y un suplente, por cada treinta y cinco mil habitantes o fracción que exceda de quince mil. En aquellos departamentos que tuvieren población menor de treinta y cinco mil habitantes, se elegirá un Diputado propietario y un Diputado suplente. El Congreso Nacional, tomando en cuenta los cambios poblacionales, podrá modificar la base para la elección de Diputados.

 

Artículo  203

Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo por el cual han sido elegidos, excepto los de carácter docente, cultural y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social. no obstante, podrán desempeñar los cargos de secretarios o subsecretarios de estado, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas, jefe de misión diplomática, consular o desempeñar misiones diplomáticas ad-hoc. En estos casos se reincorporarán al Congreso Nacional al cesar en sus funciones. Los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzcan la pérdida de la calidad de tales.

 

Artículo  204

Ningún Diputado podrá tener en arrendamiento, directa o indirectamente, bienes del Estado u obtener de este contratos o concesiones de ninguna clase. Los actos en contravención a esta disposición producirán nulidad absoluta de pleno derecho.

 

Artículo  205

(Reformado por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:

1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;

2. Convocar, suspender y cerrar sus sesiones;

3. Emitir su reglamento interior y aplicar las sanciones que en el se establezcan para quienes lo infrinjan;

4. Convocar a sesiones extraordinarias de acuerdo con esta Constitución;

5. Incorporar a sus miembros con vista de las credenciales y recibirles la promesa constitucional;

6. Llamar a los Diputados suplentes en caso de falta absoluta, temporal o de legítimo impedimento de los propietarios o cuando estos se rehúsen a asistir;

7. Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, designados a la presidencia y Diputados al Congreso Nacional, cuando el Tribunal Nacional de Elecciones no lo hubiere hecho. Cuando un mismo ciudadano resulte elegido para diversos cargos, será declarado electo para uno solo de ellos, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia; a) Presidente de la República; b) Designado a la presidencia de la República; c) Diputado al Congreso Nacional; y, ch) Miembro de la corporación municipal.

8. Aceptar o no la renuncia de los Diputados por causa justificada;

9. Elegir para el período constitucional, nueve magistrados propietarios y siete suplentes de la corte suprema de justicia y elegir su presidente;

10. Hacer la elección del jefe de las fuerzas armadas;

11. Hacer la elección del contralor y Subcontralor, Procurador y Subprocurador de la República, Director y Subdirector de Probidad Administrativa;

12. Recibir la promesa constitucional al Presidente y designados a la Presidencia de la República, declarados electos y a los demás funcionarios que elija, concederles licencia y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de falta absoluta de alguno de ellos;

13. Conceder o negar permiso al Presidente y designados a la presidencia de la República para que puedan ausentarse del país por más de quince días;

14. Cambiar la residencia de los poderes del Estado por causas graves;

15. Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente, designados a la presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, jefe de las fuerzas armadas, Secretarios y Subsecretarios de Estado, jefes de misiones diplomáticas, Contralor y Subcontralor, procurador y Subprocurador de la República y Director y Subdirector de Probidad Administrativa;

16. Conceder amnistía por delitos políticos y comunes conexos; fuera de este caso el Congreso Nacional no podrá dictar resoluciones por vía de gracia;

17. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar cargos o condecoraciones de otro Estado;

18. Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores y a los que hayan introducido nuevas industrias o perfeccionado las existentes de utilidad general;

19. Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno de la República;

20. Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y del Tribunal Nacional de Elecciones, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República e instituciones descentralizadas;

21. Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. la comparecencia a requerimiento de dichas comisiones, será obligatorio bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial;

22. Interpelar a los Secretarios de Estado y a otros funcionarios del gobierno central, organismos descentralizados, empresas estatales y cualquiera otra entidad en que tenga interés el estado, sobre asuntos relativos a la administración pública;

23. Decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito en la constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ley;

24. Conferir los grados de Mayor a General de División, a propuesta del Jefe de las Fuerzas Armadas por iniciativa del Presidente de la República;

25. Fijar el número de miembros permanentes de las Fuerzas Armadas;

26. Autorizar o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio del país;

27. Autorizar al Poder Ejecutivo la salida de tropas de las Fuerzas Armadas para prestar servicios en territorio extranjero, de conformidad con tratados y convenciones internacionales;

28. Declarar la guerra y hacer la paz;

29. Autorizar la recepción de misiones militares extranjeras de asistencia o cooperación técnica en Honduras;

30. Aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado;

31. Crear o suprimir empleos y decretar honores y pensiones por relevantes servicios prestados a la patria;

32. Aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos tomando como base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación;

33. Aprobar anualmente los presupuestos debidamente desglosados de ingresos y egresos de las instituciones descentralizadas;

34. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional y el patrón de pesas y medidas; 35. Establecer impuestos y contribuciones así como las cargas públicas;

36. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo; para efectuar la contratación de empréstitos en el extranjero o de aquellos que, aunque convenidos en el país hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea probado por el Congreso Nacional;

37. Establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social;

38. Aprobar o improbar finalmente las cuentas de los gastos públicos tomando por base los informes que rinda la Contraloría General de la República y las observaciones que a los mismos formule el Poder Ejecutivo;

39. Reglamentar el pago de la deuda nacional, a iniciativa del Poder Ejecutivo;

40. Ejercer el control de las rentas públicas;

41. Autorizar al Poder Ejecutivo para enajenar bienes nacionales o su aplicación a uso público;

42.Autorizar puertos; crear y suprimir aduanas y zonas libres a iniciativas del Poder Ejecutivo;

43. Reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo;

44. Establecer los símbolos nacionales; y,

45. Ejercer las demás atribuciones que le señale esta Constitución y las leyes.

 

Artículo  206

Las facultades del Poder Legislativo son indelegables excepto la de recibir la promesa constitucional a los altos funcionarios del gobierno, de acuerdo con esta Constitución.

 

Artículo  207

La directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, designará de su seno, nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes quienes formaran la comisión permanente en receso del Congreso Nacional.

 

Artículo  208

(Interpretado num.2 por dec.169-86; Gaceta no.25097 del 10/dic./86)

Son atribuciones de la comisión permanente:

1. Emitir su reglamento interior;

2. Emitir dictamen y llenar los otros tramites en los negocios que hubieren quedado pendientes, para  que  puedan   ser   considerados 

en la subsiguiente legislatura;

3. Preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país;

4. Recibir del Poder Ejecutivo los decretos emitidos en los últimos diez días de sesiones del Congreso Nacional, debidamente sancionados;

5. Recibir las denuncias de violación a esta Constitución;

6. Mantener bajo su custodia y responsabilidad el archivo del Congreso Nacional;

7. Publicar una edición de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Congreso Nacional en sus anteriores sesiones, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del mismo;

8. Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera;

9. Recibir del Poder Ejecutivo la documentación e información relativa a convenios económicos, operaciones crediticias o empréstitos que  dicho Poder  proyecte  celebrar,  autorizar  o  contratar  a   efecto   de   informar  circunstancialmente al Congreso Nacional en sus sesiones próximas;

10. Presentar al Congreso Nacional un informe detallado de sus trabajos durante el período de gestión;

11. Elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional;

12. Llamar a integrar a otros Diputados por falta de los miembros de la comisión; 13.Conceder o negar permiso al Presidente y designados a la Presidencia de la República por mas de quince días para ausentarse del país;

14.  Nombrar las comisiones especiales que sea necesario, integradas por miembros del Congreso Nacional;

15. Las demás que le confiere la Constitución.

 

Artículo  209

Créase la Pagaduría Especial del Poder Legislativo, la que atenderá el pago de todos los gastos del ramo.

 

Artículo  210

La Pagaduría Especial del Poder Legislativo estará bajo la dependencia inmediata de la directiva del Congreso Nacional, o en su caso de la comisión permanente. corresponde a la directiva del Congreso Nacional el nombramiento del pagador, quien deberá rendir caución de conformidad con la ley.

 

Artículo  211

El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República, los fondos presupuestados por el Poder Legislativo para su funcionamiento.

 

Artículo  212

La Tesorería General de la República, acreditará por trimestres anticipados los fondos necesarios para atender los gastos del Congreso Nacional.

 

CAPITULO II

DE LA FORMACIÓN, SANCION Y

PROMULGACIÓN DE LA LEY

 

Artículo  213

Tienen exclusivamente la iniciativa de ley los Diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Nacional de Elecciones, en asuntos de su competencia.

 

Artículo  214

Ningún proyecto de ley será definitivamente votado sino después de tres debates efectuados en distintos días, salvo el caso de urgencia calificada por simple mayoría de los Diputados presentes.

 

Artículo  215

Todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que este le de su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley. La sanción de ley se hará con esta fórmula: "Por tanto, Ejecútese".

 

Artículo  216

Si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso Nacional, dentro de diez días, con esta fórmula: "Vuelva al Congreso", exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley. Cuando el Ejecutivo devolviere el proyecto, el Congreso Nacional lo someterá a nueva deliberación, y si fuere ratificado por dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Poder Ejecutivo, con esta fórmula: "Ratificado Constitucionalmente" y, éste lo publicará sin tardanza. Si el veto se fundare en que el proyecto de ley es inconstitucional, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte Suprema de Justicia; ésta emitirá su dictamen en el término que el Congreso Nacional le señale.

 

Artículo  217

(Interpretado por dec.169-86; Gaceta no.25097 del 10/dic./86)

Cuando el Congreso Nacional vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones y el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a darle aviso inmediatamente para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la fecha en que el Congreso recibió el proyecto, y no haciéndolo, deberá remitir éste, en los ocho primeros días de las sesiones del Congreso subsiguiente.

 

Artículo  218

No será necesaria la sanción, ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes:

1. En las elecciones que el Congreso Nacional haga o declare, o en las renuncias que admita o rechace;

2. En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa;

3. En los decretos que se refieren a la conducta del Poder Ejecutivo;

4. En los reglamentos que expida para su régimen anterior;

5. En los decretos que apruebe para trasladar su sede a otro lugar del territorio  de  Honduras  temporalmente o para suspender sus sesiones o para convocar a sesiones extraordinarias;

6. En la ley del presupuesto;

7. En los tratados o contratos que impruebe el Congreso Nacional; y,

8. En las reformas que se decreten a la Constitución de la República.

 

En estos casos el Ejecutivo promulgará la ley con esta fórmula: "Por Tanto Publíquese".

 

Artículo  219

Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale. Esta disposición no comprende las leyes de orden político, económico y administrativo.

 

Artículo  220

Ningún proyecto de ley desechado total o parcialmente, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.

 

Artículo  221

La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial "La Gaceta" podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este Artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación.

 

CAPITULO III

DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPUBLICA

 

Artículo  222

La Contraloría General de la República es un organismo auxiliar del Poder Legislativo, con independencia funcional y administrativa, encargado exclusivamente de la fiscalización a posteriori de la Hacienda Pública, teniendo entre otras las atribuciones siguientes:

1. Verificar la administración de los fondos y bienes públicos y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que los manejen;

2. Fiscalizar la gestión financiera de las dependencias de la administración  pública, instituciones descentralizadas, inclusive las municipalidades, establecimientos gubernamentales y las entidades que se costeen con fondos del erario nacional o que reciban subvención o subsidio del mismo;

3. Examinar la contabilidad del estado y las cuentas que sobre la gestión de la hacienda pública presente el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y rendir a éste el informe correspondiente; y,

4. Ejercer las demás funciones que la ley orgánica le señale.

 

Artículo  223

(Interpretado por dec.169-86; Gaceta no.25097 del 10/dic./86)

La Contraloría General de la República estará a cargo de un Contralor y de un Subcontralor elegidos por el Congreso Nacional, quienes tendrán las mismas inhabilidades y gozarán de las mismas prerrogativas que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para ser Contralor y Subcontralor se requiere:

1. Ser hondureño por nacimiento;

2. Ser mayor de veinticinco años;

3. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos;

4. Ser de reconocida honradez y competencia; y,

5. Poseer título de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Economía, Administración Pública, Auditoría y Contaduría Pública, o Perito Mercantil y Contador Público.

 

El Contralor y Subcontralor serán electos por un período  de  cinco  años  y  no  podrán ser reelectos para el período subsiguiente.

 

Artículo  224

El Contralor y Subcontralor serán responsables ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones, y solamente podrán ser removidos por éste, cuando se les comprobare la comisión de irregularidades graves o delitos.

 

Artículo  225

La fiscalización a posteriori del Banco Central de Honduras, En lo relacionado con el manejo de fondos del Estado, será efectuada por la Contraloría  General  de  la  República,  que  rendirá  informes  sobre  tal fiscalización al Congreso Nacional. La fiscalización a posteriori de las demás instituciones de crédito que reciban fondos del estado, en cuanto a la aplicación de tales fondos en operaciones o negocios estrictamente bancarios, se ejercerá por la Superintendencia de Bancos, y en los demás casos por la Contraloría General de la República.

 

Artículo  226

La Contraloría General deberá rendir al Congreso Nacional, dentro de los primeros cuarenta días de finalizado el año económico, un informe exponiendo la labor realizada durante dicho año, con exposición de opiniones y sugerencias que consideren necesarias para lograr mayor eficiencia en el manejo y control de los fondos y bienes públicos. Este informe, del cual simultáneamente se enviará copia al  Presidente  de la República, deberá ser publicado por la Contraloría General en forma detallada o en resumen, exceptuando lo relacionado con secretos militares y otros aspectos que pudieran afectar la seguridad nacional. lo anterior no obsta para que la Contraloría General le presente informes especiales al Congreso Nacional y en determinados casos también simultáneamente al Presidente de la República.

 

Artículo  227

Todos los aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República serán determinados por la ley.

 

CAPITULO IV

DE LA PROCURADURÍA GENERAL

DE LA REPUBLICA

 

Artículo  228

La Procuraduría General de la República tiene la representación legal del Estado, su organización y funcionamiento serán determinados por la ley.

 

Artículo  229

(Interpretado por dec.169-86; Gaceta no.25097 del 10/dic./86)

El Procurador y Subprocurador General de la República serán elegidos por el Congreso Nacional por cuatro años, y no podrán ser reelegidos para un período subsiguiente, deberán reunir las mismas condiciones y tendrán las mismas prerrogativas e inhabilidades establecidas en esta Constitución para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

 

Artículo  230

Las acciones civiles y criminales que resultaren de las intervenciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, serán ejercitadas por el Procurador General, excepto las relacionadas con las municipalidades que quedarán a cargo de los funcionarios que las leyes indiquen.

 

Artículo  231

El Estado asignará los fondos que sean necesarios para la adecuada organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la República. Todos los organismos de la administración pública colaborarán con el Procurador General de la República en el cumplimiento de sus atribuciones en la forma que la ley determine.

 

CAPITULO V

DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD

ADMINISTRATIVA

 

Artículo  232

La Dirección de Probidad Administrativa será un organismo de control, auxiliar del Poder Legislativo, que tendrá dependencia funcional y administrativa. La ley regulará su organización, atribuciones y  funcionamiento.

 

Artículo  233

Se presume enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del capital del funcionario o empleado público, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. Igualmente se presumirá enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no autorizare la investigación de sus depósitos bancarios o negocios en el país o en el extranjero. Para determinar el aumento a que se refiere el párrafo primero de este Artículo, se considerarán en conjunto el capital y los ingresos del funcionario o empleado, el de su cónyuge y el de sus hijos. La declaración de bienes de los funcionarios y empleados públicos, se hará de conformidad con la ley. Cuando fuere absuelto el servidor público tendrá derecho a reasumir su cargo.

 

Artículo  234

El Director y Subdirector General de Probidad Administrativa serán elegidos por el Congreso Nacional para un período de cinco años, y deberán reunir los mismos requisitos establecidos para los cargos de Contralor y Subcontralor de la República.

 

CAPITULO VI

DEL PODER EJECUTIVO

 

Artículo  235

El Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para beneficio del pueblo, el Presidente de la República.

 

Artículo  236

El Presidente de la República y tres designados a la presidencia, Serán electos conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos. La elección será declarada por el Tribunal Nacional de Elecciones, y en su defecto, por el Congreso Nacional o por la Corte Suprema de Justicia en su caso.

 

Artículo  237

El período presidencial será de cuatro años y empezará el veintisiete de enero siguiente a la fecha en que se realizo la elección.

 

Artículo  238

Para ser Presidente de la República o designado a la presidencia, se requiere:

1. Ser hondureño por nacimiento;

2. ser mayor de treinta años;

3. Estar en el goce de los derechos del ciudadano; y,

4. Ser del Estado seglar.

 

Artículo  239

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

 

Artículo  240

No pueden ser elegidos Presidente de la República:

1. Los designados a la presidencia de la República, Secretarios y Subsecretarios de Estado, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Magistrados y jueces del Poder Judicial, presidentes, vicepresidentes, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, secretarios ejecutivos de instituciones descentralizadas, Contralor y Subcontralor General de la República, Procurador y Subprocurador General de la República, Director y Subdirector de Probidad Administrativa, que hayan ejercido sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de elección del Presidente de la República;

2. Los oficiales jefes y oficiales generales de las fuerzas armadas;

3. Los jefes superiores de las fuerzas armadas y cuerpos de policía o de seguridad del Estado;

4. Los militares en servicio activo y los miembros de cualquier otro cuerpo armado que hayan ejercido sus funciones durante los últimos doce meses anteriores a la fecha de la elección;

5. El cónyuge y los parientes de  los jefes  militares,  miembros

del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

6. Los parientes del presidente y de los designados que hubieren ejercido la presidencia en el año precedente a la elección, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

7. Los representantes o apoderados de empresas concesionarias del Estado, los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios y obras públicas que se costeen con fondos nacionales, y quienes por tales conceptos tengan cuentas pendientes con el Estado.

 

Artículo  241

El Presidente de la República, o quien ejerza sus funciones, no podrá ausentarse del territorio nacional por mas de quince días sin permiso del Congreso Nacional o de su comisión permanente.

 

Artículo  242

(Interpretado por dec.169-86; Gaceta no.25097 del 10/dic./86)

Si la falta del presidente fuere absoluta, el designado que elija al efecto el Congreso Nacional ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falte para terminar el período constitucional pero si también faltaren de modo absoluto los tres designados, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional, y a falta de este ultimo, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia por el tiempo que faltare para terminar el periodo constitucional en sus ausencias temporales, el presidente podrá llamar a uno de los designados para que lo sustituya. Si la elección del presidente y designados no estuviere declarada un día antes del veintisiete de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Ministros, el que deberá convocar a elecciones de autoridades supremas, dentro de los quince días subsiguientes a dicha fecha. Estas elecciones se practicarán dentro de un plazo no menor de cuatro ni mayor de seis meses, contados desde la fecha de la convocatoria. Celebradas las elecciones, el Tribunal Nacional de Elecciones, o en su defecto el Congreso Nacional, o la Corte Suprema de Justicia, en su caso, hará la declaratoria correspondiente, dentro de los veinte días subsiguientes a la fecha de la elección, y los electos tomarán inmediatamente posesión de sus cargos hasta completar el período constitucional correspondiente. Mientras las nuevas autoridades  supremas  electas  toman  posesión  de  sus  respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones, los Diputados al Congreso Nacional y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

 

Artículo  243

Si al iniciar el período constitucional para el cual ha sido electo, el Presidente no se presentare, por mientras éste se presenta ejercerá el Poder Ejecutivo el designado a la presidencia electo  por el  Congreso

Nacional.

 

Artículo  244

La promesa de ley del Presidente de la República o del sustituto legal de éste, Será presentada ante el Presidente del Congreso Nacional, si estuviere reunido, y en su defecto ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En caso de no poder presentarla ante los funcionarios antes mencionados podrá hacerlo ante cualquier juez de letras o de paz de la República.

 

Artículo  245

(Reformado num.37 por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

El Presidente de la República tiene la administración general del Estado; son sus atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y convenciones, leyes y demás disposiciones legales;

2.Dirigir la política general del Estado y representarlo;

3. Mantener incólume la independencia y el honor de la República, la integridad e inviolabilidad del territorio nacional;

4. Mantener la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior;

5.Nombrar y separar libremente a los secretarios y subsecretarios de Estado, y a los demás  funcionarios y  empleados  cuyo  nombramiento  no esté atribuido a otras autoridades;

6. Excitar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias por medio de la comisión permanente o proponerle la prórroga de las ordinarias;

7. Restringir o suspender el ejercicio de derechos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, con sujeción a lo establecido en esta Constitución;

8. Dirigir mensajes al Congreso Nacional en cualquier época, y obligatoriamente en forma personal y por escrito al instalarse cada legislatura ordinaria;

9. Participar en la formación de las leyes presentando proyectos al Congreso Nacional por medio de los secretarios de Estado;

10. Dar a los Poderes Legislativo, Judicial y Tribunal Nacional de Elecciones, los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus resoluciones;

11. Emitir acuerdos y decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme a la ley; 12.Dirigir la política y las relaciones internacionales;

13. Celebrar tratados y convenios, ratificar, previa aprobación del Congreso Nacional, los tratados internacionales de carácter político, militar, los  relativos  al  territorio   nacional,  soberanía   y    concesiones,   los    que   impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o los que requieran modificación o derogación de alguna disposición constitucional o legal y los que necesiten medidas  legislativas  para  su  ejecución;

14. Nombrar los jefes de misión diplomática y consular de conformidad con la ley del servicio exterior que se emita, quienes deberán ser hondureños por nacimiento, excepto si se trata de un cargo ad-honorem o de representaciones conjuntas de Honduras con otros Estados;

15. Recibir a los jefes de misiones diplomáticas extranjeras, a los representantes de organizaciones  internacionales, expedir y retirar el exequátur a los cónsules de otros Estados;

16. Ejercer el mando en jefe de las fuerzas armadas en su carácter de comandante general, y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República;

17. Declarar la guerra y hacer la paz en receso del Congreso Nacional, el cual deberá ser convocado inmediatamente;

18. Velar en general, por la conducta oficial de  los  funcionarios  y  empleados  públicos para la seguridad y prestigio del gobierno y del Estado;

19. Administrar la Hacienda Pública;

20. Dictar medidas  extraordinarias  en  materia  económica  y  financiera cuando  así  lo requiera el interés nacional, debiendo dar cuenta al Congreso Nacional;

21. Negociar empréstitos, efectuar su contratación previa aprobación del Congreso Nacional cuando corresponda;

22. Formular el plan nacional de desarrollo, discutirlo en Consejo de Ministros, someterlo a la aprobación del Congreso Nacional, dirigirlo y ejecutarlo;

23. Regular las tarifas arancelarias de conformidad con la ley;

24. Indultar y conmutar las penas conforme a la ley;

25. Conferir condecoraciones conforme a la ley;

26. Hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su inversión con arreglo a la ley;

27. Publicar trimestralmente el estado de ingresos y egresos de la renta publica; 28.Organizar, dirigir, orientar y fomentar la educación pública, erradicar el analfabetismo, difundir y perfeccionar la educación técnica;

29.Adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes;

30. Dirigir la política económica y financiera del Estado;

31. Ejercer vigilancia y control de las instituciones bancarias, aseguradoras y financieras por medio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuya integración y funcionamiento se regirá en virtud de una ley especial y nombrar los presidentes y vicepresidentes de los bancos del Estado, conforme a la ley;

32. Dictar todas las medidas y disposiciones que estén a su alcance para promover la rápida ejecución de la reforma agraria y el desarrollo de la producción y la productividad en el agro;

33.Sancionar, vetar, promulgar y publicar  las  leyes  que  apruebe  el  Congreso

Nacional;

34. Dirigir y apoyar la política de integración económica y social, tanto nacional como internacional, tendiente al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo Hondureño;

35. Crear, mantener y suprimir servicios públicos y tomar las medidas que sean necesarias para el buen funcionamiento de los mismos;

36. Conferir grados militares desde subteniente hasta capitán, inclusive;

37. Velar porque el ejército sea apolítico, esencialmente profesional y obediente;

38. Conceder y cancelar cartas de naturalización, autorizadas por el poder ejecutivo, conforme a la ley;

39. Conceder pensiones, gratificaciones y aguinaldos, de acuerdo con la ley;

40. Conceder personalidad jurídica a las  asociaciones civiles de conformidad con la ley;

41. Velar por la armonía entre el capital y el trabajo;

42. Revisar y fijar el salario mínimo de conformidad con la ley;

43. Permitir o negar, previa autorización del Congreso Nacional, el tránsito por el territorio de Honduras de tropas de otro país;

44. Permitir, previa autorización del Congreso Nacional, la  salida  de  tropas hondureñas  a  prestar  servicios  en  territorio  extranjero,  de conformidad con los tratados y convenciones internacionales para operaciones sobre el mantenimiento de la paz; y,

45. Las demás que le confiere la constitución y las leyes.

 

CAPITULO VII

DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO

 

Artículo  246

(Reformado por dec.161-86; 153-88; y 122-90; Gac.26296 del 23/nov./90)

Para la administración general del país habrá por lo menos doce Secretarías de Estado, entre las cuales se distribuirán los ramos de Gobernación y Justicia, Despacho Presidencial, Relaciones Exteriores, Economía y Comercio, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional y Seguridad Pública, Trabajo y Asistencia Social, Salud Pública, Educación Pública, Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, Cultura y Turismo, Recursos Naturales y las demás que se crearen de acuerdo con la ley.

 

Artículo  247

Los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración publica nacional, en el área de su competencia.

 

Artículo  248

Los decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República, deberán ser autorizadas por los Secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los Subsecretarios en su caso. Sin estos requisitos no tendrá fuerza legal. Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios, serán solidariamente responsables con el Presidente de la República por los actos que autoricen. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros, serán responsables los ministros presentes, a menos que hubieren razonado su voto en contra.

 

Artículo  249

 

Para ser secretario o subsecretario se requieren los mismos requisitos para ser Presidente de la República. los subsecretarios sustituirán a los secretarios por ministerio de ley.

 

Artículo  250

(Reformado num.1 por dec.207-87; y 248-89; Gaceta no.26038 del 18/enero/90)

No pueden ser Secretarios y Subsecretarios de Estado:

1. Los designados a la Presidencia de la República, los parientes del Presidente y de los designados, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo  de afinidad;

2. Los que hubieran administrado o recaudado valores públicos, mientras no tengan el finiquito de solvencia de su cuenta;

3. Los deudores morosos de la Hacienda Pública; y,

4. Los concesionarios del Estado, sus apoderados o representantes para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios y obras públicas que se costeen con fondos del Estado, y quienes por tales conceptos tengan cuentas pendientes con éste.

 

Artículo  251

El Congreso Nacional puede llamar a los Secretarios de Estado y éstos deben contestar las interpelaciones que se les hagan, sobre asuntos referentes a la administración publica.

 

Artículo  252

El Presidente de la República convoca y preside el Consejo de Ministros. Todas las resoluciones del Consejo se tomarán por simple mayoría y en caso de empate, el Presidente tendrá doble voto el Consejo se reunirá por iniciativa del Presidente para tomar resolución en todos los asuntos que juzgue de importancia nacional y para conocer de los casos que señale la ley. Actuará como secretario, el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia.

 

Artículo  253

Es incompatible con la función de Secretario de Estado, El ejercicio de otro cargo público, Salvo el caso en que las leyes le asignen otras funciones son aplicables a los  Secretarios  de Estado, en  lo conducente, las reglas, prohibiciones y sanciones establecidas en los Artículo 203 y 204.

 

Artículo  254

Los Secretarios de Estado deben presentar anualmente al Congreso Nacional dentro de los primeros quince días de su instalación, un informe de los trabajos realizados en sus respectivos despachos.

 

Artículo  255

Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter general, serán publicados en el diario oficial "La Gaceta" y su validez se regulará conforme a lo dispuesto en esta Constitución para la vigencia de la ley.

 

CAPITULO VIII

DEL SERVICIO CIVIL

 

Artículo  256

El régimen de servicio civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos. El Estado protegerá a sus servidores dentro de la carrera administrativa.

 

Artículo  257

La ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración publica; las promociones y ascensos a base de méritos y aptitudes; la garantía de permanencia, los traslados, suspensiones y garantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten.

 

Artículo  258

Tanto en el gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o mas cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.

 Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo  259

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los funcionarios y empleados de las instituciones descentralizadas y municipales.

 

CAPITULO IX

DE LAS INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS

 

 

Artículo  260

Las instituciones descentralizadas solamente podrán crearse mediante ley especial y siempre que se garantice:

1. La  mayor  eficiencia  en  la  administración  de   intereses  nacionales;

2. La  satisfacción  de necesidades colectivas de servicio publico, sin fines de lucro;

3. La mayor efectividad en el cumplimiento de los fines de la administración pública;

4. La justificación económica, administrativa, del costo de su funcionamiento, del rendimiento o utilidad esperados o en su caso, de los ahorros previstos;

5. La exclusividad de la competencia, de modo tal que su creación no supone duplicación con otros órganos de la administración pública ya existentes;

6. El aprovechamiento y explotación de bienes o recursos pertenecientes al estado; la participación de este en aquellas áreas de actividades económicas que considere necesarias y convenientes para cumplir sus fines de progreso  social  y  bienestar  general;

7.  El régimen jurídico general de las instituciones descentralizadas se establecerá mediante la ley general de la administración publica que se emita.

 

Artículo  261

Para crear o suprimir un organismo descentralizado, El Congreso Nacional resolverá por los dos tercios de votos de sus miembros.

 

Previa la emisión de leyes relativas a las instituciones descentralizadas, el Congreso Nacional deberá solicitar la opinión del Poder Ejecutivo.

 

Artículo  262

Las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa, y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley.

 

Las instituciones descentralizadas funcionarán bajo la dirección y supervisión del Estado y sus presidentes, directores o gerentes responderán por su gestión. La ley establecerá los mecanismos de control necesarios sobre las instituciones descentralizadas.

 

Artículo  263

(Reformado por dec.207-87; Gaceta no.25406 del 18/dic./87)

No podrán ser presidentes, gerentes generales, directores generales de las instituciones descentralizadas:

1. Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y,

2. Los designados a la Presidencia de la República ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

Artículo  264

Los presidentes, directores generales y gerentes de los organismos descentralizados del Estado durarán hasta cuatro años en sus funciones y su forma de nombramiento y remoción será de conformidad con las respectivas leyes de creación de las mismas.

 

Artículo  265

Son funcionarios de confianza del Ejecutivo, los que a cualquier título ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. La modalidad, contenido y alcances de dichos regímenes se normarán por las leyes, reglamentos y convenios colectivos pertinentes.

 

Artículo  266

Las instituciones descentralizadas someterán al gobierno central, el plan operativo correspondiente al ejercicio de que se trate, acompañando un informe descriptivo y analítico de cada una de las actividades específicas fundamentales a cumplir, juntamente con un presupuesto integral para la ejecución del referido plan. La Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de Planificación Económica, elaborarán por separado  dictámenes  con  el  objeto  de  determinar la congruencia de tales documentos con los planes de desarrollo aprobados. Una vez aprobados por el Presidente de la República los dictámenes serán remitidos a las instituciones descentralizadas a que correspondan. Los órganos directivos de las instituciones descentralizadas no aprobarán ni el plan ni el presupuesto anual, en tanto no se incorporen a los mismos las modificaciones propuestas en el respectivo dictamen.

 

Artículo  267

(Reformado por dec.58-86 del 22/abril/86)

Los organismos descentralizados del Estado enviarán al Poder Legislativo dentro de los primeros treinta días de su instalación, los respectivos anteproyectos desglosados anuales de presupuesto para su aprobación.

 

Artículo  268

Las instituciones descentralizadas deberán presentar al gobierno central un informe detallado de los resultados líquidos de las actividades financieras de su ejercicio económico anterior. Igualmente   deberán presentar un informe sobre el progreso físico y financiero de todos los programas y proyectos en ejecución. La Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de Planificación Económica, evaluarán los resultados de la gestión de cada entidad descentralizada y harán las observaciones y recomendaciones pertinentes.

 

Artículo  269

El Poder Ejecutivo podrá disponer por medio del conducto correspondiente, de las utilidades netas de las instituciones descentralizadas que realicen actividades económicas, cuando no afecten el desarrollo de las mismas ni la ejecución de sus programas o proyectos prioritarios.

 

Artículo  270

La ley señalará los contratos que deben ser sometidos a licitación pública por las instituciones descentralizadas.

 

Artículo  271

Cualquier modificación sustancial al plan operativo y al presupuesto de una institución descentralizada, requerirá previamente el dictamen favorable del consejo superior de planificación económica y de la Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO X

DE LAS FUERZAS ARMADAS

 

Artículo  272

(Reformado por dec.136-95, Gaceta 27835 de 19/dic/1995)

Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y  no  deliberante. 

 

Se  instituyen  para  defender  la  integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

 

Artículo  273

(Reformado por dec.136-95, Gaceta 27835 de 19/dic/1995)

Las Fuerzas Armadas estarán integradas por el alto mando, ejército, fuerza aérea, fuerza naval, fuerza de seguridad pública, los organismos y dependencias que determine su ley constitutiva.

 

Artículo  274

Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con el poder ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria y situaciones de emergencia.

 

Artículo  275

Una ley especial regulará el funcionamiento de los tribunales militares.

 

Artículo 0276

(Reformado por dec.24-94; Gaceta no.27360 del 30/mayo/94)

El servicio militar es obligatorio para los ciudadanos entre los 18 y 30 años de edad. una ley especial regulara su funcionamiento. en caso de guerra internacional, son soldados  todos los  hondureños  capaces de prestar servicios, sin discriminación alguna.

 

Artículo  277

(Reformado por dec.163-82; gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

Las fuerzas armadas estarán bajo el mando directo del jefe de las Fuerzas Armadas; por su intermedio, ejercerá el Presidente de la República la función constitucional que le corresponde respecto a las  mismas, de acuerdo con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo  278

(Reformado por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

Las órdenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del jefe de las mismas, deberán ser acatadas y ejecutadas.

 

Artículo  279

(Reformado por dec.163-82; y 189-86, gac. no.25087 de 28/nov./86)

El jefe de las Fuerzas Armadas, deberá ser un oficial general o superior con el grado de coronel de las armas o su equivalente, en servicio activo, hondureño de nacimiento y será elegido por el Congreso Nacional de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Durará en sus funciones cinco años y solo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional, cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa por dos tercios de votos de sus miembros; y en los demás casos previstos por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. No podrá ser elegido jefe de las Fuerzas Armadas ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

Artículo  280

(Reformado por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

El jefe de las Fuerzas Armadas, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso Nacional, la promesa legal correspondiente a todo funcionario público.

 

Artículo  281

(Reformado por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

En caso de ausencia temporal del jefe de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el jefe del estado mayor general de las Fuerzas Armadas. En caso de ausencia definitiva, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas propondrá, dentro de los quince días siguientes, la terna de candidatos para que el Congreso Nacional elija a quien ha de llenar la vacante por el resto del período para el cual aquel hubiere sido electo. Mientras se produce la elección, llenará la vacante el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo  282

(Reformado por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

Los nombramientos del personal de las Fuerzas Armadas, los hará el jefe de las Fuerzas Armadas, por medio de la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública.

 

Artículo  283

(Reformado por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas es una dependencia de la jefatura de las mismas y tendrá las funciones que la ley indique.

 

Artículo  284

(Reformado por dec.163-82; Gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

El territorio de la República se dividirá en regiones militares por razones de seguridad nacional y cada una estará a cargo de un jefe de región militar. Cada región funcionara de acuerdo a las disposiciones de la ley respectiva y podrá ser dividida en distritos y secciones de acuerdo a disposiciones del jefe de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo  285

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, es el órgano de consulta en todos los asuntos relacionados con la institución. Actuará como órgano de decisión en las  materias  de su  competencia y  como  tribunal superior de las fuerzas armadas en los asuntos que sean sometidos a su  conocimiento.

 

Artículo  286

(Reformado por dec.163-82; gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas será presidido por el jefe de las mismas y estará integrado según lo preceptuado en la ley constitutiva de las fuerzas armadas.

 

Artículo  287

Créase el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; una ley especial regulará su organización y funcionamiento.

 

Artículo  288

En los centros de formación militar se educarán los aspirantes a oficiales de las Fuerzas Armadas. Se organizarán centros de capacitación para las armas y servicios de acuerdo con las necesidades de la institución.

 

Artículo  289

Se establece el Colegio de Defensa Nacional, como el más alto centro de estudio de las Fuerzas Armadas, encargado de la capacitación del personal  militar  y  civil  selecto,  para  que  en  acción  conjunta  de  los

campos político, económico, social y militar, participen en la planificación estratégica nacional.

 

Artículo  290

(Reformado por dec.163-82; gaceta no.24235 de 07/febrero/84)

Los grados militares solo se adquieren por riguroso ascenso de acuerdo con la ley respectiva. Los militares no podrán ser privados de sus grados, honores y pensiones en otra forma que la fijada por la ley. Los ascensos desde subteniente hasta capitán inclusive, serán otorgados por el Presidente de la República a propuesta del jefe de las Fuerzas Armadas; los ascensos desde mayor hasta general de división inclusive, serán otorgados por el congreso nacional a propuesta conjunta del Presidente de la República y del jefe de las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas emitirá dictamen en cada ascenso solicitado.

 

Artículo  291

(Reformado por dec.136-95, Gaceta 27835 de 19/dic/1995)

Para la protección, bienestar y seguridad social de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, funcionara el Instituto de Previsión Militar, de acuerdo con la ley correspondiente.

 

Artículo  292

Queda reservada como facultad privativa de las fuerzas armadas, la fabricación, importación, distribución y venta de armas, municiones y Artículo similares.

 

Artículo  293

(Reformado por dec.136-95, Gaceta 27835 de 19/dic/1995)

La administración de los fondos asignados al ramo de Defensa, estará a cargo de la Pagaduría General de las Fuerzas Armadas, la que recibirá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por trimestres adelantados, los fondos asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

 

CAPITULO XI

DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

 

Artículo  294

El territorio nacional se dividirá en departamentos. Su creación y límites serán decretados por el Congreso Nacional.

Los departamentos se  dividirán  en  municipios  autónomos  administrados  por corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la ley.

 

Artículo  295

El distrito central lo forman en un solo municipio los antiguos de Tegucigalpa y Comayagüela.

 

Artículo  296

La ley establecerá la organización y funcionamiento de las municipalidades y los requisitos para ser funcionario o empleado municipal.

 

Artículo  297

Las municipalidades nombrarán libremente a los empleados de su dependencia incluyendo a los agentes de la policía que costeen con sus propios fondos.

 

Artículo  298

En el ejercicio de sus funciones privativas y siempre que no contraríen las leyes, las corporaciones municipales serán independientes de los poderes del estado,  responderán  ante  los  tribunales  de  justicia por los abusos que cometan individual o colectivamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

 

Artículo  299

El desarrollo económico y social de los municipios debe formar parte de los programas de desarrollo nacional.

 

Artículo  300

Todo municipio tendrá tierra ejidales suficientes que le aseguren su existencia y normal desarrollo.

 

Artículo  301

Deberán ingresar al tesoro municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos provenientes de inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo que la participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional obliguen a darles otros destinos.

 

Artículo  302

Para los fines exclusivos de procurar el mejoramiento y desarrollo de las comunidades, los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente en patronatos, a constituir federaciones y confederaciones.  La  ley reglamentará este derecho.

 

CAPITULO XII

DEL PODER JUDICIAL

 

Artículo  303

La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del estado, por magistrados y jueces independientes. el Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y los juzgados que establezca la ley. La Corte Suprema de Justicia tendrá su asiento en la capital de la República, estará formada por nueve magistrados propietarios y por siete suplentes, elegidos por el Congreso Nacional y estará dividida en salas, de acuerdo con lo que disponga el reglamento interno de la misma Corte.

 

Artículo  304

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia será electo por el Congreso Nacional, por un período de cuatro años.

 

Artículo  305

El período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de cuatro años y pueden ser reelectos. Las vacantes serán llenadas por el período complementario.

 

Artículo  306

El Poder Judicial tendrá una asignación anual no menor del tres por ciento del Presupuesto de Ingresos netos de la República, excluidos los préstamos y donaciones.

 

Artículo  307

(Interpretado por dec.10-90; Gaceta no.26115 del 21/abril/90)

Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hondureño por nacimiento, abogado de los tribunales de la República, colegiado, mayor de treinta y cinco años, del Estado seglar y haber desempeñado los cargos de juez de letras o magistrado de la Corte de Apelaciones durante cinco años, por lo menos, o ejercido la profesión por diez años.

 

Artículo  308

No pueden ser elegidos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: 1. Los que tengan cualquiera de las inhabilidades para ser Secretario de Estado; y, 2. Los parientes entre sí en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Lo dispuesto en el numeral 1 precedente, es aplicable al nombramiento de los Magistrados de las Cortes de Apelaciones; y, la inhabilidad del numeral 2 precedente, es aplicable al nombramiento de los Magistrados de una misma Corte de Apelaciones.

 

Artículo  309

Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. La ley regulara la carrera judicial y lo conducente para asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces, además de establecer las normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales, en lo no previsto por esta Constitución.

 

Artículo  310

En ningún juicio habrá más de dos instancias; el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no podrá conocer en la otra, ni en casación en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Tampoco podrán juzgar en una misma causa los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

Artículo  311

La calidad de juez o magistrado en funciones es incompatible con el libre ejercicio de la profesión del derecho y con la de funcionario o empleado de otros poderes públicos, excepto la de docente y de diplomático ad-hoc. Los jueces y magistrados en funciones no podrán participar por motivo alguno en actividades políticas partidistas de cualquier clase, excepto la de emitir su voto personal, tampoco podrán sindicalizase ni declararse en huelga.

 

Artículo  312

Los magistrados, jueces, agentes del ministerio publico y oficiales de justicia, no podrán ser obligados a prestar servicio militar, ni a concurrir a ejercicio o practicas militares.

 

Artículo  313

Los tribunales de justicia requerirán el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones; si les fuera negado o no lo hubiere disponible, lo exigirán de los ciudadanos. El que injustificadamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidad.

 

Artículo  314

Es facultad privativa de los tribunales de justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado. a ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos.

 

Artículo  315

En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, El juez aplicará la primera. Igualmente aplicará la norma legal sobre toda otra norma subalterna.

 

Artículo  316

La ley reglamentará la organización y funcionamiento de los tribunales, juzgados y ministerio publico.

 

Artículo  317

La ley, sin menoscabo de la independencia de los jueces y magistrados, dispondrá lo necesario, a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los tribunales de justicia, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas, así como la organización de los servicios auxiliares.

 

Artículo  318

Créase la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La ley establecerá la competencia de los tribunales de la materia, así como su organización y funcionamiento.

 

Artículo  319

La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 1.Aprobar su reglamento interior; 2. Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República, cuando  el  Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causa; 3. Conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido en primera instancia; 4. Conferir el título de abogado y autorizar a quienes lo hayan obtenido para el ejercicio del notariado; 5. Declarar que ha o no lugar a formación de causa contra los funcionarios y empleados que la ley determine; 6. Conocer de las causas de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme al derecho internacional; 7. Conocer de los recursos de casación conforme a la ley; 8. conocer de los recursos de amparo y revisión conforme a la ley; 9. Nombrar los magistrados, jueces, fiscales y demás funcionarios y empleados conforme a la ley; 10. Publicar la gaceta judicial; 11. Admitir o no la renuncia de los funcionarios de su nombramiento y conceder licencia tanto a éstos como a sus propios miembros; 12. Declarar la inconstitucionalidad de las leyes en la forma y casos previstos en esta constitución; 13. Elaborar el proyecto del presupuesto del Poder Judicial y remitirlo al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos; y, 14. Las demás que le confieren esta constitución y las leyes.

 

Artículo  320

La Pagaduría Especial del Poder Judicial atenderá el pago de los sueldos correspondientes a los funcionarios y empleados de la administración de justicia y los gastos e inversiones del mismo ramo. La Tesorería General de la República, acreditará por trimestres anticipados los fondos necesarios para efectuar dichos pagos. La Pagaduría Especial del Poder Judicial estará bajo la dependencia inmediata de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento del pagador. Este deberá rendir caución de conformidad con la ley.

 

CAPITULO XIII

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE

SUS SERVIDORES

 

Artículo  321

Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.

 

Artículo  322

Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

 

Artículo  323

Los funcionarios son depositarios de la autoridad, Responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito.

 

Artículo  324

Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativa y penal contra el infractor.

 

Artículo  325

Las acciones para deducir responsabilidad civil a los servidores del Estado, prescriben en el término de diez años; y para deducir responsabilidad penal en el doble del tiempo señalado por la ley penal. En ambos casos, el término de prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que el servidor público haya cesado en el cargo en el cual incurrió en responsabilidad. No hay prescripción en los casos en que por acción u omisión dolosa y por motivos políticos se causare la muerte de una o mas personas.

 

Artículo  326

Es pública la acción para perseguir a los infractores de los derechos y garantías establecidas en esta constitución, y se ejercitara sin caución ni formalidad alguna y por simple denuncia.

 

Artículo  327

La ley regulará la responsabilidad civil del Estado, así como la responsabilidad civil solidaria, penal y administrativa de los servidores del Estado.

 

TITULO VI

DEL REGIMEN ECONOMICO

 

CAPITULO I

DEL SISTEMA ECONOMICO

 

 

Artículo  328

El sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.

 

Artículo  329

El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada. La ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas.

 

Artículo  330

La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de empresa.

 

Artículo  331

El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan esta constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública.

 

Artículo  332

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. sin embargo, el estado, por razones de orden público e interés social, podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar medidas y leyes económicas, fiscales y de seguridad pública, para encausar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, con fundamento en una política económica racional y planificada.

 

Artículo  333

La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social, y por límite los derechos y libertades reconocidas por esta constitución.

 

Artículo  334

Las sociedades mercantiles estarán sujetas al control y vigilancia de una superintendencia de sociedades, cuya organización y funcionamiento determinará la ley. Las cooperativas, lo estarán al organismo y en la forma y alcances que establece la ley de la materia.

 

Artículo  335

El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre las bases de una cooperación internacional justa, la integración económica centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que suscriba, en lo que no se oponga al interés nacional.

 

Artículo  336

La inversión extranjera será autorizada, registrada y supervisada por el Estado. Será complementaria y jamás sustitutiva de la inversión nacional. Las empresas extranjeras se sujetarán a las leyes de la República.

 

Artículo  337

La industria y el comercio en pequeña escala, constituye patrimonio de los Hondureños y su protección será objeto de una ley.

 

Artículo  338

La ley regulará y fomentará la organización de cooperativas de cualquier clase, sin que se alteren o eludan los principios económicos y sociales fundamentales de esta constitución.

 

Artículo  339

Se prohíben los monopolios, monopsonios, oligopolios, acaparamiento y prácticas similares en la actividad industrial y mercantil. no se consideran monopolios particulares los privilegios temporales que se concedan a los inventores, descubridores o autores en concepto de derechos de propiedad científica, literaria, artística o comercial, patentes de invención y marcas de fabricas.

 

Artículo  340

Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.

 

Artículo  341

La ley podrá establecer restricciones, modalidades o prohibiciones para la adquisición, transferencia, uso y disfrute de la propiedad estatal y municipal, por razones de orden público, interés social y de conveniencia nacional.

 

CAPITULO II

DE LA MONEDA Y LA BANCA

 

Artículo  342

La emisión monetaria es potestad exclusiva del Estado, que la ejercerá por medio del Banco Central de Honduras. El régimen bancario, monetario y crediticio será regulado por la ley. El Estado, por medio del Banco Central de Honduras, tendrá a su cargo la formulación y desarrollo de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, debidamente coordinada con la política económica planificada.

 

Artículo  343

El Banco Central de Honduras reglamentará y aprobará el otorgamiento de préstamos, descuentos, avales y demás operaciones de crédito; comisiones, gratificaciones o bonificaciones de cualquier clase que las instituciones bancarias, financieras y aseguradoras otorguen a sus accionistas mayoritarios, directores y funcionarios. asimismo, reglamentará y aprobará el otorgamiento de préstamos, descuentos, avales y demás operaciones de crédito a las sociedades donde aquellos tengan participación mayoritaria. Cualquier infracción a las disposiciones de este articulo será sancionada de acuerdo a las normas reglamentarias que el Banco Central emita, sin perjuicio de la acción de responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.

 

CAPITULO III

DE LA REFORMA AGRARIA

 

 

Artículo  344

La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario. Declárase de necesidad y utilidad pública la ejecución de la Reforma Agraria.

 

Artículo  345

La Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la nación, por lo que las demás políticas económicas y sociales que el gobierno apruebe, deberán formularse y ejecutarse en forma armónica con aquella, especialmente las que tienen que ver entre otras, con la educación, la vivienda, el empleo, la infraestructura, la comercialización y la asistencia técnica y crediticia. La Reforma Agraria se ejecutará de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la producción, en el proceso de desarrollo económico, social y político de la nación.

 

Artículo  346

Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas.

 

Artículo  347

La producción agropecuaria debe orientarse preferentemente a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hondureña, dentro de una política de abastecimiento adecuado y precios justos para el productor y el consumidor.

 

Artículo  348

Los planes de Reforma Agraria del Instituto Nacional Agrario y las demás decisiones del Estado en materia agraria, se formularán y ejecutarán con la efectiva participación de las organizaciones de campesinos, agricultores y ganaderos legalmente reconocidas.

 

Artículo  349

La expropiación de bienes con fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones o cualquier otro propósito de interés nacional que determine la ley, se hará mediante indemnización justipreciada por pagos al contado y en su caso, bonos de la deuda agraria. Dichos bonos serán de aceptación obligatoria, gozarán de garantías suficientes por parte del estado y tendrán los valores nominales, plazos de redención, tasas de interés y demás requisitos que la ley de reforma agraria determine.

 

Artículo  350

Los bienes expropiables para fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones, son exclusivamente los predios rústicos y sus mejoras útiles y necesarias que se encuentren adheridas a los mismos y cuya separación pudiere menoscabar la unidad económica productiva.

 

CAPITULO IV

DEL REGIMEN FINANCIERO

 

Artículo  351

El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente.

 

CAPITULO V

DE LA HACIENDA PUBLICA

 

Artículo  352

Forman la Hacienda Pública:

1. Todos los bienes muebles e inmuebles del Estado;

2. Todos sus créditos activos; y,

3. Sus disponibilidades líquidas.

 

Artículo  353

Son obligaciones financieras del estado:

1. Las deudas legalmente contraídas para gastos corrientes o de inversión, originadas en la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos; y,

2. Las demás deudas legalmente reconocidas por el Estado.

 

Artículo  354

Los bienes fiscales o patrimoniales solamente podrán ser adjudicados o enajenados a las personas y en la forma y condiciones que determinen las leyes. El Estado se reserva la potestad de establecer o modificar la demarcación de las zonas de control y protección de los recursos naturales en el territorio nacional.

 

Artículo  355

La administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo. Para la percepción, custodia y erogación de dichos fondos, habrá un servicio general de tesorería. El Poder Ejecutivo, sin embargo, podrá delegar en el Banco Central, las funciones de recaudador y depositario. También la ley podrá establecer servicios de pagadurías especiales.

 

Artículo  356

El Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública, que contraigan los gobiernos constitucionales, de acuerdo con esta constitución y las leyes. Cualquier norma o acto que contravenga lo dispuesto en este Artículo, hará incurrir a los infractores en responsabilidad civil, penal y administrativa, que será imprescriptible.

 

Artículo  357

Las autorizaciones de endeudamiento externo e interno del gobierno central, organismos descentralizados y gobiernos municipales que incluyan garantías y avales del Estado, serán reguladas por la ley.

 

Artículo  358

Los gobiernos locales podrán realizar operaciones de crédito interno bajo su exclusiva responsabilidad, pero requerirán las autorizaciones señaladas por leyes especiales.

 

Artículo  359

La tributación, el gasto y el endeudamiento públicos, deben guardar proporción con el producto interno bruto, de acuerdo con la ley.

 

Artículo  360

Los contratos que el estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta, de conformidad con la ley. se exceptúan los contratos que tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un estado de emergencia y los que por su naturaleza no puedan celebrarse, sino con persona determinada.

 

CAPITULO VI

DEL PRESUPUESTO

 

 

Artículo  361

Son recursos financieros del Estado:

1. Los ingresos que perciba por impuestos, tasas, contribuciones, regalías, donaciones o por cualquier otro concepto;

2. Los ingresos provenientes de empresas estatales, de capital mixto o de aquellas en que el Estado tenga participación social; y,

3. Los ingresos extraordinarios que provengan del crédito público o de cualquier otra fuente.

 

Artículo  362

Todos los ingresos y egresos fiscales constarán en el Presupuesto General de la República, que se votará anualmente de acuerdo con la política económica planificada y con los planes anuales operativos aprobados por el gobierno.

 

Artículo  363

Todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo. No podrá crearse ingreso alguno destinado a un fin especifico. No obstante, la ley podrá afectar ingresos al servicio de la deuda pública y disponer que el producto de determinados impuestos y contribuciones generales, sea dividido entre la hacienda nacional y la de los municipios, en proporciones o cantidades previamente señaladas. La ley podrá, asimismo, de conformidad con la política planificada, autorizar a determinadas empresas estatales o mixtas para que perciban, administren o inviertan recursos financieros provenientes del ejercicio de actividades económicas que les correspondan.

 

Artículo  364

No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.

 

Artículo  365

(Interpretado por dec.169-86; Gaceta no.25097 del 10/dic./86)

El Poder Ejecutivo, bajo su responsabilidad y siempre que el Congreso Nacional no estuviere reunido, podrá contratar empréstitos, variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, para satisfacer necesidades urgentes o imprevistos en caso de guerra, conmoción interna o calamidad pública, o para atender compromisos internacionales, de todo lo cual dará cuenta pormenorizada al Congreso Nacional en la subsiguiente legislatura. en la misma forma procederá cuando se trate de obligaciones a cargo del estado provenientes de sentencias definitivas firmes, para el pago de prestaciones laborales, cuando no existiere partida o esta estuviere agotada.

 

Artículo  366

El presupuesto será votado por el Poder Legislativo con vista al proyecto que presente el Poder Ejecutivo.

 

Artículo  367

El proyecto de presupuesto será presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año.

 

Artículo  368

La Ley Orgánica del Presupuesto establecerá lo concerniente a la preparación, elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto. cuando al cierre de un ejercicio fiscal no se hubiere votado el presupuesto para el nuevo ejercicio, continuará en vigencia el correspondiente al período anterior.

 

Artículo  369

La ley determinará la organización y funcionamiento de la Proveeduría General de la República.

 

Artículo  370

Para el control y vigilancia de la propiedad estatal, mueble e inmueble, habrá una oficina de administración de bienes nacionales. La ley determinará su organización y funcionamiento.

 

Artículo  371

La fiscalización preventiva de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, estará a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá especialmente:

1. Verificar la recaudación y vigilar la custodia, el compromiso y la erogación de fondos públicos; y,

2. Aprobar todo egreso de fondos públicos, de acuerdo con el presupuesto. La ley establecerá los procedimientos y alcances de esta fiscalización.

 

Artículo  372

La fiscalización preventiva de las instituciones descentralizadas y de las municipalidades, Se verificará de acuerdo con lo que determinan las leyes respectivas.

 

Artículo  373

La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el Artículo o Artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia.

 

Artículo  374

(Interpretado por dec.169-86;Gaceta no.25097 del 10/dic./86)

No podrán reformarse, en ningún caso, el articulo anterior, el presente articulo, los Artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la República por el período subsiguiente.

 

Artículo  375

Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, los mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular o de la usurpación de los poderes públicos, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado.

 

Artículo  376

Todas las leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución, continuarán observándose en cuanto no se opongan a ella, o mientras no fueren legalmente derogados o modificados.

 

Artículo  377

El tres por ciento del presupuesto de ingresos netos, excluidos los préstamos y donaciones, que se asigna al Poder Judicial, será otorgado en forma gradual, en cada período presupuestario anual, hasta completar dicho porcentaje.

 

Artículo  378

Queda derogada por esta Constitución, la emitida por la Asamblea Nacional Constituyente el tres de junio de mil novecientos sesenta y cinco.

 

Artículo  379

Esta Constitución será jurada en sesión pública y solemne y entrará en vigencia el veinte de enero de mil novecientos ochenta y dos.

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los once días del mes de enero de mil novecientos ochenta y dos.

 

 

DECRETO 160-82

(Emitido el 25/11/1982) (Gaceta no.24035 de 14/06/1983)

 

El Congreso Nacional

Considerando: Que es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar y derogar las Leyes.

 

POR TANTO:

 

DECRETA

Artículo Único: Interpretar el párrafo 4º. del Artículo 160 de la Constitución de la República, en el sentido de que los títulos de carácter académico otorgados por las Universidades privadas y extranjeras deberán ser reconocidos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hasta tanto se emita la Ley Especial a que se refiere el párrafo 3º del mismo Artículo, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en la Ley bajo cuya vigencia se obtuvieron.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticinco días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

 

José Efrain Bu Girón

Presidente

 

Ignacio Alberto Rodríguez R.

Secretario

 

Juan Pablo Urrutia Raudales

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

  Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, D.C., 29 de noviembre de 1982.

 

ROBERTO SUAZO CORDOVA

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Educación Pública.

 

Alma Rodas de Fiallos.

 

Publicado en La Gaceta No. 24,035 del 14 de junio de 1983.

 

DECRETO 163-82

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que las Fuerzas Armadas de honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante, cuya misión se enmarca en la Constitución de la República, en sus propias leyes y reglamentos respectivos, fundamentando su organización en los principios de jerarquía y disciplina militar.

 

CONSIDERANDO: Que las Fuerzas Armadas, han experimentado cambios sustanciales, tanto en su estructura orgánica como en su concepción doctrinaria y operacional, lo que hace imprescindible la actualización  de las leyes a que están sujetas.

 

CONSIDERANDO: Que conceptual y doctrinariamente, algunas disposiciones de la actual Constitución de la República que atañen directamente a las Fuerzas Armadas de honduras, no están acordes con los cambios experimentados y con la nueva concepción doctrinaria de la Institución Armada.

 

POR TANTO: En uso de las facultades que le confiere el Artículo 373 de la Constitución de la República.

 

DECRETA:

 

Artículo 1.- Reformar los Artículos 199, numeral 11, 205, numerales 10, 15 y 24, 245; numeral 37; 277; 278; 279;280; 281; 282; 283; 284; 286 y 290 de la Constitución de la República vigente, los que se leerán así:

 

“ARTÍCULO 199.- No pueden ser elegidos diputados:

1…; 2…; 3…; 4…; 5…; 6…; 7…; 8…; 9…; 10…; 11.- El cónyuge y los parientes de los jefes de las Regiones Militares, comandantes de unidades militares, delegados militares departamentales o seccionales, delegados de los cuerpos de seguridad o de otro cuerpo armado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando fueren candidatos por el departamento donde aquellos ejerzan jurisdicción. 12…; 13…”

 

“ARTICULO 205.- Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:

1…;2…; 3…; 4….; 5….; 6…; 7…; 8…; 9…; 10.- Hacer la elección del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; 11…; 12…; 13…; 14…; 15…;.- Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente, Designados a la Presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte suprema de Justicia, Miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas. Contralor y Sub-Contralor, Procurador y Sub-Procurador de la República y Director y Sub-director de Probidad Administrativa; 16…;17…; 18…; 19….; 20…; 21….; 22…; 23…; 24…; Conferir los grados de Mayor a General, a propuesta del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por iniciativa del Presidente de la República. 25…; 26…; 27…; 28…; 29…; 30…; 31…; 32….; 33….; 34…; 35…; 36….; 37…; 38…; 39….; 40…; 41….; 42…; 43…; 44…; 45…”

 

“ARTÍCULO 245.- El Presidente de la República, tiene la administración general del Estado; son sus atribuciones:

1…; 2…; 3…; 4…; 5…; 6…; 7…; 8…; 9…; 10…; 11…; 12…; 13…; 14…; 15…; 16…; 17…; 18…; 19…; 20…; 21…; 22…; 23…; 24…; 25…; 26…; 27…; 28…; 29…; 30…; 31…; 32…; 33…; 34…; 35…; 36…; 37.- Velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas, esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes; 38…; 39…; 40…; 41…; 42…; 43…; 44…; 45…; “

 

“ARTICULO 277.- Las Fuerzas Armadas estarán bajo el mando directo del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas por su intermedio, ejercerá el Presidente de la República la función constitucional que le corresponde respecto a las mismas, de acuerdo con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas”

 

“ARTICULO 278.- Las órdenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por medio del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, deberán ser acatadas y ejecutadas”

 

“ARTICULO 279.- El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas deberá ser un oficial General o Superior, con el grado de Coronel de las Armas o su equivalente, en servicio  activo, hondureño de nacimiento y será elegido por el Congreso Nacional, de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.

 

Durará en sus funciones cinco años y sólo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional, cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa por dos tercios de votos de sus miembros; y en los demás casos previstos por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

No podrá ser elegido Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

 

“ARTICULO 280.- El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, al tomar posesión de su cargo prestará ante el congreso Nacional la promesa legal correspondiente a todo funcionario público”.

 

“ARTICULO 281.- En caso de ausencia temporal del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

 

En caso de ausencia definitiva al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas propondrá, dentro de los 15 días siguientes, la terna de candidatos para que el Congreso Nacional elija a quien ha de llenar la vacante por el resto del período para el cual aquel hubiere sido electo.

 

Mientras se produce la elección llenará la vacante el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”.

 

“ARTÍCULO 282.- Los nombramientos del personal de las Fuerzas Armadas, los hará el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por medio de la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública”.

 

“ARTÍCULO 283.- El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas es un organismo dependiente del Comando en Jefe de las mismas y tendrá las funciones que la Ley indique”

 

“ARTICULO 284.- El territorio de la República se dividirá en Regiones Militares por razones de Seguridad Nacional y cada una estará a cargo de un Jefe de Región Militar.

 

Cada región funcionará de acuerdo a las disposiciones de la ley respectiva y podrá ser dividida en distritos y secciones de acuerdo a las disposiciones del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

 

“ARTICULO 286.- El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, será presidido por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y estará integrado según lo preceptuado en la Ley Constitutiva de las mismas”.

 

“ARTICULO 290.- Los grados militares solo se adquieren por riguroso ascenso de acuerdo con la ley respectiva.

Los militares no podrán ser privados se sus grados, honores y pensiones en otra forma que la fijada por la ley.

 

Los ascensos desde Subteniente hasta Capitán inclusive, serán otorgados por el Presidente de la República, a propuesta del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; los ascensos desde Mayor hasta General inclusive serán otorgados por el Congreso Nacional, a propuesta conjunta del Presidente de la República, en su carácter de Comandante General de las Fuerzas Armadas, y del Comandante en Jefe de las mismas.

 

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, emitirá dictamen previo para conferir los ascensos.”

 

Artículo 2.- El presente Decreto deberá ser ratificado constitucionalmente en la próxima legislatura ordinaria y una vez ratificado entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los Veinticinco días del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

 

JOSE EFRAIN BU GIRON

PRESIDENTE

 

IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA

SECRETARIO

 

JUAN PABLO URRUTIA RAUDALES

SECRETARIO

 

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D. C., 29 e Noviembre de 1982.

 

ROBERTO SUAZO CORDOVA

PRESIDENTE

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

OSCAR MEJIA ARELLANO

 

 

DECRETO 10-84

EL CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Ratificar en todas sus partes el Decreto No.163, de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, que literalmente dice:

 

“DECRETO No163.- El congreso Nacional, CONSIDERANDO: Que las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional apolítica, obediente y no deliberante, cuya misión se enmarca en la Constitución de la República, en sus propias leyes y reglamentos respectivos, fundamentando su organización en los principios de jerarquía y disciplina militar.

 

CONSIDERANDO: Que las Fuerzas Armadas, han experimentado cambios sustanciales, tanto en su estructura orgánica como en su concepción doctrinaria y operacional, lo que hace imprescindible la actualización de las leyes a que están sujetas.

 

CONSIDERANDO: Que conceptual y doctrinariamente, algunas disposiciones de la actual Constitución de la República que atañen directamente a las Fuerzas Armadas de Honduras, no están acordes con los cambios experimentados y con la nueva concepción doctrinaria de la institución armada. POR TANTO: En uso de las facultades que le confiere el Artículo 373 de la Constitución de la República;

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1.- Reformar los Artículos 199, numeral 11; 205, numerales 10,15 y 24; 245, numeral 37; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 286 y 290 de la Constitución de la República vigente, los que se leerán así: “ARTÍCULOS 199.- No pueden ser elegidos Diputados: 1…; 2…; 3…; 4…; 5…; 6…; 7…; 8…; 9…; 10…; 11…; El cónyuge y los parientes de los jefes de las regiones militares, comandantes de unidades  militares, delegados militares departamentales o seccionales, delegados de los cuerpos de seguridad o de otro cuerpo armado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando fueren candidatos por el departamento donde aquellos ejerzan jurisdicción. 12….; 13…; …“ARTÍCULO 205.- Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1…; 2…; 3…; 4…; 5…; 6…; 7…; 8…; 9…; 10.- Hacer la elección del Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; 11…; 12…; 13…; 14…; 15.- Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente, Designados a la Presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Secretarios y Sub-secretarios de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas; Contralor y Sub-Contralor, Procurador y Sub-Procurador General de la República y Director y Sub-Director de Probidad Administrativa;16…; 17…; 18…; 19….; 20…; 21….; 22…;23…; 24.- Conferir los grados de mayor a General, a propuesta del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por iniciativa del Presidente de la República. 25…; 26…; 27…; 28…; 29…; 30…; 31…; 32…; 33….; 34…; 35….; 36…; 37…; 38…; 39….; 40….; 41…; 42….; 43….; 44….; 45…; “. “ARTICULO 245.- El presidente de la República tiene la administración general del Estado son sus atribuciones: 1…; 2….; 3….; 4….; 5….; 6….; 7….; 8….; 9….; 10….; 11…; 12….; 13….; 14….; 15….; 16….; 17….; 18….; 19….; 20…; 21….; 22….; 23….;24…; 25….; 26….; 27….; 28….; 29….; 30….; 31….; 32….; 33….; 34….; 35….; 36….; 37.- Velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas, esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes: 38….; 39….; 40….; 41….; 42….; 43….; 44….; 45….;”

“ARTICULO277.- Las Fuerzas Armadas estarán bajo el mando directo del Comandante el Jefe de las Fuerzas Armadas por su intermedio ejercerá el Presidente de la República la Función constitucional que le corresponde respecto a las mismas, de acuerdo con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas”.

 

ARTICULO 278.- Las órdenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por medio del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, deberán ser acatadas y ejecutadas”

 

“ARTICULO 279.- El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deberá ser un oficial general o superior con el grado de Coronel de las Armas o su equivalente, en servicio activo, hondureño de nacimiento y será elegido por el Congreso Nacional, de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Durará en sus funciones cinco años y solo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional, cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa, por dos tercios de votos de sus miembros y en los demás casos previstos por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. No podrá ser elegido Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”

 

“ARTÍCULO 280.- El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, al Tomar posesión de su cargo, prestará ante el congreso Nacional, la promesa legal correspondiente a todo funcionario público”

 

“ARTICULO 281.- En caso de ausencia temporal el comandante el Jefe de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En caso de ausencia definitiva el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas propondrá, dentro de los quince días siguientes, la terna de candidatos para que el Congreso Nacional elija a quien ha de llenar la vacante por el resto del período para el cual aquél hubiere sido electo. Mientras se produce la elección llenará la vacante el Jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas”.

 

“ARTICULO 282.- Los nombramientos del personal de las Fuerzas Armadas, los hará el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por medio de la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública”.

 

“ARTICULO 283.- El Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas es un organismo dependiente del Comando en Jefe de las mismas y tendrá las funciones que la ley indique” .

 

“ARTICULO 284.- El territorio de la República se dividirá en Regiones militares por razones de seguridad nacional y cada una estará a cargo de un jefe de región militar. Cada región funcionará de acuerdo a las disposiciones de la ley respectiva y podrá ser dividida en distritos y secciones de acuerdo a las disposiciones del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”

 

“ARTICULO 286.- El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas será presidido por el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y estará  integrado según lo preceptuado en la Ley Constitutiva de las mismas”

 

“ARTÍCULO 290.- Los grados militares sólo se adquieren por riguroso ascenso de acuerdo con la ley Respectiva. Los militares no podrán ser privados de sus grados honores y pensiones en otra forma que la fijada por la ley. Los ascensos desde sub-Teniente hasta Capitán inclusive, serán otorgados por el Presidente de la República, a propuesta el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; los ascensos desde Mayor hasta General inclusive, serán otorgados por el Congreso Nacional a propuesta conjunta del Presidente de la República, en su carácter de Comandante General de las Fuerzas Armadas, y del Comandante en jefe de las mismas. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas emitirá dictamen previo para conferir los ascensos”.

 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto deberá ser ratificado constitucionalmente en la próxima legislatura ordinaria y una vez ratificado entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central en salón de sesiones del congreso Nacional, a los veinticinco días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

 

JOSE EFRAÍN BU GIRÓN

Presidente

 

IGNACIO ALBERTO RODRÍGUEZ ESPINOZA

Secretario

 

JUAN PABLO URRUTIA RUDALES

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Publíquese

 

Tegucigalpa, D. C.,29  de noviembre de 1982.

 

ROBERTO SUAZO CÓRDOVA,

PRESIDENTE

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

OSCAR MEJIA ARELLANO”

 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los nueve días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.

 

JOSE EFRAIN BU GIRÓN

PRESIDENTE

 

MARIO ENRIQUE PRIETO ALVARADO

SECRETARIO

 

JUAN PABLO URRUTIA RAUDALES

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D, C. 17 de febrero de 1984.

 

ROBERTO SUAZO CORDOVA

PRESIDENTE

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

 

DECRETO 189-85

(Emitido el 24/10/1985) (Gaceta no.24814 de 04/01/1986)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que en casos de excepción, pueden ser suspendidas algunas garantías Constitucionales y establecer el Fuero de Guerra para juzgar y castigar ciertos delitos, conforme los procedimientos y Leyes Militares.

 

Considerando: Que al prescribir el Artículo 90 de la Constitución de la República, que en ningún caso los Tribunales Militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no están en servicio activo en las Fuerzas Armadas, excluye por omisión los casos de referencia, razón por la cual se hace procedente adicionarlos al mencionado precepto.

 

Considerando: Que los Tribunales del Fuero Común, no tiene jurisdicción ni competencia para conocer de delitos o faltas Militares, pues por inaplicabilidad del Código Militar en la Justicia Ordinaria el juzgamiento de tales infracciones se vuelve imposible o ineficaz, siendo visto, en consecuencia, que es necesario determinar los alcances del Artículo 91 de la Constitución de la República, en lo que se relaciona a la implicación de civiles o militares de baja en la perpetración de delitos o faltas de orden militar.

 

 

Artículo 01

 

POR TANTO:

 

DECRETA:

 

Reformar el Artículo 90 de la Constitución de la República, al que adicionándole los casos de excepción, deberá leerse así:

 

Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal Competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Se reconoce el Fuero de Guerra para los delitos y faltas de Orden Militar. Los Tribunales Militares no podrán extender su jurisdicción sobre personas que no estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas; salvo los casos exceptuados por la Ley.

 

Artículo 02. Reformar el Artículo 91 de la Constitución de la República, el que adicionándole el complemento de claridad necesaria deberá leerse así:

 

Artículo 91. Cuando en un delito o falta de orden Militar, estuviese implicado un civil o un Militar de baja, conocerá del caso la autoridad competente del Fuero común, si la infracción estuviese también tipificada como delito o falta en la Legislación penal Ordinaria.

 

Artículo 03. El presente Decreto entrará en vigencia, al ser ratificado Constitucionalmente por la subsiguiente Legislatura Ordinaria.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.

 

José Efrain Bu Girón

Presidente

 

 

Mario Enrique Prieto Alvarado

Secretario

 

Juan Pablo Urrutia Raudales

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Ejecútese.

 

Tegucigalpa M, D.C., 31 de octubre de 1985.

 

ROBERTO SUAZO CORDOVA

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y Seguridad Publica.

 

Amilcar Castillo Suazo

 

DECRETO 58-86

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 267 de la Constitución de la República establece que los organismos descentralizados del Estado enviarán al poder Legislativo dentro de los primeros treinta días de su instalación, los respectivos anteproyectos desglosados de presupuesto para su aprobación.

 

CONSIDERANDO: Que conforme dicha disposición los organismos descentralizados tendrán que presentar sus proyectos de presupuesto hasta finales del mes de febrero de cada año, por lo que los mismos no podrían ser aprobados sino hasta después de iniciado cada ejercicio económico.

 

CONSIDERANDO: Que el hecho de que los organismos descentralizados no puedan iniciar cada ejercicio económico con sus presupuestos debidamente aprobados, ocasiona a los mismos serios inconvenientes que obstaculizan gravemente su gestión financiera.

 

CONSIDERANDO: Que para efectos de la consolidación del Presupuesto del Sector Público, así como para lograr una efectiva coordinación entre el Gobierno Central y el Sector descentralizado, resulta de urgente necesidad y conveniencia modificar el período de presentación de los proyectos de presupuesto de los organismos descentralizados a fin de que se presenten simultáneamente con el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

 

POR TANTO,

DECRETA:

 

Artículo 1.- Reformar el Artículo 267 de la Constitución de la República, el cual se leerá así:

 

“ARTÍCULO 267.- Los organismos descentralizados del Estado enviarán al Poder Legislativo, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año los respectivos anteproyectos desglosados anuales de presupuesto para su aprobación.”

 

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado constitucionalmente por la sub-siguiente legislatura ordinaria.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos ochenta y seis.

 

CARLOS ORBIN MONTOYA

Presidente

 

OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO

Secretario

 

TEOFILO NORBERTO MARTEL CRUZ

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

 

Tegucigalpa, D. C., 30 de abril de 1986

 

JOSÉ SIMON AZCONA HOYO

PRESIDENTE

 

Raúl Elvir Colíndres

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

 

 

 

DECRETO 161-86

 

 

CONSIDERANDO: Que corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Trabajo el control y vigilancia de las obligaciones y la ejecución de acciones públicas de coordinación conducentes a promover a los trabajadores en sus condiciones de vida y de trabajo y a prevenir los riesgos profesionales y sociales que los afectan en su seguridad o les disminuyen su capacidad de producción y de ganancia;

 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, en su Artículo 246, creó la denominación de Secretaría de Trabajo y Asistencia Social, y que la misma es inadecuada al desempeño que histórica y técnicamente la corresponde a tal repartición administrativa, por cuanto sus programas legislativamente establecidos giran alrededor de los conceptos de Trabajo y Previsión Social y no de Asistencia Pública lo cual a su vez tampoco armoniza y antes bien es antitética, con el significado de la denominación de “Trabajo” ;

 

CONSIDERANDO: Que es conveniente reformar el Artículo citado a fin de establecer la denominación correcta de aquella Secretaría de Estado y asegurar la ejecución normal de sus atribuciones.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Reformar el Artículo 246 de la Constitución de la República, el cual deberá leerse así:

 

“ARTICULO 246.- Para la administración general del país habrá por lo menos doce Secretarías de Estado entre las cuales se distribuirán los ramos de Gobernación y Justicia, Despacho Presidencial, Relaciones Exteriores, Economía y Comercio, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional y Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud Pública, Educación Pública, Comunicaciones Obras Públicas y Transporte, Cultura y Turismo, Recursos Naturales, y las demás que se crearen de acuerdo con la Ley”

 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la subsiguiente legislatura ordinaria en los términos prescritos por al Constitución de la República, debiéndose publicar en el Diario Oficial “La Gaceta”.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

 

CARLOS ORBIN MONTOYA

Presidente

 

OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO

Secretario

 

TEOFILO NORBERTO MARTEL CRUZ

Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto Ejecútese.

Tegucigalpa, D.C., 3 de noviembre de 1986.

 

JOSE SIMON AZCONA HOYO

PRESIDENTE

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y  Justicia

RAUL ELVIR COLÍNDRES

 

 

DECRETO 169-86

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los antecedentes constitucionales que ha tenido la República, se impone la necesidad de corregir, por vía de interpretación, el Artículo 373 de la Constitución vigente, emitida en virtud del Decreto no. 131, de 11 de enero de 1982, por la asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Interpretar el Artículo 373 de la Constitución de la República actual en la parte final de su primer párrafo, en el sentido de que el Decreto que se emita para la reforma del Artículo o artículos de la Constitución, deberá ratificarse por la siguiente legislatura ordinaria.

 

ARTICULO 2.- Interpretar los Artículos 208, numeral 2; 217, 223, párrafo final, 229, 242, párrafo 3, 365 y 374 de la Constitución de la República, en el sentido de que la expresión “subsiguiente” que aparece en los mismos, deberá entenderse como lo que sigue inmediatamente.

 

ARTÍCULO 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

 

CARLOS ORBIN MONTOYA

Presidente

 

OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO

Secretario

 

TEOFILO NORBERTO MARTEL CRUZ

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de noviembre de 1986

 

JOSE SIMON AZCONA HOYO

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

Raúl Elvir Colíndres

 

DECRETO 189-86

(Emitido el 31/10/1986) (Gaceta no.25087 de 28/11/1986)

 

El Congreso Nacional

 

Artículo 01.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.18885, de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, que literalmente dice: "Decreto no.18885.Considerando: que la doctrina militar y los requerimientos organizativos y operacionales de las Fuerzas Armadas, hacen aconsejable la rotación en los mandos, por un periodo no superior a los tres años, a fin de capacitar y elevar la eficiencia profesional de la oficialidad en servicio activo.

 

Considerando: Que el aludido sistema de rotación permite, además, posibilitar mayores perspectivas de ascenso en la escala jerárquica del mando, Especialmente en lo que concierte a Oficiales Superiores, que llenan los requisitos legales para ocupar los más altos cargos en la referida jerarquía de mando.

Considerando: Que por las razones expuestas, es procedente fijar en tres años el Período Constitucional que durará en sus funciones el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras.

 

POR TANTO:

 

DECRETA

 

Artículo 1. Reformar el Artículo 279 de la Constitución de la República, en el sentido de fijar en tres años el periodo que durará en sus funciones el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por lo que tal Artículo deberá leerse así:

 

Artículo 279. El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, deberá ser un Oficial General o Superior, con el grado de Coronel de las Armas o su equivalente, en servicio activo, hondureño de nacimiento, y será elegido por el Congreso Nacional de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Durará en sus funciones tres años y solo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional, cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa, por dos tercios de votos de sus miembros; y en los demás casos previstos por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. No podrá ser elegido Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la subsiguiente Legislatura Ordinaria, en los términos prescritos por la Constitución de la República.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y cinco. 

 

José Efrain Bu Girón

Presidente

 

 

Mario Enrique Prieto Alvarado

Secretario

 

Juan Pablo Urrutia Raudales

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por tanto: Ejecútese.

 

Tegucigalpa, D.C., octubre de 1985.

 

ROBERTO SUAZO CORDOVA

Presidente

 

Amilcar Castillo Suazo

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y Seguridad Publica.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación debiendo ser publicado en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y   seis.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Teófilo Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Ejecútese.

 

Tegucigalpa, D.C., 3 de noviembre de 1986.

 

JOSÉ  SIMÓN AZCONA HOYO

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

Raúl Elvir Colindres

 

DECRETO 56-87

(Emitido el 30/04/1987) (Gaceta no.25240 de03/06/1987)

 

El Congreso Nacional

 

DECRETA:

 

Artículo 01. Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.16186, de fecha treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, que literalmente dice: "Decreto no.16186.Considerando: que corresponde al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaria de trabajo el control y vigilancia de las obligaciones y la ejecución de acciones publicas de coordinación conducentes a promover a los trabajadores en sus condiciones de vida y de trabajo y a prevenir los riesgos profesionales y sociales que los afectan en su seguridad o les disminuyen su capacidad de producción y de ganancia.

 

Considerando: Que la Constitución de la República, en su Artículo 246, creo la denominación de Secretaria de Trabajo y Asistencia Social, y que la misma es inadecuada al desempeño que histórica y técnicamente le corresponde a tal repartición Administrativa, por cuanto sus programas legislativamente establecidos giran alrededor de los conceptos de trabajo y Previsión Social y no de Asistencia Publica, lo cual a su vez tampoco armoniza y antes bien es antitética, con el significado de la denominación de "Trabajo".

 

Considerando: Que es conveniente reformar el Artículo citado a fin de establecer la denominación correcta de aquella Secretaria de Estado y asegurar la ejecución normal de sus atribuciones.

 

POR TANTO:

 

DECRETA

 

Artículo 1. Reformar el Artículo 246 de la Constitución de la República, el cual deberá leerse así:

 

Artículo 246. Para la Administración General del país habrá por lo menos doce Secretarias de Estado, entre las cuales se distribuirán los ramos de Gobernación y Justicia, Despacho Presidencial, Relaciones Exteriores, Economía y Comercio, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional y Seguridad Pública, Trabajo y Previsión social, Salud Pública, Educación Pública, Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, Cultura y Turismo, Recursos Naturales, y las demás que se crearen de acuerdo con la Ley.

 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la subsiguiente Legislatura Ordinaria, en los términos prescritos por la Constitución de la República, debiéndose publicar en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Teófilo Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, D.C., 3 de noviembre de 1986.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

Raúl Elvir Colindres

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio  del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de abril de mil novecientos ochenta y siete.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Teófilo Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa,  D.C., 7 de mayo de 1987.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

Romualdo Bueso Peñalba

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

 

DECRETO 57-87

(Emitido el 30/04/1987) (Gaceta no.25241 de 04/06/1987)

 

El Congreso Nacional

 

DECRETA:

 

Artículo 01.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.5886, de fecha veintidós de abril de mil novecientos ochenta y seis, que literalmente dice: "Decreto no.5886.

 

Considerando: Que el Artículo 267 de la Constitución de la República establece que los Organismos descentralizados del Estado, enviarán al Poder Legislativo dentro de los primeros treinta días de su instalación, los respectivos Anteproyectos desglosados de Presupuesto para su aprobación.

 

Considerando: Que conforme dicha disposición los Organismos Descentralizados tendrían que presentar sus Proyectos de Presupuesto hasta finales del mes de febrero de cada año, por lo que los mismos no podrían ser aprobados sino hasta después de iniciado cada ejercicio económico.

 

Considerando: Que el hecho de que los Organismos Descentralizados no puedan iniciar cada ejercicio económico con sus Presupuestos debidamente aprobados, ocasiona a los mismos serios inconvenientes que obstaculizan gravemente su gestión financiera.

 

Considerando: Que para efectos de la consolidación del Presupuesto del Sector Publico, así como para lograr una efectiva coordinación entre el Gobierno Central y el Sector Descentralizado, resulta de urgente necesidad y conveniencia modificar el periodo de presentación de los Proyectos de Presupuesto de los Organismos Descentralizados a fin de que se presenten simultáneamente con el Proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

 

POR TANTO:

 

DECRETA

 

Artículo 01. Reformar el Artículo 267 de la Constitución de la República, el cual se leerá así:

 

Artículo 267. Los Organismos Descentralizados del Estado enviarán al Poder Legislativo, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año, los respectivos Anteproyectos desglosados anuales de presupuesto para su aprobación.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado Constitucionalmente por la subsiguiente Legislatura Ordinaria.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos ochenta y seis.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

Teófilo Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Ejecútese.

 

Tegucigalpa, D.C., 30 de abril de 1986.

 

JOSÉ SIMÓN AZCONA HOYO

Presidente

 

Raúl Elvir Colindres

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de abril de mil novecientos ochenta y siete.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Teófilo Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo. Por Tanto: Publíquese.

Tegucigalpa,  D.C., 7 de mayo de 1987.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

Romualdo Bueso Peñalba

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

DECRETO 206-87

(Emitido el 26/11/1987) (Gaceta no.25406 del 18/12/1987)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que el Artículo 202 de la Constitución de la República, establece una base poblacional de treinta y cinco mil habitantes, para elegir un Diputado propietario y suplente o fracción que exceda de quince mil.

 

Considerando: Que nuestra República tiene un alto índice de crecimiento demográfico, lo cual nos conduce a un progresivo e interminable aumento del número de Diputados al Congreso Nacional, cada vez que se realicen Elecciones Generales.

 

Considerando: Que el mencionado Artículo Constitucional faculta al mismo Congreso Nacional para modificar dicha base poblacional, pero sin esclarecer el sentido y el procedimiento que se aplicara al verificar dichas modificaciones.

 

Considerando: Que conviene mas a los intereses del país establecer un número determinado de Diputados, que representen a todos los departamentos dela República, de acuerdo a un cociente Nacional electoral más los Diputados que obtuviesen ese beneficio por haber sido candidatos a la primera magistratura de la nación, en los comicios generales para autoridades supremas, que establecerá para cada comicio, el Tribunal  Nacional de Elecciones.

 

Artículo 01

 

POR TANTO

 

DECRETA:

 

Reformar el Artículo 202, de la Constitución de la República, que se leerá así:

 

Artículo 202. El Congreso Nacional estará integrado por un número fijo de ciento veintiocho (128) Diputados propietarios y sus respectivos suplentes, los cuales serán electos de acuerdo con la Constitución y la Ley. Los Diputados serán representantes del pueblo,  su distribución departamental se hará con base al cociente que señale el Tribunal Nacional de Elecciones, de acuerdo con la Ley electoral y de las organizaciones políticas. En aquellos departamentos que tuvieren una población menor al cociente señalado por el Tribunal Nacional de Elecciones, se elegirá un Diputado propietario y su respectivo suplente.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República y diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Teófilo Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa,  D.C., cuatro de diciembre de 1987.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

Romualdo Bueso

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

DECRETO 207-87

(Emitido el 29/11/1987) (Gaceta no.25406 del 18/12/1987)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que es indispensable para la función publica, contar con el concurso de aquellas personas idóneas para el desempeño de responsabilidades Administrativas.

 

Considerando: Que en cumplimiento del Artículo 373 Constitucional, y habiéndose obtenido la Mayoría calificada de votos.

 

Artículo 01

 

POR TANTO

 

DECRETA:

 

Reformar los Artículos 250, numeral uno (1) y 263 de la Constitución de la República, que deberá leerse así:

 

Artículo 250. No pueden ser Secretarios y Subsecretarios de Estado: 1. los parientes del Presidente de la República y de los designados, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad; 2, 3, 4 y 5...".

 

Artículo 263. No podrán ser Presidentes, Gerentes Generales, Directores Generales de las Instituciones Descentralizadas: 1.los parientes del Presidente de la República, y de los designados, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República, y diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Teófilo  Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa,  D.C.,  a los cuatro de diciembre de 1987.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

Romualdo Bueso Peñalva

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

DECRETO 28-88

(Emitido el 01/03/1988) (Gaceta no.25507 de 21/04/1988)

 

El Congreso Nacional

 

Artículo 01.  Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.20687, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, que literalmente dice:

 

Decreto no.206-87.

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que el Artículo 202 de la Constitución de la República, establece una base poblacional de treinta y cinco mil habitantes, para elegir un Diputado propietario y suplente o fracción que exceda de quince mil.

 

Considerando: Que nuestra República tiene un alto índice de crecimiento demográfico, lo cual nos  conduce a un progresivo e interminable aumento del número de Diputados al Congreso Nacional, cada vez que se realicen elecciones generales.

 

Considerando: Que el mencionado Artículo Constitucional faculta al mismo Congreso Nacional para modificar dicha base poblacional, pero sin esclarecer el sentido y el procedimiento que se aplicara al verificar dichas modificaciones.

 

Considerando: que conviene mas a los intereses del país establecer un número determinado de Diputados, que representen a todos los departamentos de la República, de acuerdo a un cociente Nacional electoral más los Diputados que obtuviesen ese beneficio por haber sido candidatos a la primera magistratura de la nación, en los comicios generales para autoridades supremas, que establecerá, para cada comicio, el Tribunal Nacional de Elecciones.

 

POR TANTO,

 

DECRETA

 

Artículo 1. Reformar el Artículo 202 de la Constitución de la República, que se leerá así:

 

Artículo 202. El Congreso Nacional estará integrado por un número fijo de ciento veintiocho (128) Diputados propietarios y sus respectivos suplentes, los cuales serán electos de acuerdo con la Constitución y la Ley. Los Diputados serán representantes del pueblo, su distribución departamental se hará con base al cociente que señale el Tribunal Nacional de Elecciones, de acuerdo con la Ley electoral y de las  Organizaciones políticas. En aquellos departamentos que tuvieren una población menor al cociente que señale el Tribunal Nacional de Elecciones, se elegirá un Diputado propietario y su respectivo suplente.

 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República, y diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.

 

Carlos Orbin Montoya,

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo,

Secretario.

 

Teófilo Norberto Martel Cruz,

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 4 de diciembre de 1987.

 

José Simón Azcona Hoyo,

Presidente.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

Romualdo Bueso Peñalba.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, el uno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Teófilo Norberto Martel Cruz

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 4 de marzo de 1988.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

 

DECRETO 95-88

(Emitido el 06/09/1988) (Gaceta no.25640 de 24/09/1988)

 

El Congreso Nacional

 

 

DECRETA:

 

Artículo 01. Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.20787, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, que literalmente dice:

 

Decreto no.20787.

El Congreso Nacional.

 

Considerando: Que es indispensable para la función publica, contar con el concurso de aquellas personas idóneas para el desemperño de responsabilidades Administrativas.

 

Considerando: Que en cumplimiento del Artículo 373 Constitucional, y habiéndose obtenido la Mayoría calificada de votos.

 

POR TANTO

 

DECRETA:

 

Artículo 1. Reformar los Artículos 250, numeral uno (1) y 263 de la Constitución de la República, que deberá leerse así:

 

Artículo 250. No pueden ser Secretarios y Subsecretarios de Estado: 1.los parientes del Presidente de la República y de los designados, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 2, 3, 4, 5..."

 

Artículo 263. No podrán ser Presidentes, Gerentes Generales,  Directores Generales de las instituciones descentralizadas: 1.los parientes del Presidente de la República y de los designados, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad."

 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República y diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.

 

Carlos Orbin Montoya,

Presidente.

 

Oscar Armando Melara Murillo,

Secretario.

 

Teófilo Norberto Martel Cruz,

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 4 de diciembre de 1987.

 

José Simón Azcona Hoyo,

Presidente.

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

 

Romualdo Bueso Peñalba

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los seis días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Luis Antonio Ortez Turcios

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de septiembre de 1988.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

 

Enrique Ortez Colindres

 

DECRETO 153-88

(Emitido el 14/12/1988) (Gaceta no. de)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que como un instrumento para lograr una mejor eficiencia de la Administración publica Centralizada, es conveniente y necesario reducir las Secretarias de Estado y reordenar sus ramos de  funcionamiento.

 

Considerando: Que es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes y específicamente reformar la Constitución de la República.

 

Artículo 01

 

POR TANTO,

DECRETA:

 

Reformar el Artículo no.246 de la Constitución de la República, el que se leerá así:

 

Artículo 246. Para la Administración General del país habrá por lo menos once Secretarias de Estado, entre las cuales se distribuirán los ramos de: Gobernación y Justicia; Relaciones Exteriores; Economía; Hacienda y Crédito Publico; Industria, Comercio y Turismo; Defensa Nacional y Seguridad Publica; Trabajo y Previsión Social; Salud y Asistencia Social; Educación, Cultura, Juventud y Deportes; Comunicaciones, Obras Publicas y Transporte; Recursos Naturales; Planificación, Coordinación y Presupuesto y las demás que se crearen de acuerdo con la Ley.

 

Artículo 02. El presente Decreto deberá ser ratificado Constitucionalmente en la próxima Legislatura Ordinaria y una vez ratificado entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

 Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Armando Rosales Peralta

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 21 de diciembre de 1988.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

DECRETO 248-89

(Emitido el 15/12/1989) (Gaceta no.26038 del 18/01/1990)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que es indispensable para la función publica contar con el concurso de aquellas personas idóneas para el desempeño de responsabilidades Legislativas y Administrativas.

 

Considerando: Que en cumplimiento del Artículo 373, Constitucional y habiéndose obtenido la Mayoría calificada de notas.

 

Artículo 01

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Reformar los Artículos 199, numerales 1 y 250, numeral 1, de la Constitución de la República la que  deberá leerse Así:

 

Artículo 199. No pueden ser elegidos Diputados: 1. E Presidente de la República; 2...;3...;4...;5...;6...;7...;8...;9...;10...;11...;12...;13...;

 

Artículo 250. No pueden ser Secretario y Subsecretarios de Estado: 1.los parientes del Presidente de la República, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 2...; 3...; 4...".

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 375, de la Constitución de la República y diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente

 

Oscar Armando Melara Murillo

Secretario

 

Armando Rosales Peralta

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 21 de diciembre de 1989.

 

José Simón Azcona Hoyo

Presidente

 

Enrique Ortez Colindres

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

DECRETO 4-90

(Emitido el 27/01/1990) (Gaceta no.26069 de 23/02/1990)

 

El Congreso Nacional

 

Artículo 01. Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.24889, de fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que literalmente dice:

 

Decreto no.24889.

El Congreso Nacional,

 

Considerando: Que es indispensable para la función publica contar con el concurso de aquellas personas idóneas para el desempeño de responsabilidades Legislativas y Administrativas.

 

Considerando: Que en cumplimiento del Artículo 373 constitucional y habiéndose obtenido la Mayoría calificada de votos.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 1. Reformar los Artículo 199, numeral 1 y 250, numeral 1 de la Constitución de la República, la  que deberá leerse así:

 

Artículo 199.  No pueden ser elegidos Diputados: 1.el Presidente de la República; 2...; 3...; 4...; 5...; 6...; ...; 8...; 9...; 10...; 11...; 12...; 13....

 

Artículo 250. No pueden ser Secretarios y Subsecretarios de Estado: 1.los parientes del Presidente de la República, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 2...; 3...; 4...;

 

Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 375, de la Constitución de la República, y diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

 

Carlos Orbin Montoya

Presidente.

 

Oscar Armando Melara Murillo,

Secretario.

 

Armando Rosales Peralta,

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 21 de diciembre de 1989.

 

José Simón Azcona Hoyo,

Presidente.

 

Enrique Ortez Colindres,

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia diez días después de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos noventa.

Rodolfo Irías Navas

Presidente

 

Marco Augusto Hernandez Espinoza

Secretario

 

Carlos Gabriel Kattan Salem

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de febrero de 1990.

 

Rafael Leonardo Callejas Romero

Presidente

 

José Francisco Cardona Arguelles

 

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

DECRETO 10-90

(Emitido el 22/02/1990) (Gaceta no.26115 de 21/04/1990)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que el Artículo 307 de la Constitución de la República amerita una interpretación por cuanto el contenido del mismo se presta para equívocos Especialmente en su sentido final, referente al ejercicio de la profesión del derecho.

 

Considerando: Que es necesario establecer con claridad la interpretación del legislador, en cuanto al determinar los requisitos que deberán ostentar para ser electo y ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

 

Artículo 01

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Interpretar el Artículo 307 de la Constitución de la República, en el sentido de que al establecer diez años para el ejercicio de la profesión, se refiere únicamente a quienes tienen diez años del ejercicio de la profesión del derecho con titulo otorgado o reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), contados a partir de la fecha de inscripción en el colegio de abogados.

 

Artículo 02. El presente Decreto deberá publicarse en el diario oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de febrero de mil novecientos noventa.

 

Rodolfo Irías Navas

Presidente

 

Marco Augusto Hernandez Espinoza

Secretario

 

Carlos Gabriel Kattan Salem

Secretario

 

Al  Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 23 de febrero de 1990.

 

Rafael Leonardo Callejas Romero

Presidente

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

Francisco Cardona Arguelles

 

 

DECRETO 122-90

(Emitido el 29/10/1990) (Gaceta no.26296 del 23/11/1990)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que como un instrumento para lograr una mejor eficiencia de la Administración Publica Centralizada, es de conveniencia reordenar los ramos de funcionamiento de las Secretarias de Estado,  estableciendo en la Legislación Ordinaria, el número, organización, competencia y actividad de las que se consideren necesarias de acuerdo a la Ley.

 

Considerando: Que es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes y específicamente reformar la Constitución de la República.

 

Artículo 01

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Reformar el Artículo 246, de la Constitución de la República, reformado en virtud del Decreto no.5687, del 30 de abril de 1987, el cual se Leerá Así:

 

Artículo 246. Las Secretarias de Estado, son órganos de la Administración General del país y dependen directamente del Presidente de la República. La Ley determinará su número, organización, competencia y funcionamiento, así como también la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Ministros.

 

Artículo 02. El presente Decreto deberá ser ratificado Constitucionalmente en la próxima Legislatura Ordinaria y una vez ratificado entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa.

 

Rodolfo Irías Navas

Presidente

 

Marco Augusto Hernandez Espinoza

Secretario

 

Carlos Gabriel Kattan Salem

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de noviembre de 1990.

 

Rafael Leonardo Callejas Romero

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

José Francisco Cardona Arguelles.

 

 

DECRETO 5-91

(Emitido el 30/01/1991) (Gaceta no.26358 de 06/02/1991)

 

El Congreso Nacional

 

Artículo 01. Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.12290, de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa, que literalmente dice:

 

Decreto no.12290.

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que como un instrumento para lograr una mejor eficiencia de la Administración Publica Centralizada, es de conveniencia reordenar los ramos de funcionamiento de las Secretarias de Estado, estableciendo en la Legislación Ordinaria, el número, organización, competencia y actividad de las que se consideren necesarias de acuerdo a la Ley.

 

Considerando: Que es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes y específicamente reformar la Constitución de la República.

 

POR TANTO:

 

DECRETA:

 

Artículo 1. Reformar el art.246, de la Constitución de la República, reformado en virtud del Decreto  no.5687, del 30 de abril de 1987, el cual se Leerá Así:

 

Artículo 246. Las Secretarias de Estado son órganos de la Administración General del país, y dependen directamente del Presidente de la República. La Ley determinara su número, organización, competencia y funcionamiento, así como también la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de  Ministros.

 

Artículo 2. El presente decreto deberá ser ratificado constitucionalmente en la próxima Legislatura  Ordinaria y una vez ratificado entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa.

 

Rodolfo Irías Navas

Presidente

 

Marco Augusto Hernandez Espinoza

Secretario

 

Carlos Gabriel Kattan Salem

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de noviembre de 1990.

 

Rafael Leonardo Callejas Romero

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

 

Francisco Cardona Arguelles

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta (30) días del mes de enero de mil novecientos noventa y uno.

 

Rodolfo Irías Navas

Presidente

Marco Augusto Hernandez Espinoza

Secretario

 

Carlos Gabriel Kattan Salem

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa,  D.C., 30 de enero de 1991.

 

Rafael Leonardo Callejas Romero

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

José Francisco Cardona Arguelles

 

 

DECRETO 58-93

(Emitido el 30/03/1993) (Gaceta no.27059 del 02/06/1993)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que corresponde al soberaño Congreso Nacional, la facultad privativa de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes de un modo Generalmente obligatorio.

 

Considerando: Que la Constitución de la República, reconoce el Fuero de Guerra para los delitos y faltas  de orden Militar.

 

Considerando: Que el Fuero de Guerra solo corresponde aplicarse excepcionalmente para aquellos casos que afecten institucionalmente las Fuerzas Armadas, en actos que se sucedan en el cumplimiento del  deber y atribuciones del cargo o desempeño de tareas del servicio Militar.

 

Considerando: Que el Fuero de Guerra debe ser aplicado en razón de la materia y no de las personas.

 

Artículo 01

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Interpretar el Artículo 90 de la Constitución de la República, en su párrafo segundo, en el sentido que se entiende por "Fuero de Guerra":  El Conjunto de normas contenidas en la Legislación penal Militar, a ser aplicadas por los tribunales Militares a los miembros de las fuerzas armadas que estando de alta y en acto de servicio, incurrieren en la comisión de delitos o faltas de naturaleza estrictamente Militar. En caso de conflicto de competencia en cuanto a sí el delito es penal común o penal militar, prevalecerá el Fuero Común.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, y deberá  publicarse en el Diario Oficial "La Gaceta".

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres.

 

Rodolfo Irías Navas

Presidente

 

Nahum E. Valladares Valladares

Secretario

 

Andrés Torres Rodríguez

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril de 1993.

 

Rafael Leonardo Callejas Romero

Presidente

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

 

Roque Ruben Pascua

 

DECRETO 295-93

(Emitido el 16/12/1993) (Gaceta n.27372 de 13/06/1994)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que la Constitución de la República define claramente en su Artículo segundo, que la Soberanía corresponde al pueblo el cual es el único Soberano.

 

Considerando: Que hay cuestiones de naturaleza histórica y trascendente que requiere de la consulta directa al pueblo para ser consecuentes con el mejor interés nacional y con la cualidad de intransmisible que posee la soberanía.

 

Considerando: Que las democracias mas avanzadas y exitosas a lo largo de la historia cuentan con mecanismos directos de consulta popular.

 

Artículo 01

 

POR TANTO:

 

DECRETA:

 

Reformar los Artículos 2 y 51 de la Constitución de la República, contenida en decreto número 131, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, el 11 de enero de 1982, el cual debe leerse Así:

 

Artículo 2. La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación. La soberanía del pueblo podrá también ejercerse de manera directa a través del plebiscito y referendo. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los Poderes Constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.

 

Artículo 51. Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Nacional de Elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por esta Constitución y la Ley, las que fijaran   igualmente lo relativo a los demás organismos electorales. Asimismo, el Tribunal Nacional de Elecciones, organizara los plebiscitos y referendos que se lleven a cabo de acuerdo con esta Constitución y la Ley.

 

Artículo 02. La presente reforma deberá Ratificarse por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con el procedimiento constitucional establecido al efecto.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

 

Rodolfo Irías Navas

Presidente.

 

Nahum Efrain Valladares Valladares

Secretario.

 

Andrés Torres Rodríguez

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C., 20 de diciembre de 1993.

 

Rafael Leonardo Callejas Romero

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

 

José Celin Discua Elvir

 

DECRETO 24-94

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que el deber que tienen los hondureños de defender y servir a la Patria, establecido en el Artículo 38, de la Constitución de la República, puede cumplirse por medio del servicio militar o por los diferentes servicios civiles que deben prestar los ciudadanos, según sus méritos y capacidades, conforme lo demanden los intereses fundamentales de la Nación.

 

CONSIDERANDO: Que la evolución de la sociedad hondureña exige reformar los criterios con que tradicionalmente se ha venido dando cumplimiento a la prestación del servicio militar, con el objeto de que éste sea considerado por el pueblo, especialmente por la juventud, como el cumplimiento de un deber cívico, más que como una mera exigencia imperativa.

 

CONSIDERANDO: Que en una necesidad impostergable ofrecer a la ciudadanía la opción a un servicio militar que permita conciliar la voluntad y la vocación de prestarlo con el deber de servir y defender a la patria, en el lugar y circunstancias que ésta lo necesite.

 

CONSIDERANDO: Que el Estado debe preservar el cumplimiento de las funciones constitucionales encomendadas a las Fuerzas Armadas, por lo que es necesario asegurar el número de miembros permanentes con que aquellas deban disponer, de conformidad con lo prescrito por la Ley Fundamental.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 1.- Reformar el Artículo 276, de la Constitución de la República, el que deberá leerse en la forma siguiente:

 

“ARTICULO 276.- Los ciudadanos comprendidos  en la edad de dieciocho a treinta años, prestarán el servicio militar en forma voluntaria en tiempo de paz, bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanista y democrático. El Estado tiene la facultad de llamar a filas, de conformidad con la Ley de Servicio militar.

 

En caso de guerra internacional, son soldados todos los hondureños capaces de defender y prestar servicios a la Patria”

 

Artículo 2.- Para su vigencia, el presente Decreto deberá ratificarse por el Congreso Nacional, en la Siguiente Legislatura ordinaria, con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, debiendo publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del congreso Nacional, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

PRESIDENTE

 

ROBERTO MICHELETTI BAIN

SECRETARIO

 

SALOMÓN SORTO DEL CID

SECRETARIO

 

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C. 18 de mayo de 1994.

 

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

EFRAIN MONCADA SILVA

 

 

 

DECRETO 191-94

(Emitido el 15/12/1994) (Gaceta no.27553 de 14/01/1995)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que es necesario para garantizar y fortalecer la existencia jurídica y el quehacer del Comisionado de los Derechos Humanos, darle la categoría de Institución Constitucional.

 

Considerando: Que nuestra Constitución en el titulo iii de "Las Declaraciones Derechos y Garantías" afirma que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, con la obligación de   respetarla y protegerla y que la dignidad del ser humaño es inviolable.

 

Artículo 01

 

POR TANTO,

 

 

DECRETA:

 

Reformar el Artículo 59 de la Constitución de la República, el que se Leerá Así:

 

Artículo 59. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación  de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, crease la Institución del Comisionado de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado Nacional de los derechos humanos será objeto de una Ley Especial."

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado Constitucionalmente en la próxima Legislatura Ordinaria, conforme lo establece el Artículo 373 de la Constitución de la República de Honduras, y desde el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

 

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente

 

Roberto Micheletti Bain

Secretario

 

Salomon Sorto del Cid

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de diciembre de 1994.

 

Carlos Roberto Reina Idíaquez

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

 

Efrain Moncada Silva

 

 

 

DECRETO 2-95

(Emitido el 07/02/1995) (Gaceta no.27595 de 04/03/1995)

 

El Congreso Nacional

 

DECRETA:

 

Artículo 01. Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto no.19194 de fecha 15 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que literalmente dice:

 

Decreto no.19194.

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que es necesario para garantizar y fortalecer la existencia jurídica y el quehacer del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, darle la categoría de institución Constitucional. 

 

Considerando: Que nuestra  Constitución en el titulo iii de "Las Declaraciones Derechos y Garantías" firma que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado, con la obligación de  respetarla y protegerla y que la dignidad del ser humaño es inviolable.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 01. Reformar el Artículo 59 de la Constitución de la República, el que se Leerá Así:

 

Artículo 59. La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos  en esta Constitución, crease la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones  del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una Ley Especial.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado Constitucionalmente en la próxima Legislatura Ordinaria, conforme lo establece el Artículo 373 de la Constitución de la República de Honduras, y desde el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

 

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente

 

Roberto Micheletti Bain

Secretario

 

Salomon Sorto del cid

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo.

  Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de diciembre de 1994.

 

Carlos Roberto Reina Idíaquez

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

 

Efrain Moncada Silva

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los siete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente

 

Salomon Sorto del Cid

Secretario

 

Concepción Ramos Rodas

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

  Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de febrero de 1995.

 

Carlos Roberto Reina Idíaquez

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

Efrain Moncada silva

 

 

DECRETO 41-95

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que la redacción del párrafo 2 del artículo 122 Constitucional, ha dado lugar a que el Juez en la aplicación de la norma al caso concreto, equivoque la verdadera intención y sentido del legislador.

 

CONSIDERANDO: Que esa equivocación en la aplicación de la norma ha originado desasosiego e inseguridad en la sociedad a la que es deber del Estado proteger y asegurarle el goce de sus derechos fundamentales.

 

CONSIDERANDO: Que dentro de las atribuciones del Congreso Nacional, está la de interpretar en forma general y obligatoria las leyes de la República.

 

POR TANTO:

 

DECRETA:

 

Artículo Único.- Interpretar el párrafo 2 del Artículo 122 de la Constitución de la República en el sentido que los menores de 18 años que infrinjan la legislación penal serán recluidos en centros especiales que determine la Ley, distintos a las cárceles o presidios.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito Central, en el salón de sesiones del Congreso Nacional, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente

 

ROBERTO MICHELETTI BAIN

Secretario

 

JOSE ANGEL PINEDA GUIFARRO

Secretario

 

Al Poder ejecutivo.

Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, D.C. 28 de marzo de 1995.

 

WALTER LOPEZ REYES

Presidente Constitucional de la República por Ley

El secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y justicia por Ley

RAMÓN F. IZAGUIRRE R.

 

DECRETO 65-95

 

EL CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

Artículo 1.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto No. 24-94 del 10 de mayo de 1994, que literalmente dice:

 

DECRETO NO. 24-94.El Congreso Nacional, CONSIDERANDO: Que el deber que tienen los hondureños de defender y servir a la Patria, establecido en el Artículo 38 de la Constitución de la República, puede cumplirse por medio del servicio militar o por los diferentes servicios civiles que deben prestar los ciudadanos, según sus méritos y capacidades, conforme lo demanden los intereses fundamentales de la nación.

 

CONSIRDERANDO: Que  la evolución de la sociedad hondureña exige reformar los criterios con que tradicionalmente se ha venido dando cumplimiento a la prestación del servicio militar, con el objeto de que este sea considerado por el pueblo, especialmente por la juventud, como el cumplimiento de un deber cívico más que como una mera exigencia imperativa.

 

CONSIDERANDO: Que es una necesidad impostergable ofrecer a la ciudadanía la opción de un servicio militar que permita conciliar la voluntad y la vocación de prestarlo con el deber de servir y defender a la patria, en el lugar y circunstancias que ésta lo necesite.

 

CONSIDERANDO: Que el Estado debe preservar el cumplimiento de las funciones constitucionales encomendadas a las Fuerzas Armadas, por lo que es necesario asegurar el número de miembros permanentes con que aquellas deban disponer, de conformidad con lo prescrito por la Ley Fundamental.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1.- Reformar el Artículo 276 de la Constitución de la República, el que deberá leerse en la forma siguiente: “ARTICULO 276.- Los ciudadanos comprendidos en la edad de de dieciocho a treinta años prestarán el servicio militar en forma voluntaria en tiempo de paz, bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanista y democrático. El Estado tiene la facultad de llamar a filas, de conformidad con la Ley del Servicio Militar. En Caso de guerra internacional, son soldados todos los hondureños capaces de defender y prestar servicios a la Patria”.

 

ARTÍCULO 2.- Para su vigencia, el presente Decreto deberá ratificarse por el Congreso Nacional, en la siguiente legislatura ordinaria, con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, debiendo publicarse en el Diario oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el salón de Sesiones del congreso Nacional, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ

Presidente

 

ROBERTO MICHELETTI BAIN,

Secretario

 

SALOMÓN SORTO DEL CID,

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo

 

POR TANTO: PUBLÍQUESE.

Tegucigalpa, D.C. 18 de mayo de 1994.

 

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y justicia,

EFRAÍN MONCADA SILVA.

 

Artículo 2.- El Presente decreto entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

PRESIDENTE

 

ROBERTO MICHELETTI BAIN

SECRETARIO

 

SALOMÓN SORTO DEL CID

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto: Publíquese

 

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de abril de 1995.

 

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de gobernación y Justicia

EFRAIN MONCADA SILVA

 

DECRETO 136-95

(Emitido el 19/09/1995) (Gaceta n.27835 del 19/12/1995)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que hay una clara y expresa voluntad de la ciudadanía hondureña, de los sectores políticos, económicos y sociales organizados, con respecto a la urgencia de crear la Policía Nacional bajo administración civil, como institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, encargada de velar por la conservación del orden publico, la prevención, control y combate al delito y la seguridad de las personas y sus bienes.

 

Considerando: Que los partidos políticos en una elevada manifestación de madurez cívica, han convenido que la creación de la Policía Nacional sea un acto de convergencia, en el cual prevalezca por sobre todos los intereses personales y de grupos, la conveniencia nacional.

 

Considerando: Que para la creación de la Policía Nacional bajo la administración civil, es necesario reformar los Artículos 272, 273, 291 y 293 Así como la denominación del capitulo x correspondiente al titulo v de la Constitución de la República.

 

Artículo 01

 

POR TANTO,

DECRETA:

 

Reformar la denominación del capitulo X del titulo V, de la Constitución de la República, de los Poderes del Estado, que se Leerá Así: "Capitulo X: de la Defensa Nacional y de la Seguridad Publica".

 

Artículo 02. Reformar los Artículos 272, 273, 291 y 293 de la Constitución de la República, los que deberán leerse Así:

 

Artículo 272. Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.  Cooperaran con la Policía Nacional en la conservación del orden publico.

 

Artículo 273. Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Alto Mando, Ejercito, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y los organismos que determine su Ley Constitutiva.

 

Artículo 291. La Administración de los fondos asignados al ramo de defensa, estará a cargo de la Pagaduría General de las Fuerzas Armadas, la que recibirá de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, por trimestres adelantados, los fondos asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Para la protección, bienestar y seguridad social de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, funcionará el Instituto de Previsión Militar, de acuerdo con la Ley correspondiente.

 

Artículo 293. La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden publico, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos. La Policía Nacional se regirá por la Legislación Especial.

 

Artículo 03. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado constitucionalmente por la siguiente Legislatura Ordinaria.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

 

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente

 

Roberto Micheletti Bain

Secretario

 

Salomon Sorto del Cid

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 1995.

 

Carlos Roberto Reina Idíaquez

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

 

Efrain Moncada Silva

 

 

 

DECRETO 46-97

(Emitido el 05/05/1997) (Gaceta n.28318 del 23/07/1997)

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que la Constitución de la República, limita las penas  restrictivas de la libertad a veinte  años, y, a treinta años las acumuladas por la Comisión de varios delitos.                                             

 

Considerando: Que actualmente se observa un incremento de la criminalidad  en el territorio nacional  que ha alcanzado niveles alarmantes y generado un  clima de inseguridad individual y colectiva.                                   

 

Considerando: Que las circunstancias señaladas producen en la comunidad nacional un repudio absoluto, demandando mayor severidad en las penas aplicables

 

Considerando: Que la pena de privación de la libertad a perpetuidad deviene en la mejor alternativa para sancionar los delitos de extrema gravedad, por lo que procede la Reforma Constitucional.                                      

 

Considerando: Que en la Constitución de la República no es conveniente establecer limites a la duración de las penas por los delitos que se cometan, normas que son propias de la Legislación Secundaria; siguiendo el ejemplo de varias Legislaciónes orientadas en tal sentido.                                   

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 01.  Reformar el Artículo 97 de la Constitución de la República, el cual se Leerá Así:

 

Artículo 97.  Nadie podrá ser condenado apenas infamantes, prescriptivas o confiscatorias. Se establece la pena de privación de la libertad a perpetuidad. La Ley Penal determinará su aplicación para aquellos delitos en cuya comisión concurran circunstancias graves, ofensivas y degradantes, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la Comunidad Nacional. Las penas privativas de la libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijaran en la Ley penal.                

 

Artículo 02. El presente Decreto deberá ser ratificado Constitucionalmente en la próxima Legislatura Ordinaria y una vez ratificado Entrará en vigencia desde el día dee su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del  Congreso Nacional, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa  y siete.

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente

 

Roberto Micheletti Bain

Secretario

 

Salomon Sorto del Cid

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de mayo de 1997.

 

Carlos Roberto Reina

Presidente Constitucional de la República.

 

Ramón F. Izaguirre R.

Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, por Ley.

 

DECRETO 160-97

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 202 de la Constitución de la República, establecida originalmente, que la elección de los Diputados al Congreso Nacional, se haría sobre la base de un diputado propietario y un suplente, por cada treinta y cinco mil habitantes o fracción que exceda de quince mil.

 

CONSIDERANDO: Que el crecimiento demográfico producirá un aumento interminable del número de diputados, razón por lo cual, mediante Decreto Número 28-88, del 1 de marzo de 1988, el Congreso Nacional ratificó el Decreto número 206-87, del 29 de noviembre de 1987, que reformó el Artículo 202 constitucional estableciendo que el congreso Nacional estará integrado por un número fijo de ciento veintiocho (128) diputados propietarios y sus respectivos suplentes.

 

CONSIDERANDO: Que es de conveniencia nacional y como una contribución al anhelo de la reducción del gasto corriente, disminuir el actual número de diputados.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1.- Reformar el Artículo 202 de la constitución de la República, reformado mediante Decreto Número 206-87, del 29 de noviembre de 1987, el que se leerá así:

 

ARTÍCULO 202.- El Congreso Nacional, estará integrado por un número fijo de ochenta (80) diputados propietarios y cuarenta (40) suplentes, los cuales serán electos de acuerdo con la Constitución de la República y la Ley.

 

Los Diputados serán representantes del pueblo, su distribución departamental se hará en base al cociente que señale el Tribunal Nacional de Elecciones, de acuerdo con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. En aquellos departamentos que tuvieren una población menor al cociente señalado por el Tribunal Nacional de Elecciones, se elegirá un diputado propietario y su respectivo suplente”.

 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente legislatura ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República y veinte días después de su publicación en el Diario Oficial “LA GACETA”.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los dieciséis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

PRESIDENTE

 

ROBERTO MICHELETTI BAIN

SECRETARIO

 

SALOMON SORTO DEL CID

SECRETARIO

 

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto: Publíquese,

 

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de octubre de 1997.

 

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

EFRAIN MONCADA SILVA.

 

 

DECRETO 188-97

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que el Registro Nacional de las personas es un organismo del Estado de elevada importancia para el país y para la ciudadanía hondureña, ya que es el encargado del Registro Civil y de emitir la tarjeta de Identidad única para todos los hondureños.

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 54 de la constitución de la república, el Registro Nacional de las personas depende del Tribunal Nacional de Elecciones, circunstancia que le imprime un componente político sectario, incompatible con su función esencial de registrar o identificar a todos los hondureños.

 

CONSIDERENDO: Que es de conveniencia nacional separar el Registro Nacional de las personas del Tribunal Nacional de Elecciones y convertirlo en un Organismo del Estado, eminentemente profesional y técnico, para cuyo fin es necesario reformar los Artículos 54 y 55 de la Constitución de la República.

 

POR TANTO;

 

DECRETA:

Artículo 1.- Reformar los Artículos 51, 54 y 55 de la constitución de la República que se leerá así:

Artículo 51.- Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Nacional de Elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidas por esta Constitución y la Ley; las que fijarán igualmente lo relativo a los demás organismos electorales.

El Tribunal Nacional de Elecciones elaborará de oficio en forma exclusiva el Censo Nacional Electoral, con base a la información que deberá proporcionar ante el Registro Nacional de las personas.

 

Artículo 54.- Créase el Registro Nacional de las Personas como un organismo del Estado, eminentemente profesional y técnico, con asiento en la capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional. Su organización y funcionamiento será determinada en su Ley Especial.

 

Artículo 55.- El Registro Nacional de las personas además de las funciones que le señala la Ley Especial, será el organismo estatal encargado del Registro Civil y de Extender la Tarjeta de Identidad única a todos los hondureños.

 

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente legislatura ordinaria, en los términos prescritos por la constitución de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial “LA GACETA”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de sesiones del Congreso Nacional, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

PRESIDENTE

 

ROBERTO MICHELETTI BAIN

SECRETARIO

 

SALOMON SORTO DEL CID

SECRETARIO

 

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto: Publíquese.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de diciembre de 1997

 

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

EFRAIN MONCADA SILVA

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

 

 

JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVA

Secretario

 

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto EjecÚtese.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de diciembre de 1998.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas

GABRIELÑA NUÑEZ DE REYES

 

DECRETO 294-98

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que en el título vi, del régimen económico, capítulo i, del sistema económico de la Constitución de la República, establece: "Que el Estado promueve el desarrollo económico y social; que la economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de empresa".

 

Considerando: Que el mismo título y capítulo constitucional citado, en otro de sus acápites consigna: "el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación y de empresas y que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordíalmente a los particulares.

 

Considerando: Que las circunstancias coyunturales, los nuevos  y modernos conceptos económicos, la globalización de la economía, la competitividad de los tratados de libre comercio, pero sobre todo, la imperiosa necesidad de promover el empleo, la captación de divisas, con el fin de mejorar nuestra balanza comercial a través de la inversión Nacional o extranjera;  exigen disposiciones legales que hagan atractivo a nuestro país.

 

Considerando: Que Honduras cuenta con parajes naturales exuberantes, de extraordinaria belleza, los cuales no han sido aprovechados, en especial en lo concerniente al turismo tanto interno como externo.

 

Considerando: Que mediante Decreto no.8492 de fecha 29 de mayo de 1992, reformado en el Decreto no.3787 del 7 de abril de 1987, que contiene la Ley Constitutiva de las zonas industriales de procesamiento para exportaciones, agregándosele  y zonas libres turísticas (zolt).

 

Considerando: Que el Artículo 107 Constitucional prescribe que los terrenos situados en la zona limítrofe a los Estados vecinos o en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta (40) kilómetros hacia el interior del país y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, solo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños.

 

Considerando: Que tal disposición Constitucional obstaculiza la captación de la inversión extranjera, en especial en lo relativo al turismo.

 

Considerando: Que para el desarrollo de nuestro país, es necesario flexibilizar su normatividad jurídica a fin de hacer posible la inversión extranjera, coherente con los tratados de libre comercio, la globalización de los mercados y la integración centroamericana.

 

POR TANTO,

DECRETA:

 

Artículo 01. Reformar el Artículo 107 de la Constitución de la República, el cual se leerá así:

 

Artículo 107. Los Terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada, situados en la zona limítrofe a los estados vecinos o en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta (40) kilómetros hacia el interior del país y los de las islas, cayos, arrecifes, es colladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, solo podrán ser adquiridos en dominio, poseídos y  tenidos a cualquier título, por hondureños por nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad, por socios hondureños por nacimiento y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato. Se exceptúan aquellos casos de adquisiciones de dominio, de posesión en el litoral de ambos mares, en las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, cuando éstas sean destinadas a proyectos de desarrollo turístico, debidamente aprobados por el Poder Ejecutivo de conformidad con una Ley Especial. Quedan también exceptuados de la presente disposición, los bienes urbaños comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior; cuyo dominio, posesión y tenencia serán objeto de una Legislación Especial. Se prohibe a los registradores de la propiedad, la inscripción de documentos que contravengan éstas disposiciones.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria, en los términos prescritos por la Constitución de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

 

Rafael Pineda Ponce

Presidente

 

José Alfonso Hernandez Cordova   

Secretario

José Angel Saavedra Posadas

Secretario              

 

Al Poder Ejecutivo

 Por Tanto: Publíquese

 

Tegucigalpa, M.D.C., de diciembre de 1998.

 

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

 

DECRETO 299-98

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que de conformidad con el Artículo 235 de la  Constitución de la República, el Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para beneficio del pueblo, el Presidente de la República.

 

Considerando: Que el Artículo 236 de la Constitución de la República establece, que el Presidente de la República y tres (3) designados de la Presidencia, serán electos conjunta y directamente por el pueblo, por simple Mayoría de votos.

 

Considerando: Que la tradición Constitucional en Honduras, ha sido que el Poder Ejecutivo lo ejerza al Presidente de la República y en su defecto un Vicepresidente como lo establecía el Artículo 114 de la Constitución de la República del 28 de marzo de 1936, situación que fue reformada al decretarse y sancionarse la Constitución de la República del 19 de diciembre de 1957, estableciendo el cargo de designados a la Presidencia de la República.

 

Considerando: Que es de conveniencia Nacional y una contribución al anhelo del pueblo hondureño en General de reducir la burocracia y el gasto corriente y tener una mayor coordinación en los asuntos de la Administración pública, reformar las disposiciones de la Constitución de la República que crean el cargo de designados a la Presidencia de la República y que el Poder Ejecutivo lo ejerza el Presidente de la República y en su defecto el Vicepresidente.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 1. Reformar los Artículos nos.: 199 numeral 1); 205 numeral 7), 12), 13) y 15); 208 numeral 13); 235; 236; 238; 239; 240 numerales 1) y 6); 242; 243; 244; y, 263 numeral 2) de la Constitución de la República, que se leerán así:

 

TITULO V

DE LOS PODERES DEL ESTADO

 

Artículo 199. No pueden ser elegidos Diputados:

1)      El Presidente y Vicepresidente de la República; 2) ...; 3) ...;  4) ...; 5)...; 6) ...; 7) ...; 8) ...; 9) ...; 10) ...; 11) ...; 12) ...; y, 13) ...ultimo párrafo ...

 

Artículo 205. Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:

1) ...; 2) ...; 3) ...; 4) ...; 5) ...; 6) ...;    7) Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del Presidente, Vicepresidente  de la República y Diputados al Congreso Nacional, cuando el Tribunal Nacional de Elecciones no lo hubiere hecho. Cuando un mismo ciudadano resulte elegido para diversos cargos, será declarado electo para uno solo de ellos, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: a)...;b) Vicepresidente de la República; c) ...; y, ch)... 8) ...; 9) ...; 10) ...; 11) ...; 12) Recibir  la promesa Constitucional al Presidente y Vicepresidente de la República, declarados electos y a los demás funcionarios que elija concederles licencia y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de falta absoluta de alguno de ellos; 13) Conceder o negar permiso al Presidente y Vicepresidente de la República, para que puedan ausentarse del país por más de quince días; 14)...; 15) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente, Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas, Contralor y Subcontralor General de la República, Procurador y Subprocurador General de la República y Director y Subdirector de Probidad Administrativa; 16) ...; 17) ...; 18) ...; 19) ...; 20) ...; 21) ...; 22) ...; 23) ...; 24) ...; 25) ...; 26) ...; 27) ...; 28) ...; 29) ...; 30) ...; 31) ...; 32) ...; 33) ...; 34) ...; 35) ...; 36) ...; 37) ...; 38) ...; 39) ...; 40) ...; 41) ...; 42) ...; 43) ...; 44) ...; y, 45) ...

 

Artículo 208. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 1) ...; 2) ...; 3) ...; 4) ...; 5) ...; 6) ...; 7) ...;  8) ...;  9) ...;  10) ...; 11) ...; 12) ...; 13)            Conceder o negar permiso al Presidente y Vicepresidente de la República por más de quince (15) días para ausentarse del país; 14) ...; y, 15) ...

 

Artículo 235. El Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para beneficio del pueblo, el Presidente de la República y en su defecto, un  Vicepresidente de la República.

 

Artículo 236. El Presidente y el Vicepresidente de la República, serán electos conjunta y directamente por el pueblo, por simple Mayoría de votos. La elección será declarada por el Tribunal Nacional de Elecciones, y en su defecto, por el Congreso Nacional o por la Corte Suprema de Justicia en su caso.

 

Artículo 238. Para ser Presidente de la República o Vicepresidente de la República, se requiere:

1)      Ser hondureño por nacimiento;

2)      Ser Mayor de treinta (30) años;

3)      Estar en el goce de los derechos del ciudadano; y,

4)    Ser del Estado seglar.

 

Artículo 239. El ciudadano que haya desempeña do la titularidad del Poder Ejecutivo, no podrá ser Presidente de la República o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.

 

Artículo 240. No pueden ser elegidos Presidente de la República:

1)         El Vicepresidente de la República, Secretarios y Subsecretarios de Estado, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Magistrados y jueces del Poder judicial, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Secretarios Ejecutivos de Instituciones Descentralizadas, Contralor y SubContralor General de la República, Procurador y SubProcurador General de la República,  Director y Subdirector de Probidad Administrativa, Fiscal General del Estado, Fiscal General adjunto y el Comisionado de los Derechos Humanos, que hayan ejercido sus funciones durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de elección del Presidente de la República.

2)...; 3) ...; 4) ...; 5) ...;

6)                 El cónyuge o la cónyuge del Presidente de la República y los parientes; y, el Vicepresidente y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que hubiere ejercido la Presidencia en el año precedente a la elección; y,

7)...

 

Artículo 242. En las ausencias temporales del Presidente de la República lo sustituirá en sus funciones el Vicepresidente. Si la falta del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falte para terminar el período Constitucional. Pero si también faltare de modo absoluto, el Vicepresidente de la República, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional y a falta de éste, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el tiempo que faltare para terminar el período Constitucional. Si la elección del Presidente y Vicepresidente, Diputados al Congreso Nacional y miembros de las Corporaciones Municipales, no estuviere declarada un día antes del veintisiete (27) de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado que concluye su período, el que deberá convocar a Elecciones de autoridades Supremas dentro de los quince (15) días siguientes a dicha fecha. Estas Elecciones se practicarán en un plazo no menor de cuatro (4) ni Mayor de seis (6) meses, contados desde la fecha de la convocatoria. Celebradas las Elecciones, el Tribunal Nacional de Elecciones o en su defecto, el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia, en su caso, hará la declaratoria correspondiente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la elección y los electos tomarán inmediatamente posesión de sus cargos hasta completar el período constitucional correspondiente. Mientras las nuevas autoridades supremas electas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Corporaciones Municipales del período que concluye.

 

Artículo 243. Si al iniciar el período constitucional para el cual ha sido electo el Presidente, éste no se presentare, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente, durante su ausencia temporal.       

 

Artículo 244. La promesa de Ley del Presidente o del Vicepresidente de la República, será presentada ante el Presidente del Congreso Nacional, si estuviere reunido y en su defecto ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 

Artículo 263. No podrán ser Presidentes, Gerentes Generales y directores Generales de las Instituciones Descentralizadas, los parientes del Presidente y del Vicepresidente de la República, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado constitucionalmente por la siguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República y veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

 

Rafael Pineda Ponce

Presidente

 

José Alfonso Hernandez Cordova    

Secretario

José Angel Saavedra posadas

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo

 Por Tanto: Publíquese

 

Tegucigalpa, M.D.C., de diciembre de 1998.

 

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

 

DECRETO 287-98

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que la Constitución de la República en el Artículo 4 párrafo primero establece: "la forma de gobierno es Republicana, Democrática y Representativa. Se ejerce por tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación".

 

Considerando: Que el Poder legislativo, tiene como función esencial en el orden formal y material "crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes".

 

Considerando: Que la Constitución de la República en el Artículo 189 párrafo primero, determina "el Poder legislativo se ejerce por un Congreso Nacional de Diputados que serán elegidos por sufragio directo".

 

Considerando: Que por Decreto no. 89 de fecha 24 de febrero de 1934, aprobado por el Congreso Nacional, se interpretó el Artículo 2 de la Ley del notariado, en el cual se indica: "Artículo 1. Declarar que los Diputados al Congreso Nacional, ni individualmente, ni formando parte de dicho cuerpo en Sesiones o de la comisión permanente, son funcionarios públicos o empleados con anexa jurisdicción; y por lo mismo, no son incompatibles sus labores con el ejercicio del notariado en cualquiera de sus ramos".

 

Considerando: Que la anterior disposición está vigente en el país, pero su interpretación está relacionada con los Diputados que estén autorizados legalmente para el ejercicio del notariado; siendo recomendable definir en forma permanente que los Diputados al Congreso Nacional, ni individualmente, ni formando parte del Poder legislativo en Sesiones o de la Comisión Permanente del mismo, son funcionarios públicos, por cuanto, individual y colectivamente son únicamente titulares de la función legislativa, y por Tanto carecen de anexa jurisdicción.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 01. Interpretar el Artículo 189 de la Constitución de la República, en el sentido de declarar que los Diputados al Congreso Nacional, ni individualmente, ni formando parte del Poder Legislativo, en Sesiones o de la Comisión Permanente, son funcionarios públicos, por cuanto, individual y colectivamente son únicamente titulares de la función legislativa; y por tanto carecen de anexa jurisdicción, entendida ésta como el Poder o autoridad que tienen los funcionarios y empleados públicos, individual o colectivamente para gobernar y poner en ejercicio la aplicación de las Leyes en el orden Jurisdiccional y Administrativo.

 

Artículo 02. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

 

Rafael Pineda Ponce

Presidente

 

José Alfonso Hernandez Cordova 

Secretario

 

José Angel Saavedra posadas

Secretario                      

 

Al Poder Ejecutivo

 Por Tanto: Publíquese

 

Tegucigalpa, M.D.C., de diciembre de 1998.

 

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

 

DECRETO 245-98.

 

El Congreso Nacional

 

Considerando: Que de conformidad con el Artículo 277 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas están bajo el mando directo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por cuyo intermedio ejerce el Presidente de la República, la función Constitucional que le corresponde en relación a las mismas, de acuerdo con su Ley Constitutiva.

 

Considerando: Que Asimismo, el Artículo 279 de la Constitución de la República, establece que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es elegido por el Congreso Nacional de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, durando en sus funciones tres (3) años, siempre que llene los requisitos para el desempeño de este cargo y cumpla con lo que se establece en dicha norma Constitucional.

 

Considerando: Que es de interés y de conveniencia nacional en armonía con los conceptos de la Modernización del Estado, reformar la Constitución de la República que crea el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, estableciendo que éstas estarán bajo el mando directo del Presidente de la República en su carácter de Comandante General, quien ejercerá la función Constitucional que le corresponde respecto a las mismas, por medio del Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, de acuerdo con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Considerando: Que a efecto de fortalecer el principio de supremacía del régimen civil, es preciso subordinar las Fuerzas Armadas al mando directo del Presidente de la República, en su carácter de Comandante General, en el marco del Sistema Constitucional, que es consustancial  al Estado Democrático y a los principios que orientan al proceso de Modernización del Estado de Honduras.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 01. Reformar los Artículos 205, numerales 15) y 24) y derogar el numeral 10); 240 Derogar el  numeral 5); 272; 274; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 288; 290 y 291 de la Constitución de la República, los que se leerán así:

 

TITULO  V

DE LOS PODERES DEL ESTADO

CAPITULO  I

DEL PODER LEGISLATIVO

 

Artículo 205. Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...,  2)...,  3)..., 4)..., 5)..., 6)..., 7)..., 8)..., 9)..., 10) se deroga, 11)...,  12)..., 13)..., 14)..., 15) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente, Designados a la Presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Secretarios y SubSecretarios de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas, Contralor y SubContralor General de la República, Procurador y SubProcurador General de la República y Director y SubDirector de Probidad Administrativa. 16)..., 17)..., 18)..., 19)..., 20)..., 21)..., 22)..., 23)..., 24) Conferir los grados de Mayor a General de División,  a  propuesta del Poder Ejecutivo; 25)..., 26)..., 27)..., 28)..., 29)..., 30)..., 31)..., 32)..., 33)..., 34)..., 35)..., 36)..., 37)..., 38)..., 39)..., 40)..., 41)..., 42)..., 43)..., 44)..., y, 45)...

 

Artículo 240. 1)..., 2)..., 3)... y  4)..., 5) Se deroga, 6)... y  7)...

 

CAPITULO  X

DE LA DEFENSA NACIONAL

 

Artículo 272. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones, desde un mes antes de las Elecciones, hasta la declaratoria de las mismas.

 

Artículo 274. Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con las secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria. Participarán en Misiones internacionales de paz, en base a tratados internacionales, prestarán apoyo logístico de asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte; en la lucha contra el narcotráfico; colaborarán con personal y medios para hacer frente a desastres naturales y situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes; así como en programas de protección y conservación del ecosistema, de educación académica y formación técnica de sus miembros y otros de interés nacional. Además cooperarán con las instituciones de seguridad  pública, a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, así como en la protección de los Poderes del Estado y del tribunal Nacional de Elecciones, a pedimento de éstos, en su instalación y funcionamiento.

 

Artículo 277. El Presidente de la República,  ejercerá el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter  de comandante General conforme a esta Constitución,  a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás Leyes aplicables.

 

Artículo 278. Las órdenes que imparta el Presidente de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República y a los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo Militar.

           

Artículo 279. El Secretario(a) de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, será el ciudadano(a) que reúna los requisitos que señala esta Constitución y  demás Leyes; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, será un oficial General o Superior, con el grado de Coronel de las Armas o su equivalente, en servicio activo, con méritos y liderazgo; hondureño por nacimiento y deberá  reunir los requisitos que determine la Ley. No podrá ser Jefe del Estado Mayor Conjunto, ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y durará en sus funciones tres (3) años.

 

Artículo 280. El Secretario(a) de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, será nombrado o removido libremente por el Presidente de la República; en igual forma lo será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quién será seleccionado por el Presidente de la República, entre los miembros que integran la junta de comandantes, de conformidad con lo que establece el escalafón de Oficiales, prescrito en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo 281. En ausencia temporal del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el SubJefe del Estado Mayor Conjunto y si también éste se encontrare  ausente  o  estuviere  vacante el cargo, desempeñará sus funciones provisionalmente, el Oficial General o Superior que designe el Presidente de la República, entre los miembros restantes de la Junta de Comandantes; en defecto de todos los anteriores, por el Oficial General o Superior con el grado de Coronel en las Armas o su equivalente, que el Presidente designe. En caso de ausencia definitiva del Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Presidente de la República hará los respectivos nombramientos en los términos consignados en los Artículos 279 y 280 de esta Constitución. Mientras se produce el nombramiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto, llenará la vacante el oficial de las Fuerzas Armadas que está desempeñando sus funciones.

 

Artículo 282. Los nombramientos y remociones del personal de las Fuerzas Armadas, en el orden administrativo, se hará de conformidad con la Ley de la Administración Pública. En el área operacional, los nombramientos y remociones la hará el Jefe de Estado Mayor conjunto, de acuerdo a la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, de conformidad con su Ley Constitutiva, y demás disposiciones legales vigentes, incluyendo al personal de tropa y auxiliar.

 

Artículo 283. El Estado Mayor Conjunto  de las Fuerzas Armadas, es el órgano superior técnico de asesoramiento, planificación, coordinación y supervisión, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y tendrá  las  funciones  consignadas en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo 284. Por razones de defensa y seguridad nacional, el territorio de la República se dividirá en regiones militares, que estarán a cargo de un Jefe de región Militar; su organización y funcionamiento será conforme a lo dispuesto en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo 285. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, es el órgano de consulta en todos los asuntos relacionados con la Institución. Actuará como órgano de decisión en las materias de su competencia y como Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas en los asuntos que sean sometidos a su conocimiento. La Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y su reglamento regularán su funcionamiento.

 

Artículo 286. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, estará integrada por el Jefe  del Estado Mayor Conjunto, quién  la presidirá, el SubJefe del Estado Mayor Conjunto, el Inspector General y los Comandantes de Fuerza.

 

Artículo 288. En los centros de formación militar se educarán a nivel superior los aspirantes a Oficiales de las Fuerzas Armadas. Se organizarán centros de capacitación para las armas y servicios de acuerdo con las necesidades de la Institución. También se organizarán escuelas técnicas de formación y capacitación, de conformidad con los fines del servicio Militar voluntario, educativo, social, humanista y democrático.

 

Artículo 290. Los grados Militares sólo se adquieren por riguroso ascenso de acuerdo con la Ley respectiva. Los militares no podrán ser privados de sus grados, honores y pensiones en otra forma que la fijada por la Ley. Los ascensos desde subteniente hasta Capitán inclusive, serán otorgados por el Presidente de la República a propuesta del Secretario(a) de Estado en el Despacho de Defensa Nacional; los ascensos desde Mayor hasta General de división inclusive, serán otorgados por el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas  Armadas emitirá dictamen previo a conferir los ascensos de Oficiales.

 

Artículo 291. Para la protección, bienestar y seguridad de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, funcionará el Instituto de Previsión Militar, organismo que será presidido por el Jefe de Estado Mayor Conjunto y de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Instituto de Previsión Militar.

 

Artículo 02. El presente Decreto deberá ser ratificado por la subsiguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Decreto no.24598.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

 

Rafael Pineda Ponce

Presidente

 

José Alfonso Hernandez Cordova   

Secretario

 

José Angel Saavedra posadas

Secretario                         

 

Al Poder Ejecutivo.

 Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., septiembre de 1998.

 

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación de Justicia.

 

 

DECRETO 307-98

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Constitución de la República en su Artículo 205 Numeral 1) corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República es la Ley Suprema del Estado y todos devenimos en la obligación de cumplirla y respetarla.

 

CONSIDERANDO: Que es un deber del Congreso de la República armonizar y buscar la coherencia del ordenamiento jurídico, con más razón tratándose de la Constitución misma.

 

CONSIDERANDO: Que es un imperativo insoslayable de los nuevos tiempos dentro del Estado de Derecho o Estado Constitucional, realizar todos los actos legislativos orientados a fortalecerlo y a garantizar la estabilidad de las instituciones republicanas y la seguridad jurídica de nuestro pueblo.

 

CONSIDERANDO: Que en el Título V denominado de los Poderes del Estado, Capítulo II, titulado de la Formación, Sanción y Promulgación de la Ley de nuestra Constitución de la República vigente, contenida en el Decreto No. 131 de la Asamblea Nacional Constituyente del 11 de enero de 1982, se establece que no será necesaria la sanción ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes:

 

1)      En las elecciones que el Congreso Nacional haga o declare o en las renuncias que admita o rechace;

2)      En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa;

3)      En los  decretos que se refieren a la conducta del Poder Ejecutivo;

4)      En los reglamentos que expida para su Régimen interior;

5)      En los Decretos que apruebe para trasladar su sede a otro lugar del territorio de Honduras temporalmente o para suspender sus sesiones o para convocar a sesiones extraordinarias;

6)      En la Ley de Presupuesto;

7)      En los tratados o contratos que impruebe el Congreso Nacional; y,

8)      En las reformas que se decreten a la Constitución de la República.

 

En estos casos, el Ejecutivo promulgará la Ley con esta fórmula “POR TANTO PUBLIQUESE”.

 

Como podrá observarse, no se incluye en esos ocho casos o situaciones las interpretaciones de los preceptos de la Constitución de la República que decrete el Congreso Nacional.

 

CONSIDERANDO: Que las interpretaciones de los Artículos de la Constitución de la República que decrete el Congreso Nacional, por no ser disposiciones de una ley ordinaria, sino de la Ley fundamental aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente, que es un Poder Extraordinario, no deben ser sancionados por el Poder Ejecutivo con la fórmula “POR TANTO EJECUTESE”, sino promulgadas con la fórmula “POR TANTO PUBLÍQUESE”, ni tampoco deben ser vetadas como cable la posibilidad sino se corrige la omisión del legislador constituyente.

 

PORO TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Reformar el Artículo No.218 del Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, que contiene la Constitución de la República vigente, el cual deberá leerse así:

 

“ARTÍCULO 218.- No será necesaria la sanción, ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes:

1…;

2…;

3…;

4…;

5…;

6…;

7…;

8…; y,

9…En las interpretaciones que se decreten a la Constitución de la República por el Congreso Nacional.

 

En estos casos el Poder Ejecutivo promulgará la Ley con esta fórmula: “POR TANTO PUBLIQUESE”.

 

ARTICULO 2.- El presente Decreto deberá ser aprobado por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias con dos tercios de la totalidad de sus miembros, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos para que entre en vigencia.

 

ARTICULO 3.- El presente Decreto una vez ratificado en la subsiguiente legislatura ordinaria entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el diario Oficial “La Gaceta”.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

 

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA

Secretario

 

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Publíquese

 

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de diciembre de 1998.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República.

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

DELMER URBIZO PANTING

 

 

DECRETO 2-99

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.-Ratificar en todas y cada una de sus partes el DECRETO No.245-98 de fecha 19 de septiembre de mil novecientos noventa y ocho que literalmente dice:

 

DECRETO No.245.98 EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 277 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas están bajo el mando directo del Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por cuyo intermedio ejerce el Presidente de la República la función constitucional que le corresponde en relación a las mismas, de acuerdo con su Ley Constitutiva.

 

CONSIDERANDO: Que asimismo, el Artículo 279 de la Constitución de la República, establece que el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es elegido por el congreso Nacional de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, durando en sus funciones tres años, siempre que llene los requisitos para el desempeño de este cargo y cumpla con lo que se establece en dicha norma constitucional.

 

CONSIDERANDO: Que es de interés y de conveniencia nacional en armonía con los conceptos de la modernización del Estado, reformar la Constitución de la República que crea el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estableciendo que éstas estarán bajo el mando directo del Presidente de la República en su carácter de comandante General, quien ejercerá la función constitucional que le corresponde respecto a las mismas, por medio del Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, de acuerdo con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

CONSIDERANDO: Que a efecto de fortalecer el principio de supremacía del régimen civil, es preciso subordinar las Fuerzas Armadas al mando directo del Presidente de la República, en su carácter de Comandante General, en el marco del Sistema Constitucional, que es consustancial al Estado democrático y a los principios que orientan al proceso de modernización del Estado de Honduras.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Reformar los Artículos 205 numerales 15) y 24) y derogar el numeral 10); 240 derogar el numeral 5); 272; 274; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 288; 290; y 291 de la Constitución de la República, los que se leerán así:

 

TITULO V

DE LOS PODERES DEL ESTADO

CAPITULO I

DEL PODER LEGISLATIVO

 

ARTICULO 205.- Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...2)...3)...4)...5)...6)...7)...8)...9)...10)Se deroga, 11)...12)...13)...14)...15)Declarar si a lugar o no a formación de cusa contra el Presidente, Designados a la Presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miembros del Tribunal Nacional de elecciones, Secretarios y Sub-Secretarios de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas, Contralor y Sub-Contralor General de la República, Procurador y Sub-Procurador General de la República y Director y Sub-Director de Probidad Administrativa,16)...17)...18)...19)...20)...21)...22)...23)...24) Conferir los Grados de Mayor a General de División, a propuesta del Poder Ejecutivo;25)...26)...27)...28)...29)...30)...31)...32)...33)...34)...35)...36)...37)...38)...39)...40)...41)...42)...43)...44)...y 45)...

 

Artículos 240.-1)...2)...3)...4)...5)...se deroga,6)...y 7)...

 

CAPITULO X

DE LA DEFENSA NACIONAL

 

Artículo 272.- A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electores y demás aspectos de seguridad del proceso, el Presidente de la República, podrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Nacional de elecciones, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas.

 

Artículo 274.- Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con las Secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria. Participarán en misiones internacionales de paz, en base a tratados internacionales, prestarán apoyo logístico de asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte; en la lucha contra el narcotráfico; colaborarán con personal y medios para hacer frente a desastres naturales y situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes; así como en programas de protección y conservación del ecosistema, de educación académica y formación técnica de sus miembros y otros de interés nacional. Además cooperarán con las instituciones de seguridad pública, a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, así como en la protección de los Poderes del Estado y del Tribunal Nacional de Elecciones, a pedimento de éstos, en su instalación y funcionamiento.

 

Artículo 277.- El Presidente de la República, ejercerá el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General conforme a esta Constitución, a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes aplicables.

 

Artículo 278.- Las órdenes que imparta el Presidente de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República y a los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo militar.

 

Artículo 279.- El Secretario(a) de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, será el ciudadano(a) que reúna los requisitos que señala esta constitución y demás Leyes; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, será un Oficial General o Superior, con el Grado de Coronel de las armas o su equivalente, en servicio activo, con méritos y liderazgo; hondureño por nacimiento y deberá reunir los requisitos que determine la Ley. No podrá ser Jefe del Estado Mayor Conjunto, ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y durará en sus funciones tres (3) años.

 

Artículo 280.- El Secretario(a) de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, será nombrado o removido libremente por el Presidente de la República; en igual forma lo será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien será seleccionado  por el Presidente de la República, entre los miembros que integran la Junta de Comandantes, de conformidad con lo que establece el Escalafón de Oficiales, prescrito en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo 281.- En ausencia temporal del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el Sub-Jefe del Estado Mayor Conjunto y si también éste se encontrare ausente o estuviere vacante el cargo, desempeñará sus funciones provisionalmente, el Oficial General o Superior que designe el Presidente de la República, entre los miembros restantes de la Junta de Comandantes; en defecto de todos los anteriores, por el Oficial General o Superior con el Grado de Coronel en las Armas o su equivalente, que el Presidente designe. En caso de ausencia definitiva del Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Presidente e la República hará los respectivos nombramientos en los términos consignados en los Artículos 279 y 280 de esta Constitución. Mientras se produce el nombramiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto, llenará la vacante el Oficial de las Fuerzas Armadas que está desempeñando sus funciones.

 

Artículo 282.- Los nombramientos y remociones del personal de las Fuerzas Armadas, en el orden administrativo, se hará de conformidad con la Ley de la Administración Pública. En el área operacional, los nombramientos y remociones las hará el Jefe de Estado Mayor Conjunto, de acuerdo a la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, de conformidad con su Ley Constitutiva, y demás disposiciones legales vigentes, incluyendo al personal de tropa y auxiliar.

 

Artículo 283.- El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el Órgano Superior Técnico de Asesoramiento, Planificación, Coordinación y Supervisión, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y tendrá las funciones consignadas en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo 284.- Por Razones de defensa y seguridad nacional, el territorio de la República se dividirá en regiones militares, que estarán a cargo de un Jefe de Región Militar; su organización y funcionamiento será conforme a lo dispuesto en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo 285.- La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, es el órgano de consulta en todos los asuntos relacionados con la Institución. Actuará como órgano de decisión en las materias de su competencia y como Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas en los asuntos que sean sometidos a su conocimiento. La Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y su Reglamento regularán su funcionamiento.

 

Artículo 286.-La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, estarán integrada por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, quien la presidirá, el Sub Jefe del Estado Mayor conjunto, el Inspector General y los Comandantes de Fuerza.

 

Artículo 288.- En los Centros de Formación Militar se educarán  a nivel superior los aspirantes a oficiales de las Fuerzas Armadas. Se organizarán Centros de Capacitación para las armas y servicios de acuerdo con las necesidades de la Institución. También se organizarán Escuelas Técnicas de Formación y Capacitación, de conformidad con los fines del servicio militar voluntario, educativo, social, humanista y democrático.

 

Artículo290.- Los grados militares sólo se adquieren por riguroso ascenso de acuerdo con la Ley respectiva. Los militares no podrán ser privados de sus grados, honores y pensiones en otra forma que la fijada por la Ley. Los ascensos desde sub-Tenientes hasta Capitán inclusive, serán otorgados por el Presidente de la República a propuesta del Secretario(a) de Estado en el Despacho de Defensa Nacional; los ascensos desde Mayor hasta General de división inclusive, serán otorgados por el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas emitirá dictamen previo a conferir los ascensos de Oficiales.

 

Artículo 291.- Para la protección, bienestar y seguridad de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, funcionará el Instituto de Previsión Militar, organismo que será presidido por el Jefe del Estado Mayor Conjunto y de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Instituto de Previsión Militar.

 

Artículo 2.- El presente Decreto deberá ser ratificado por la subsiguiente Legislatura Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el salón de sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. RAFAEL PINEDA PONCE, PRESIDENTE; JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVA, SECRETARIO; JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS, SECRETARIO. Al poder Ejecutivo, Por Tanto: Publíquese.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 1998. CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA; EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, JOSE DELMER URBIZO PANTING.

 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticinco días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

 

JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVA

Secretario

 

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto Publíquese

 

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de enero de 1999.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y justicia.

ENRIQUE FLORES VALERIANO.

 

 

 

DECRETO 3-99

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el DECRETO No. 246-98 de fecha 29 de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que literalmente dice:

 

“DECRETO No.246-98.- El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional tiene la atribución de reformar la Constitución de la República en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros; señalando los artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que esta reforma entre en vigencia.

 

CONSIDERANDO: Que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación.

 

CONSIDERANDO: Que Honduras es un país libre y democrático que está obligado a fijar normas transparentes que garanticen la libre escogencia de sus autoridades, respetando la voluntad popular que es uno de los pilares fundamentales de Nuestra República.

 

CONSIDERANDO: Que los mecanismos electores para la escogencia de autoridades deben ser el producto del consenso de los actores del proceso, para garantizar así un proceso justo, sin ventajas para nadie.

 

CONSIDERANDO: Que los procesos electorales no deben estar sujetos a improvisaciones de última hora, y éstos también deben estar revestidos de todas las garantías necesarias, que generen confiabilidad en los resultados que definirán las autoridades de un pueblo que aspira a contribuir un Estado de Derecho.

 

POR TANTO:

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Reformar el Artículo 51 de la Constitución de la República, el que se leerá así:

 

“ARTICULO 51.- Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Nacional de Elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por la Constitución y la Ley, las que fijarán igualmente lo relativo a los demás organismos electorales. La Ley que regule lo material electoral únicamente podrá ser reformada o derogada por mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros del Congreso Nacional, previa opinión del Tribunal Nacional de Elecciones”

 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto deberá ser ratificado por la subsiguiente legislatura ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución de la República y entrará en vigencia diez (10) días después de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del congreso Nacional a los Veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (f.s.) RAFAEL PINEDA PONCE, PRESIDENTE (f.s) JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA, SECRETARIO (f.s)  JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS, SECRETARIO. (f.s.) Al Poder Ejecutivo, Por Tanto : Publíquese, Tegucigalpa, M.D.C. 14 de octubre de 1998. (f) CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTED CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA (f) EL SECRETARIO DE ESTADO EL LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, JOSE DELMER URBIZO PANTING”.

 

ARTICULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticinco días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

PRESIDENTE

 

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA

SECRETARIO

 

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS

SECRETARIO

 

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de enero de 1999.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

 

ENRIQUE FLORES VALERIANO

 

 

 

 

DECRETO 161-99

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el DECRETO 307-98 de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que literalmente dice:

 

“DECRETO No.. 307-98 EL CONGRESO NACIONAL

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Constitución de la República en su artículo 205 Numeral 1) Corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República es la Ley Suprema del Estado y todos devenimos en la obligación de cumplirla y respetarla.

 

CONSIDERANDO: Que es un deber del Congreso de la República armonizar y buscar la coherencia del ordenamiento jurídico, con más razón tratándose de la constitución misma.

 

CONSIDERANDO: Que es imperativo insoslayable de los nuevos tiempos dentro del Estado de Derecho o Estado Constitucional, realizar todos los actos legislativos orientados a fortalecerlo y a garantizar la estabilidad de las instituciones republicanas y la seguridad jurídica de nuestro pueblo.

 

CONSIDERANDO: Que el Título V denominado de los Poderes del Estado, Capítulo II, titulado de la Formación, Sanción y Promulgación de la Ley de nuestra Constitución de la República vigente, contenida en el decreto No. 131 de la Asamblea Nacional Constituyente del 11 de enero de 1982, se establece que no será necesaria la sanción ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes: 1) En las Elecciones que el Congreso Nacional haga o declare en las renuncias que admita o rechace; 2) En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa; 3) En los decretos que se refieren a la conducta del Poder Ejecutivo; 4) En los Reglamentos que expida para su Régimen interior; 5)En los Decretos que aprueba para trasladar su sede a otro lugar del territorio de Honduras temporalmente o para suspender sus sesiones o para convocar a sesiones extraordinarias; 6) En la Ley de Presupuesto; 7) En los Tratados o contratos que impruebe el Congreso Nacional; y 8) En las reformas que se decreten a la Constitución de la República.- En estos casos, el ejecutivo promulgará la Ley con esta fórmula: “POR TANTO PUBLIQUESE”. Como podrá observarse, no se incluye en esos ocho casos o situaciones las interpretaciones de los preceptos de la Constitución de la República que decrete el Congreso Nacional.

 

CONSIDERANDO: Que las interpretaciones de los Artículos de la Constitución de la República que decrete el Congreso Nacional, por no ser disposiciones de una ley ordinaria, sino de la ley fundamental aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente, que es Poder Extraordinario, no deben ser sancionados por el Poder Ejecutivo con la fórmula “POR TANTO EJECUTESE”, sino promulgadas con la fórmula “ POR TANTO PUBLÍQUESE”, ni tampoco deben ser vetadas como cabe la posibilidad sino corrige la omisión del legislador constituyente.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1.-  Reformar el Artículo 218 del Decreto No. 138 del 11 de enero de 1982, que contiene la Constitución de la República vigente el cual deberá leerse así: ARTÍCULO 218.- No será necesaria la sanción ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes: 1)…..; 2)…..; 3)…..; 4)…..; 5)…..; 6)…..; 7)…..; 8)…..; y 9) En las interpretaciones que se decreten a la Constitución de la República por el Congreso Nacional. En estos casos el Poder Ejecutivo promulgará la Ley con esta fórmula: “POR TANTO PUBLÍQUESE”.

 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto deberá ser aprobado por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias con dos tercios de la totalidad de sus miembros, debiendo ratificarse por la subsiguiente  legislatura y ordinaria, por igual número de votos para que entre en vigencia.

 

ARTÍCULO 3.- El presente Decreto una vez ratificado en la subsiguiente legislatura ordinaria entrará en vigencia  a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa , Municipio del Distrito Central, en el salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. (f.s.) RAFAEL PINEDA PONCE, PRESIDENTE. (f.s.) JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA, SECRETARIO. (f.s.) JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS, SECRETARIO. Al Poder Ejecutivo. Por Tanto: Publíquese Tegucigalpa, M.D.C., 21 de diciembre de 1998. (f) CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. (f) EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ABOG. JOSE DELMER URBIZO PANTING.”

 

ARTICULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central en el Salón de Sesiones del congreso Nacional, a los Veinte días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

PRESIDENTE

 

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA

SECRETARIO

 

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS

SECRETARIO

 

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M. D.C., 29 de octubre de 1999.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

ENRIQUE FLORES VALERIANO

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.

 

 

 

DECRETO 258-98

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

Artículo 1.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el DECRETO No.46-97 de fecha 5 de mayo de mil novecientos noventa y siete, que literalmente dice:

“DECRETO No.46-97, El Congreso Nacional, CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República limita las penas restrictivas de la libertad a veinte años, y, a treinta años las acumuladas por la comisión de varios delitos.

 

CONSIDERANDO: Que actualmente se observa un incremento de la criminalidad en el territorio nacional que ha alcanzado niveles alarmantes y generado un clima de inseguridad individual y colectiva.

 

CONSIDERANDO: Que las circunstancias señaladas producen en la comunidad nacional un repudio absoluto, demandando mayor severidad en las penas aplicables.

 

CONSIDERANDO: Que la pena de privación de la libertad a perpetuidad deviene en la mejor alternativa para sancionar los delitos de extrema gravedad, por lo que procede la reforma Constitucional.

 

CONSIDERANDO: Que en la Constitución de la República no es conveniente establecer límites a la duración de las penas por los delitos que se cometan, normas que son propias de la legislación orientadas en tal sentido.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

Artículo 1 .-Reformar el Artículo 97 de la Constitución de la República, el cual se leerá así: “Artículo 97”; Nadie podrá ser condenado a penas infamantes, proscriptivas o confiscatorias. Se establece la pena de privación de la libertad a perpetuidad. La Ley penal determinará su aplicación para aquellos delitos en cuya comisión concurran circunstancias graves, ofensivas y degradantes, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional. Las penas privativas de la libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijará en la Ley Penal.

 

Artículo 2.- El presente Decreto deberá ser ratificado constitucionalmente en la próxima legislatura ordinaria y una vez ratificado entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete. CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTE; ROBERTO MICHELETTI BAIN, SECRETARIO; SALOMÓN SORTO DEL CID, SECRETARIO. Al Poder Ejecutivo. Por Tanto: Publíquese. Tegucigalpa, M.D.C., 19 de mayo de 1997. (Firma) CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA; SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, POR LEY, RAMON F. IZAGUIRRE.

 

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el salón de sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

 

Por Tanto: Ejecútese,

 

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de noviembre de 1998.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

DELMER URBIZO PANTING

 

 

 

 

DECRETO 31-2000

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.-  Ratificar en todas y cada una de sus partes el DECRETO 92-99, de fecha 27 de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el que literalmente dice:

 

Decreto 92-99, El Congreso Nacional, CONSIDERANDO: Que la inmunidad prevista para los diputados al Congreso Nacional y para los funcionarios del Estado, en los  Artículos 2  y 205 numeral 15) de la Constitución de la República, es una prerrogativa otorgada para no ser responsables de sus iniciativas de ley, ni por sus opiniones vertidas, manifestaciones y votos emitidos, en el desempeño de sus funciones y responsabilidades.

 

CONSIDERANDO: Que la redacción de los Artículos 2  y 205 numeral 15), es sumamente amplia y que se extiende a aspectos que no deberían estar comprendidos en el concepto de inmunidad y que se plantea la necesidad de su revisión a efectos de delimitar sus alcances y de evitar los excesos y abusos.

 

CONSIDERANDO: Que es procedente modificar aquellos numerales de los Artículos 2  y 205 Constitucional, para adecuarlos al verdadero concepto de inmunidad en el ejercicio de las funciones públicas.

 

CONSIDERANDO: Que corresponde al Congreso Nacional, la facultad privativa y excluyente de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución de la República.

 

Por Tanto,

 

DECRETA:

 

Artículo 1.-Reformar los Artículos 2  y 205 numeral 15) de la Constitución de la República, los cuales se leerán así: Artículo 2 .- Los Diputados al Congreso Nacional y los Funcionarios del Estado mencionados en el numeral 15) del  Artículo 205 de esta Constitución, gozarán desde la fecha de su elección o nombramiento, según el caso, hasta que cesen en el cargo, de las prerrogativas siguientes: 1) Inmunidad para no ser sometidos a registro en sus personas, domicilios y vehículos de uso personal, y para no ser detenidos, ni juzgados por ninguna autoridad, aún en estado de sitio, si no son previamente declarados con lugar a formación de causa por el Congreso Nacional; salvo que fueren sorprendidos en el acto de cometer delito contra la vida y la integridad sorprendidos en el acto de cometer delito  contra la vida y la integridad corporal, que merezca pena de reclusión. En este último caso, podrá ser debiendo ser puestos inmediatamente por el tiempo que establece esta Constitución, detenidos preventivamente  por el tiempo que establece esta Constitución debiendo ser puestos inmediatamente a la orden de los Tribunales, quienes podrán dictar por orden de arresto domiciliario por mientras rinde la caución o resuelva el Congreso Nacional lo procedente. El Tribunal dará cuenta de inmediato al Congreso Nacional. Evacuando el Dictamen de la Comisión de Etica y rendidas las indispensables informaciones se resolverá, sin necesidad de motivación, las indispensables informaciones se resolverá, sin necesidad de motivación, la procedencia o improcedencia de la declaratoria de haber o no lugar a formación de causa, solamente en los delitos que le hayan sido incoados; 2) A no prestar el servicio militar en tiempo de guerra; 3) No ser responsables en ningún tiempo por sus iniciativas de ley, votos que emitan ni por sus opiniones vertidas dentro o fuera de la Cámara Legislativa, durante el ejercicio de sus atribuciones; 4) Cuando el Congreso Nacional, declare con lugar a formación de causa, a los funcionarios y diputados comprendidos en el Artículo 205 Numeral 15) de la Constitución de la República, deberá agotarse primero el procedimiento administrativo y posteriormente se recurrirá a la acción penal; y, 5) A no declarar sobre los hechos que terceras personas les hubieren confiado en virtud de su investidura. Gozarán de las mismas prerrogativas los candidatos a diputados desde el día en que sean nominados por sus respectivos Partidos Políticos. Quienes quebranten estas disposiciones, incurrirán en responsabilidad penal; ARTICULO 205.- Corresponde AL Congreso Nacional, las atribuciones siguientes: 1...; 2)...; 3)...; 4)...; 5)...; 6)...; 7)...; 8)...; 9)...; 10)...; Derogados; 11)...; 12)...; 13)...; 14)...; 15)...; Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente de la República o quien lo sustituya legalmente, Diputados al Congreso Nacional, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Secretarios y Sub-Secretarios de Estado, Contralor y Sub-Contralor General de la República, Procurador y Sub-Procurador General de la República, Director y Sub-Director de Probidad Administrativa, Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y, los miembros del Cuerpo Diplomático: 16)...; 17)...; 18)...; 19)...; 20)...; 21)...; 22)...; 23)...; 24)...; 25)...; 26)...; 27)...; 28)...; 29)...; 30)...; 30)...; 31...; 32)...; 33)...; 34)...; 35)...; 36)...; 37)...; 38...; 39)...; 40)...; 41)...; 42)...; 43)...; 44)...; y 45)...; Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 373 de la Constitución de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de sesiones del Congreso Nacional,  a los veintisiete días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. RAFAEL PINEDA PONCE, PRESIDENTE, JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVA, SECRETARIO. Al Poder Ejecutivo. Por Tanto: Publíquese, Tegucigalpa, M.D.C. 11 de junio de 1999, CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ABOG. ENRIQUE FLORES VALERIANO.

 

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa , municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los once días del mes de abril del dos mil.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

 

JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ C.

Secretario

 

ROLANDO CARDENAS PAZ.

Secretario.

 

Al Poder Ejecutivo,

Por Tanto: Publíquese.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril del 2 .

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

 

ENRIQUE FLORES VALERIANO.

 

 

 

DECRETO NO. 262-2000

 

el congreso nacional.

 

CONSIDERANDO: Que el régimen de respeto a las libertades públicas, tienen su principal respaldo  en un administración de justicia imparcial, honesta, pronta y gratuita.

 

CONSIDERANDO: Que constituye una aspiración exigencia de todas las fuerzas políticas y sociales del país, el mejoramiento de la administración de justicia y el fortalecimiento institucional del Sistema judicial. para lo cual sé han planteado diversas iniciativas y es conveniente aprovecharlas dentro del marco de la modernización del  Estado.

 

CONSIDERANDO: Que todas las iniciativas convergen en una sola necesaria reforma constitucional, como paso indispensable para la consecución de los objetivos antes señalados, la cual derivará en la generación de un adecuado ambiente de seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

 

POR TANTO.

                                              DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Reformar el Númeral 9) del Artículo 205) y el Capitulo XII, Titulo V. de la constitución de la República. lo que en adelante se leerán así:

 

ARTICULO 205.corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:

 

1)...:2)...:3)...:4)...:5)...:6)...:7)...:8)...:y.

 

9)Elegir para el periodo que corresponda y de la nómina de candidatos que le proponga la junta Nominadora a que se refiere esta Constitucional, los Magistrados de la Corte de Suprema de Justicia.

 

CAPITULO XII

 

DEL PODER JUDICIAL

 

ARTICULO 303 La protesta de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrado y jueces independiente, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes del Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por la Corte de Apelaciones, los juzgados y además dependencia que señale la Ley.

 

En ningún juicio habrá más de dos instancias: el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no podrá cocer en la otra, ni en recursos extraordinarios en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad.

tampoco podrá podrán juzgar en una misma causa los cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

Tampoco podrán juzgar en una misma cusa los cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad.

 

ARTICULO 304. Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes o casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, En ningún tiempo podrá crearse órganos jurisdiccionales de excepción.

 

ARTICULO 305. Solicitada su intervención en forma legal y asuntos  de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.

 

ARTICULO 306.Los órganos jurisdiccionales requerirán en caso necesario el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de su resoluciones; si le fuere negado o no le hubiere disponible, lo exigirán de los ciudadanos.

 

Quién injustificadamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidades.

 

ARTICULO 307. La ley, sin menoscabo de la independencia de los jueces y magistrados, dispondrán lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus funcionales y administrativas. así como  la organización de los servicios auxiliares.

 

ARTICULO 308. La Corte Suprema de Justicia, es el máximo órgano jurisdiccional: su jurisdicción comprende todo el territorio del Estado y tiene su asiento en la capital, pero podrá cambiarlo temporalmente, cuando así lo determine, a cualquier otra parte del territorio.

 

La Corte Suprema de Justicia, estará integrado por quince (15) Magistrados Sus decisiones se tomará por la mayoría de la totalidad de sus miembros.

 

ARTICULO 309. para ser Magistrado de la Corte de Suprema de Justicia se requiere:

 

1)  Ser hondureño por nacimiento:

 

2)  Ciudadano en el gocé y ejercicios de sus derechos:

 

3)  Abogado debidamente colegiado:

 

4) Mayor de treinta y cinco (35) años: y,

 

5) Haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante cinco(5) años, o ejercido la profesión durante diez años (10)años.

 

ARTICULO 310. No puede ser elegido magistrado de la Corte de Suprema de Justicia:

 

1)los que tengan cualquiera de las inhabilidades para ser secretario de                                          estado; y ,

 

2) Los cónyuges los parientes entre si en el cuarto grado de consanguinidad o    segundo de afinidad.

 

ARTICULO 311. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos tercera partes de la totalidad de sus miembros, de un nómina de candidatos no menor de tres de cada uno de los magistrados a elegir.

 

presentada la propuesta con la totalidad de los Magistrados, se proceder a su elección.

 

En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de una nómina completa de los  Magistrados , se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sean necesario, hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes.

 

Los Magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por una Junta Nominadora que estará integrada de la manera siguiente:

 

1) Un representante de la Corte de Suprema de Justicia electo por el voto favorable de las dos tercera partes de los magistrados:

 

2) Un representante del Colegio  de Abogado de Asamblea;

 

3) El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos;

 

4) Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHE), electo en       Asamblea;

 

5) Un representante   de los claustros de profesores de Escuela de Ciencias  Jurídica  cuya propuesta se efectuará a través de la universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH);

 

6) Un representante electo por la organizaciones de la sociedad civil; y,

 

7) Un representante de las Confederaciones de trabajadores.

una ley regulará la organizaciones que integran la Junta Nominadora.

 

ARTICULO 312. Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el presidente del congreso nacional, o más tarde el 31 de octubre del año anterior a la selección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la comisión permanente  del congreso nacional el día 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero.

 

ARTICULO 313. La Corte suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes:

 

1)  Organizar y dirigir al Poder judicial;

 

2) Conocer de los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causas;

 

3) Conocer a segunda instancia a los asunto que la Corte de Apelaciones haya      conocido en primera instancia;

 

4) Conocer de los causas de extradición y de la demás que deban juzgarse conforme al Derecho Internacional;

 

5) Conocer de los recursos de casación, amparo, revisión e inconstitucionalidad de conformidad con esta Constitución y la Ley;

 

6) Autorizar el servicio del notariado a quienes hayan obtenido el titulo de Abogado;

 

7) Conocer en primera instancia del antejuicio contra los Magistrados de las Cortes de Apelaciones:

 

8) Nombrar y remover los Magistrados y Jueces previa propuestas del Consejo de la Carrera judicial:

 

9) Pública la Gaceta Judicial:

 

10) Elaborar el Proyecto del Presupuesto del Poder Judicial y enviarlo al Congreso Nacional:

 

11) Fijar la división del territorio para lo efectos Jurisdiccionales;

 

12) Crear, suprimir, funcionar o trasladar los Juzgados corte de Apelaciones  y demás         dependencias del poder Judicial;

 

13) Emitir su Reglamento Inferior y otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y,

 

14) las demás le confieran la Constitución y las Leyes.

 

ARTICULO 314. El periodo de los Magistrados de la Corte de Suprema será de siete (7) años a partir de la fecha que se presente la promesa de la Ley, pudiéndose ser reelectos.

 

En caso de la muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causa legales o de renuncia: El Magistrado que llene la vacante, ocupará el cargo por el resto del período y será electo por el Congreso Nacional, por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, el sustituto será electo de los restantes candidatos propuestos por la Junta Nominadora al inicio del período.}

 

ARTICULO 315. La Corte de suprema de Justicia cumplirá sus funciones constitucionales y legales bajos la Presidencia de unos de sus Magistrados.

 

Para la elección del Presidente de la Corte, los Magistrados electos por el Congreso Nacional reunidos en pleno, seleccionarán a más tardar veinticuatro (24) horas después de su elección y por el voto favorable de dos terceras partes de sus  miembros, al Magistrado cuyo nombre será propuesto al Congreso de la República para su elección como tal.

 

Esta elección se efectuará de igual manera con el voto de dos terceras partes de la totalidad de los Miembros del Congresos Nacional.

 

El Presidente de la Corte de suprema de Justicia durará, en sus funciones por un periodo de siete (7) años podrá ser reelecto.

 

El Presidente de Corte de Suprema de Justicia, ejercerá la representación del Poder Judicial y en ese carácter actuará de acuerdo con las decisiones  adoptadas por la Corte en pleno.

 

ARTICULO 316. La Corte Suprema de Justicia estará organizada en sala, una de las cuales es la de lo Constitucional.

 

Cuando las sentencias de la salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrá el carácter de definitivas, Cuando la sentencia se pronuncie por mayoría de votos, deberá someterse al pleno de la Corte suprema de Justicia.

 

La sala de lo Constitucional tendrá las atribuciones siguientes:

 

1) Conocer de conformidad con esta Constitucional y la Ley, de los recursos de Corpus Corpus, amparo, Inconstitucional y Revisión; y,

 

2) Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado incluido el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), así, como entre las demás entidades u órganos que indiquen la Ley:

 

Las sentencias en que se declaren la inconstitucionalidad de una norma será la ejecución inmediata y tendrá efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucionales, debiéndose comunicarse al Congreso Nacional,  quien la hará pública en el Diario Oficial La Gaceta.

 

El Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la sala.

 

ARTICULO 317. Créase el Consejo de la Judicatura cuyo miembros serán nombrados por Corte de suprema de Justicia. La Ley señalará su organización, sus alcances y atribuciones .

 

Los jueces Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni Jubilados, sino por las causas y por la garantías previas en la Ley.

 

ARTICULO 318. El Poder Judicial goza de completa autonomía administrativa y financiera. En el propuesto General de Ingresos e Egresos  de la República, tendrá una asignación anual no menor del tres por ciento (3%) de los ingreso corrientes.

 

El Poder Ejecutivo acreditará, por trimestres anticipados, la Partidas presupuestadas correspondientes.

 

ARTICULO 319. Los Jueces y Magistrados prestarán su servicios en la forma exclusiva al poder judicial, no podrá ejercer, por consiguiente la profesión del derecho en forma independiente, ni brindarle consejo o asesoría legal a personas algunas, esta prohibición no comprende el desempeño de cargo docente ni de función diplomática  Ad-hoc.

 

Los funcionarios Judiciales y el personal auxiliar del Poder Judicial, de las  áreas Jurisdiccional y administrativa, no podrá participar por motivo alguno en actividades de tipo partidista de cualquier clase, excepto emitir su voto personal. Tampoco podrá sin sindicalizarse ni declararse en huelga.

 

ARTICULO 320. En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional  y una legal ordinaria, se aplicará la primera.

 

ARTICULO 2.- Derógale el Articulo 377 de la Constitución de la República.

 

ARTICULO 3.- Transitorio, El título de Abogado lo conferirán las Universidades, a partir de la elección de la próxima Corte de Justicia.

 

El Consejo de Educación Superior resolverá lo pertinentes en los casos de los no egresados y los egresados con titulo de licenciados.

 

ARTICULO 4.-El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado constitucionalmente por la siguiente legislatura ordinaria y deberá publicarse en el Diario oficial la Gaceta.

 

Dado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de diciembre del dos mil.

 

Rafael Pineda Ponce

Presidente.

 

 

 

DECRETO N.227-2000

 

 

El CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de la docencia es una función social y humana y representa una responsabilidad identifica y moral mente   al Estado, los adecuados, la institución en que laboran y ante la sociedad hondureña.

 

CONSIDERANDO: Que se entiende como docente a quién administra, organización, dirige, imparte o supervisar la labor educativa sustentando la profesión del magisterio.

 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 164 de muestra Constitucional al referirse a la exención de la obligación tributaria para los docentes, sobre los sueldos que devenga el ejercicio de su profesión y en concepto de una ulterior jubilación, sólo hace mención de los docente en servicio en la escuela primaria,

 

POR TANTO.

 

                           DECRETA:

 

 

ARTICULO 1-interpretar el articulo 164 del Decreto N.131 de fecha 11 de enero de 1982, contenido de la Constitución de la República de Honduras, en el sentido que se gozan la exención de toda clase de obligaciones tributarias a nivel nacional  y municipal, todos a aquellos profesionales que administran, organizan, dirigen, imparten o supervisan la labor educativa en los distintos niveles de nuestro sistema educativo nacional, siempre y cuando sustenten la profesión del magisterio.

 

Es entendido que la exención a que se refiere a este Articulo, cubre únicamente los sueldos que perciban bajo el concepto del ejercicio docente definidos en los términos descrito, y de las cantidades que puedan corresponderles en concepto de Jubilación o pensión.

 

ARTICULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

 

Dado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, el uno de noviembre del dos mil.

 

 

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

 

 

JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVAS

Secretario

 

ROLANDO CARNENAS PAZ

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 

         Por Tanto: Ejecútese.

 

                   Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembre de 2 .

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en el Despacho de Educación.

JOSE RAMON CALIX FIGUEROA.

 

 

DECRETO 13-2001

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece como requisito ser hondureño por nacimiento, para optar a los cargos de Presidente  de la República y Designados a la Presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Secretarios y Sub secretarios de Estado, Contralor y Sub Contralor General de la República , director y Sub-Director de Probidad Administrativa, Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.

 

CONSIDERANDO: Que el requisito de ser hondureño por nacimiento para optar a los citados cargos, ha sido establecido por la Constitución de la República en función de garantizar la soberanía del Estado, la Seguridad de la nación, así como fomentar la identidad nacional y el amor patrio.

 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 23 numeral1) de la Constitución de la –república, establece categóricamente que “Son hondureños por nacimiento los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de los Agentes Diplomáticos”, aplicándose por extensión este mismo principio, a los numerales 3) y 4) del citado Artículo, referente a los nacidos en embarcaciones o aeronaves de guerra hondureñas o en naves mercantes  que se encuentren en aguas territoriales de Honduras, así como al infante de padres ignorados encontrados en el territorio de Honduras.

 

CONSIDERANDO: Que por vía de excepción en el numeral 2) del Artículo precitado se consideran hondureños por nacimiento los nacidos en el extranjero de padre o madre hondureños por nacimiento.

 

CONSIDERANDO: Que es de interés nacional determinar con precisión el sentido y los alcances de la expresión: “de padre o madre hondureño por nacimiento”, consignada en el numeral 2) del citado Artículo 23, respecto de los nacidos en el extranjero que pretendan acogerse al beneficio de la nacionalidad hondureña por nacimiento.

 

CONSIDERANDO: Que no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Asimismo, cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias se les dará en éstas su significado legal.

 

CONSIDERANDO: Que son atribuciones del Congreso Nacional, de conformidad con el Artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la –república, creer, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTICULO 1.- Interpretar el numeral 2) del Artículo 23 de la Constitución de la República, contenida en el Decreto No. 131 de fecha 11 de enero de 1982, en el sentido que son hondureños por nacimiento los hijos nacidos en el extranjero de padre o madre hondureños por nacimiento:

 

1) Cuando uno de éstos haya nacido en el territorio nacional de Honduras y así se encuentre acreditado legalmente al momento del nacimiento de su hijo; y,

 

2)      Cuando habiendo nacido uno de ellos en el extranjero, acredite su derecho de sangre, como hondureño por nacimiento.

 

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los veintitrés días del mes de febrero del dos mil uno.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

PRESIDENTE

 

JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVA

SECRETARIO

 

ROLANDO CARDENAZ PAZ

SECRETARIO

 

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Publíquese

 

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero del 2 1-07-03

 

WILLIAN ULRIC HADAL RAUDALES

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA POR LEY

 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

VERA SOFIA RUBI AVILA.

 

 

 

DECRETO 38-2001

 

EL CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el DECRETO No.262-2000.  de fecha veintidós de diciembre del dos mil, el cual literalmente dice:

 

“DECRETO No. 262-2000. EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que el régimen de respeto a las libertades públicas, tienen su principal respaldo en una administración de justicia imparcial, honesta, pronta y gratuita.

 

CONSIDERANDO: Que constituye una aspiración y exigencia de todas las fuerzas políticas y sociales del país, el mejoramiento de la administración de justicia y el fortalecimiento institucional del sistema Judicial, para lo cual se ha planteado diversas iniciativas y es conveniente aprovecharlas dentro del marco de la modernización del Estado.

 

CONSIDERANDO: Que todas las iniciativas convergen en una necesaria reforma constitucional, como paso indispensable para la consecución de los objetivos antes señalados, la cual derivará en la generación de un adecuado ambiente de seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

 

POR TANTO,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1.- Reformar el Numeral 9) del Artículo 205) y el Capítulo XII, Título V, de la Constitución de la República, los que en adelante se leerá así:

 

ARTÍCULO 205.- Corresponden al congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…, 5)…; 6)…; 7)…; 8)…;  y 9)…; Elegir para el período que corresponda y de la nómina de candidatos que le proponga la Junta Nominadora a que se refiere esta Constitución, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

 

ARTÍCULO 303.- L a potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados y demás dependencias que señale la Ley. En ningún juicio habrá más de dos instancias; el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no podrá conocer en la otra, ni en recurso extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Tampoco podrán juzgar en una misma causa los cónyuges y los parientes dentro el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

ARTICULO 304.- Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción.

 

ARTÍCULO 305.- Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.

 

ARTICULO 306.- Los órganos jurisdiccionales requerirán en caso necesario el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus resoluciones; si les fuere negado o no lo hubiere disponible, lo exigirán de los ciudadanos. Quién injustificadamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidad.

 

ARTICULO 307.- La Ley, sin menoscabo de la independencia de los jueces y magistrados, dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas, así como a la organización de los servicios auxiliares.

 

ARTICULO 308.- La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional; su jurisdicción comprende todo el territorio del Estado y tiene su asiento en la capital, pero podrá cambiarlo temporalmente, cuando así lo determine, a cualquiera otra parte del territorio. La corte Suprema de Justicia estará integrada por quince (15) Magistrados. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de la totalidad de sus miembros.

 

ARTÍCULO 309.- Para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se requiere: 1) Ser hondureño por nacimiento; 2) Ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos; 3) Abogado debidamente colegiado; 4) Mayor de treinta y cinco (35) años; y 5) Haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante cinco (5) años, o ejercido la profesión durante diez (10) años.

 

ARTÍCULO 310.- No pueden ser elegidos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: 1) Los que tengan cualquiera de las inhabilidades para ser Secretario de Estado; y, 2) Los cónyuges y los parientes entre sí en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 

ARTICULO 311.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir. Presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los Magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las dos tercera partes. Los Magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por una Junta Nominadora que estará integrada de la manera siguiente: 1) Un representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el voto favorable de las dos terceras partes de los Magistrados; 2) Un representante del Colegio de Abogados, electo en asamblea; 3)El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; 4) Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) , electo en asamblea; 5) Un representante de los Claustros de profesores de las Escuelas de Ciencias Jurídicas, cuya propuesta se efectuará a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); 6) Un representante electo por  las organizaciones de la sociedad civil; y, 7) Un representante de las Confederaciones de Trabajadores. Una ley regulará la organización y el funcionamiento de la Junta Nominadora.

 

ARTICULO 312.- Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el Presidente del Congreso Nacional, a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los Magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección del día 25 de enero. Si una vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederá a la elección por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros.

 

ARTÍCULO 313.- La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 1) Organizar y dirigir el Poder Judicial; 2) Conocer de los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causas; 3) Conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de apelaciones hayan conocido en primera instancia; 4) Conocer de las cusas de extradición y de las demás que deban juzgarse con forme a Derecho Internacional; 5) Conocer de los recursos de casación, amparo, revisión e inconstitucionalidad de conformidad con esta Constitución y la Ley; 6) Autorizar el ejercicio del notariado a quienes hayan obtenido el título Abogado; 7) Conocer en primera instancia el antejuicio contra los Magistrados de las Cortes de Apelaciones; 8) Nombrar y remover los Magistrados y Jueces previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial; 9) Publicar la Gaceta Judicial; 10) Elaborar el Proyecto del Presupuesto del Poder Judicial y enviarlo al Congreso Nacional; 11) Fijar la división del Territorio para efectos jurisdiccionales; 12) Crear, suprimir, fusionar o trasladar los Juzgados, Cortes de Apelaciones y demás dependencias del Poder Judicial; 13) Emitir su Reglamento Interior y los otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y, 14) Las demás que le confieran la Constitución y las Leyes.

 

ARTICULO 314.- El período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de siete (7) años a partir de la fecha en que presenten la promesa de ley, pudiendo ser reelectos. En caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o de renuncia; el Magistrado que llene la vacante, ocupará el cargo por el resto del período y será electo por el Congreso Nacional, por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. El sustituto será electo de los restantes candidatos propuestos por la Junta Nominadora al inicio del período.

 

ARTÍCULO 315.- La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones constitucionales y legales bajo la Presidencia de uno de sus Magistrados. Para la elección del Presidente de la Corte, los Magistrados electos por el Congreso Nacional reunidos el Pleno, seleccionarán a más tardar veinticuatro (24) horas después de su elección y por el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, al Magistrado cuyo nombre será propuesto al Congreso de la República para su elección como tal.

 

Esta elección se efectuará de igual manera con el voto de dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia durará en sus funciones por un período de siete (7) años y podrá ser reelecto. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia ejercerá la representación del Poder Judicial y en ese carácter actuará de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Corte en Pleno.

 

ARTÍCULO 316.- La Corte Suprema de Justicia, estará organizada en salas, una de las cuales es la de lo Constitucional. Cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas. Cuando las sentencias se pronuncien por mayoría de votos deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional tendrá las atribuciones siguientes: 1) Conocer, de conformidad con esta Constitución y la Ley, de los recursos de Hábeas Corpus, Amparo, Inconstitucionalidad y Revisión; y,  2) Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), así como, entre las demás entidades u órganos que indique la ley; las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta. El Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de las salas.

 

ARTICULO 317.- Créase el Consejo de la Judicatura cuyos miembros serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. La Ley señalará su organización, sus alcances y atribuciones. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por las causas y con las garantías previstas en la Ley.

 

ARTÍCULO 318.- El Poder Judicial goza de completa autonomía administrativa y financiera. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tendrá una asignación anual no menor del tres por ciento (3%) de los ingresos corrientes. El Poder Ejecutivo acreditará, por trimestres anticipados, las partidas presupuestadas correspondientes.

 

ARTÍCULO 319.- Los jueces y magistrados prestarán sus servicios en forma exclusiva al Poder Judicial. No podrán ejercer, por consiguiente, la profesión del derecho en forma independiente, ni brindarle consejo o asesoría legal a persona alguna. Esta prohibición no comprende el desempeño de cargos docentes ni de funciones diplomáticas (Ad-hoc). Los funcionarios judiciales y el personal auxiliar del Poder Judicial, de las áreas jurisdiccional y administrativa, no podrán participar por motivo alguno, en actividades de tipo partidista de cualquier clase, excepto emitir su voto personal. Tampoco podrán sindicalizarse ni declararse en huelga.

 

ARTICULO 320.- En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera.

 

ARTÍCULO 2.- Derógase el Artículo 377 de la Constitución de la República.

 

ARTÍCULO 3.- Transitorio. El Título de abogado lo conferirán las Universidades, a partir de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Educación Superior, resolverá lo pertinente en los casos de los no egresados y los con título de licenciados.

 

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto entrará en vigencia al ser ratificado constitucionalmente por la siguiente legislatura ordinaria y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de diciembre del dos mil. (f.s) RAFAEL PINEDA PONCE, PRESIDENTE (f.s.) JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVA, Secretario (f.s.) ROLANDO CARDENAS PAZ, SECRETARIO. Al Poder Ejecutivo. Por Tanto Publíquese. Tegucigalpa, M.D.C., 29  de diciembre del 2000 (f) CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. (f) EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ENRIQUE FLORES VALERIANO.

 

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el diario Oficial La Gaceta.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil uno.

 

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

 

JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ C.

Secretario

 

AROLANDO CARDENAZ PAZ

Secretario

 

Al Poder Ejecutivo.

 

Por Tanto: Publíquese,

 

Tegucigalpa, M. D. C., 30 de abril del 2001.

 

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

VERA SOFIA RUBI AVILA.